Es cierto que el BCRA podría correr el riesgo de usar parte de los encajes en dólares para desembolsar al FMI, pero eso agravaría la percepción de los agentes económicos respecto de la situación financiera en general.
Menos riesgoso parecería ser comenzar a apurar la firma del nuevo acuerdo con el FMI. Al fin de cuentas, sus lineamientos fueron anunciados hace tiempo, y parece que una parte relevante del Congreso parece dispuesto a evitarnos un mal trago.
Sabemos que en caso de acordar, el FMI nos devolvería los DEGs originalmente distribuidos como un paliativo extraordinario para los gastos que demandó la pandemia, y que desde septiembre del año pasado nosotros hemos utilizado para cancelar vencimientos. Además, esta semana supimos que, además, el acuerdo podría liberar otros fondos de organismos multilaterales, como los casi US$ 2.000 millones que nos prestaría el Banco Mundial en 2022. Nada de esto ocurrirá si el acuerdo no se firma.
Sabemos, también, que el acuerdo con el FMI no resolverá los problemas de fondo que afectan a la economía argentina y le impiden entrar en un sendero de desarrollo sostenible. Pero ciertamente evitará un escenario impredecible, que cuesta imaginar en qué redundará.
Resta menos de un mes hasta el 22 de marzo. Pero la sensación de apremio no parece haberse hecho carne en nuestra dirigencia. El Gobierno esperaba el viernes enviar el acuerdo, y lograr su aprobación en el Congreso entre el 10 y el 15 de marzo. Apenas una semana antes del vencimiento del 22. No queda demasiado espacio para que algo no salga como está previsto.
Está claro que una parte de la sociedad, cuyo abanderado más ruidoso es el diputado Máximo Kirchner, se opone al acuerdo, con la excusa de que las condiciones que nos impone frenarán el crecimiento. En particular, la parte más urticante parece ser la forma que otra parte de la coalición de gobierno, la encarnada por el Presidente y el Ministro de Economía, supone más adecuada para reducir el déficit fiscal en línea con lo que se estaría acordando: la reducción de los subsidios a la energía y el transporte.
En realidad, se opone a cualquier forma de reducción del déficit. Ni subsidios, ni gasto en obras, ni jubilaciones ni salarios del sector público, ni reducción de los planes sociales: que nos financie el crecimiento, o la Divina Providencia, que a los efectos prácticos es lo mismo.
Existe la curiosa percepción, entre los opositores al acuerdo, de que Argentina está en condiciones de seguir gastando más de lo que genera, aunque no tiene acceso al crédito y sólo puede pagar con emisión monetaria.
Esta curiosa percepción se construye a partir de la idea de que cada problema se puede tratar como un compartimento estanco, que no generan efectos secundarios sobre otros problemas. Suponen que aumentar las tarifas por debajo del aumento de los salarios libera un excedente que se consumirá en otros bienes y servirá para reactivar la economía. Y que ahí se acaba la cosa. No ven que eso provoca más gasto en subsidios, más déficit fiscal, más emisión y más inflación. A la postre, menor poder adquisitivo de los salarios. Justo lo que querían evitar. ¿Tenemos dirigentes idóneos?
Cabe suponer que, al final del día, la cordura prevalecerá y el acuerdo será aprobado y firmado. Pero no debemos sobreestimar la capacidad de nuestros dirigentes, ni desconocer que la cordura no es una de sus características más comunes. Se sugiere navegar las próximas semanas con el cinturón de seguridad fuertemente abrochado.
