El programa televisivo Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), es una suerte de Ministerio Fiscal ad-hoc, cuyo conductor y equipo de producción parecen siempre obsesionado en ocuparse de atender a los rescoldos y cenizas tóxicas de la larga y prolífica –el sentido de esta palabra queda a cargo del lector y su personal perspectiva- gestión urribarrista.
Porque al parecer los gobiernos de la década ganada, tienen la particularidad de que el “día después” del fin de su mandato no es en realidad tal, sino que se asiste a una extensión del mismo. Con la única diferencia que esa prolongación no se vive en los despachos oficiales, sino en los ámbitos de una prensa maledicente, ello en la opinión de “los ex”, que se pasan yendo y viniendo por los tribunales a cuyos jueces denuestan por haber cometido el pecado –eso es lo que afirman- "de ser unos ingratos y habérseles dado vuelta".
Algo que lleva, digámoslo al pasar, a preguntarnos si no habrá que contemplar la posibilidad de reinstaurar el “juicio de residencia”, al que en los tiempos de la Colonia se sometía a los funcionarios de la Metrópoli que hubieran ocupado un cargo en América, al fin de su mandato.
No es de extrañar entonces que el programa mencionado haya vuelto “a la carga”, y la atención se haya focalizado en el costo voluminoso de dos juicios que en su momento, durante esa larga gestión, se promovieran en contra de nuestro gobierno provincial.
En procura de no extendernos en demasía, cabe comenzar por señalar que dicho gobierno, luego de perder dos juicios que giraron en torno a la adquisición de un avión para la provincia por el sistema de “leasing”, cuya operación quedara rescindida por el incumplimiento de pago de varias cuotas, logró un acuerdo que de cualquier forma resultó harto oneroso.
Se trataba de un avión Jetstream 3200 ER, matrícula LV ZRL adquirido por Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER), con el que, a partir de mediados de 2011, la aerolínea estatal comenzó a prestar un servicio de traslado de pasajeros.
Según la misma fuente, eso duró hasta octubre de 2014, cuando por orden judicial y ante el incumplimiento del contrato, se dispuso el secuestro del avión y de dos motores que habían sido entregados a la empresa entrerriana.
El monto final a pagar por nuestro gobierno –luego de un reclamo inicial de más de 6.000.000 de dólares que se le efectuara judicialmente, fue de 2.925.601,24 dólares; suma a la que debe agregarse el pago en concepto de honorarios de casi 429 .500 dólares a los letrados del vendedor y otros 56.000 dólares a quien actuara como mediador judicial en el entuerto. Suma, se añade, que la provincia de Entre Ríos terminará de abonar en noviembre de 2019.
“No hace ninguna gracia” en tanto que el gobierno provincial –tal cual se lo ha visto a algún funcionario argüir en mentideros paranaenses- afirme que de esa manera se consiguió una quita de 3.233.286 dólares, sobre el reclamo original; si se tiene en cuenta que la aeronave estaba valuada en 1.400.000 dólares, y se pagó en total más del doble de esa suma, a la vez que… nos quedamos sin ella.
Hasta aquí los hechos escuetos, prescindiendo de algunos jugosos detalles anecdóticos, y del hecho que se afirma que el Tribunal de Cuentas tiene el propósito de “husmear” en el tema. Y que, como consecuencia de ello, pueden llegar a ser citados desde el ex gobernador, hasta un ex ministro suyo, apuntando hacia arriba, quien está sentado en una banca del Senado de la Nación y que también fue funcionario del gobierno, con el objeto de que den explicaciones.
Prosiguiendo, preferimos no detenernos en la cuestión que significa el uso y abuso por parte de algunos funcionarios públicos de aviones y helicópteros – estamos convencidos de que habría que incluir a dirigibles y a los cohetes de que hablaba Menem, de existir y ser ellos operables- tanto en el cumplimiento de sus funciones como al margen de ella.
Es que se hacen aquí presentes ingredientes que poco y nada tienen que ver con la funcionalidad de esta modalidad de moverse, y el lograr una celeridad en el traslado, cuyo recorte en tiempo se pierde muchas veces en actos públicos y reuniones protocolares no siempre justificados.
Es que lo que está en juego no es otra cosa que la sobriedad o, mejor dicho, austeridad republicana, a la que nuestros gobernantes parecen no tener en cuenta cuando muestran esa predilección que deforma su autoestima y los hace sentir diferentes “ tomándose el avión”, y nada decimos del helicóptero, porque se nos podría hasta acusar de golpistas.
A lo que si nos interesa referirnos es a un ejemplo de “mala práctica” de la que es una clara muestra lo relatado. Es que ignoramos si en ese caso ha existido algo que tenga olor a delito, pero que se ha incurrido en una mala práctica es bien posible.
Algo que no debería asombrarnos, porque el mundo de hoy está lleno de malas prácticas de todo tipo y caletre, cuya explicación la creemos encontrar en el hecho de que actualmente es moneda corriente el hecho que nadie quiera hacerse cargo de nada, y considerarse exento de responsabilidad en todo lo que ocurre, aunque en ello tenga que ver en parte su inteligencia –o su carencia- su voluntad- o su falta- y sus manos y ojos no siempre empleados de la mejor manera.
Una situación que es consecuencia de nuestra “barbarización” creciente, a lo que se une una amoralidad que se puede sopesar a cada paso, todo ello sumado a una despreocupación creciente de todo lo que esté más allá del “día a día”, que hace que actuemos como si en realidad “nada importa ya que todo da igual”.
De donde la honestidad pasa a ser un lujo del que no podemos darnos, y la exigencia de dar en cada momento lo mejor de sí, poco menos que una cosa que no se entiende bien a quien se le puede haber ocurrido.
Mientras tanto, la mala práctica puede ser el resultado de la ignorancia, lo que la hace más disculpable cuando ella no viene vestida con las apariencias de un saber inexistente.
La que ve incrementada la gravedad del incurrir en ella, cuando es el resultado de la negligencia, o cuando es el futo de una impericia no admitida, que lleva a incurrir en una práctica en la que no se debió haber intentado siquiera.
Después de lo cual se hacen presentes las malas prácticas dolosas, las que aparecen hechas adrede y con conocimiento del daño que llegarán a provocar, en las cuales se hace presente lo que es delito.
De allí que sea lo sensato y prudente eludir las malas prácticas, por minúsculas que sean, dado que empezando por allí, podemos llegar a no tener clara compresión de hasta dónde podemos llegar.
