No es el suyo el único caso, y también ignoramos si es el primero en las actuales circunstancias -la información pública nos ha anoticiado que el intendente de Gualeguaychú ha tomado una decisión similar-, pero de lo que sí estamos seguros, es que de aquí en más asistiremos a gestos de las mismas encomiables características.
Por nuestra parte, lejos estamos de censurar actitudes como las que han quedado descriptas; pero una vieja postura nuestra, es que en actos de este tipo, la intención exhibida cala más hondo y llega más alto, que el resultado que con ella se obtiene.
Debemos hacer a esta altura una aclaración, ya que la postura nuestra en la materia, no estaba precisamente dirigida ni a las actuales circunstancias ni a quienes ocupan esta categoría de cargos, sino que fue elaborada y hecha pública, en ocasión de un similar comportamiento -aunque poco frecuente- en el caso de los concejales municipales, cuando del mismo modo disponen de parte de sus dietas. Frente a la cual la postura nuestra, sobre la que venimos insistiendo, es que el de concejal -al menos en el caso de los municipios cuya cabeza es una localidad de pequeñas o medianas dimensiones- debe ser un cargo honorario; es decir, que se debe desempeñar en forma gratuita, como demostración de una vocación cívica, a la vez edificante y ejemplificadora.
Característica, no está de más recordarlo, que nada tiene que ver con la adjetivación de “honorable” que se aplica a los Concejos Deliberantes, y que no es otra cosa que un rango con el que se lo señala, explicable tan solo por lo que de él se espera, en el ejercicio de sus funciones. Algo que significa un compromiso, del que no siempre sus miembros toman debida cuenta, dado lo cual en ocasiones que sea mencionado de esa manera resulta por lo menos algo exagerado.
Somos, en tanto, conscientes de que ese criterio no cabe extenderlo y aplicarlo sin más a los legisladores, dado que el hacerlo sería lo mismo que dejar limitada la posibilidad de acceder a ellos a personas sino de fortuna, por lo menos de situación holgada. Y es precisamente por esa circunstancia que no conocemos ningún caso de legisladores que hayan efectuado un “renunciamiento” parecido. Sobre todo, cuando es habitual verlos moverse en dirección contraria, buscando la manera de apropiarse de innumerables clases de canonjías. Entre las que se encuentra precisamente un “fondo” a su disposición, para realizar ese tipo de acciones, en las que dada la exigüidad de la suma que se dona en cada caso, su utilidad principal reside en la fotografía o la nota periodística que dé cuenta de esa actividad de un legislador determinado.
Es que nuestro propósito es que, partiendo de la postura aludida, lo hacemos por sobre todo con la intención de reformularla, de una manera que en la actual crisis -en principio sanitaria, pero que poco a poco y de una manera perceptible, se va convirtiendo en económica y social-, al mismo tiempo que hacer un aporte para atenderla, vaya más allá de ella.
De manera que se asista a una concentración y manejo unificado de los recursos disponibles por parte del gobierno, de manera de hacer posible que a la hora de decidir sobre las erogaciones a atender, se siga un cuidadoso orden de prioridades. Todo ello independientemente de que exista descentralización en la manera como esos recursos, ya asignados, sean utilizados.
Partiendo de esa premisa, e intuyendo la magnitud del agujero insondable que para el Estado significa buscar la manera de atender a requerimientos en materia de gastos de la magnitud que enfrenta, se nos hizo presente una circunstancia que como se sabe, hasta el arribo de la pandemia, daba la impresión de volverse peligrosamente conflictiva, la que consideramos adecuada traer a colación.
Se trata de la aplicación a la exportación de productos agropecuarios de un tributo, mal designado como “retenciones”, dispuesto por el gobierno, que en medios rurales ha despertado justificados cuestionamientos. Nueva carga tributaria que buscaba fundamentarse, entre otras circunstancias en considerarla, una contribución al “esfuerzo compartido”.
Es que su vigencia abre la posibilidad de que se extienda su aplicación, generalizándose su imposición de manera que el mismo mecanismo de “retenciones” se aplicara a las remuneraciones que perciben todos los funcionarios públicos. Con la única excepción del caso de los que reciben sueldos de montos menores, y cuya situación es dable asimilar a la de los “pequeños productores” agropecuarios, respecto a los cuales se ha anunciado la intención de que sean merecedores de un trato diferente.
No es de nuestra competencia indicar las alícuotas para estas “retenciones”, pero no está de más recordar que en el caso extremo contemplado en la materia en el caso agropecuario, el porcentaje de la retención alcanza a la tercera parte del valor de lo exportado.
A su vez, en lo que respecta a la duración de la aplicación de la medida, se nos ocurre a lo que sucede con los despidos sin causa válidamente acreditada de trabajadores en relación de dependencia, quienes tienen derecho al cobro de monto de una indemnización duplicada, mientras dure la emergencia, constituye una pauta razonable a tener en cuenta.
Por otra parte, mientras dure esa situación de “sueldos parcialmente retenidos”, su ajuste debería efectuarse siguiendo el mismo patrón que el utilizado en el caso de los haberes jubilatorios, que en nuestro país reciben los beneficiarios de ese régimen.
Debemos reconocer que la propuesta que acabamos de describir no resulta simpática -nunca lo es, cualquiera que signifique que el gobierno ponga sus manos en nuestros bolsillos-, pero debe advertirse que con ella, no se hace sino avanzar en el camino trazado por el gobierno al derogar los regímenes especiales con los que, en materia jubilatoria, gozaban tanto diplomáticos como magistrados.
Si se necesitara agregar algo más para abonar la presente propuesta, sería de destacar que para que un esfuerzo solidario lo sea de verdad, y de esa manera aceptable por todos, debe ser compartido. Y de no atenderse a la situación de ese segmento de nuestra población laboral, se estaría no haciendo otra cosa que excepciones que resultan incompatibles con el carácter generalizado que tiene todo esfuerzo de las características señaladas.
Por otra parte, somos conscientes que con lo hasta aquí dicho no hemos “inventado la pólvora”, ni mucho menos, ya que las medidas adoptadas por el gobernador mendocino, y por el flamante presidente oriental, con los lógicos matices, avanzan en esa misma dirección.
A todo lo cual deberíamos agregar otra consideración, que tampoco tiene nada de simpática. Se trata del hecho que medidas de este tipo, pueden ayudar a comprender que de la actual crisis, de duración poco pronosticable, saldremos, tanto en lo personal como sociedad, más pobres de lo que ya tantos sufren actualmente ese estado. Algo que significa la necesidad de extender, por largo tiempo, un esfuerzo equitativo compartido.
P.S.: Cuando la presente nota editorial había sido redactada, ha tomado estado público la decisión de nuestro gobernador Bordet, de reducir a la mitad el sueldo de los funcionarios políticos de la administración pública provincial, en el mes de abril. Algo que consideramos un primer paso dado, por quien exhibe invariablemente una cauta prudencia, en la dirección correcta.
