Aunque se deben mirar las cosas no de una perspectiva negativa -que es la que asumen quienes expresan enojo y resentimiento por ver a algunos de los nuestros cobrar, por lo menos bastante, por trabajar lo que estiman poco y nada, sin asumir que muchas veces esa indignación se explica porque ellos quisieran estar en el lugar del criticado- sino desde una óptica positiva, mostrando buena cara, y a la vez viendo las cosas desde otro punto de vista.
Es que debe admitirse que el conocer el monto de lo que ganan nuestros funcionarios es un logro y un avance valioso en el sendero que debería llevarnos a un terreno extendido de transparencia. Ya que ésta no es sino el nombre paquete de lo que no es otra cosa que la posibilidad de ejercer el “control ciudadano” de la administración pública y de quienes ocupan posiciones en ella, y de completar y perfeccionar el “control institucional” de sus actos; control que muchas veces da cuenta de imperfecciones y falencias que no hacen otra cosa que facilitar la atmósfera de opacidad en que muchos de nuestros funcionarios aspiran a moverse.
Mientras tanto creemos que, aunque importante, esa información es menos sustancial de lo que parece. No es que no sea importante, y así lo recalcamos, sino que la consideramos incompleta. Hasta en ese orden de ideas, cabría decir que tiene mucho del árbol que impide ver el bosque.
Porque se nos ocurre -hablamos de ocurrencia por cuanto no tenemos ningún dato fehaciente a mano- que lo que se paga en dietas es una parte menor, no decimos insignificante, del monto total de los recursos con los que cuentan las dos cámaras de los poderes legislativos provinciales o de la asamblea legislativa, según ese poder sea uni o bi cameral.
Y ese es el dato sobre el que hay que insistir y machacar. No cuánto cobra en concepto de dieta un legislador, sino “cuánto nos cuesta” a las personas de a pie de las provincias, desagregados por separado, “cada legislador”. Porque entre lo que ellos cobran y lo que nos cuestan hay una diferencia que no es menor.
Y hasta se podría decir que una gran parte de las diferencias entre ambas cifras son pagos indirectos a cada legislador. En empleados a los que supone que hacen trabajar y no les pagan de su bolsillo, en asesores con el mismo objeto, y en “saludos con sombrero ajeno” -no son otra cosa los subsidios asistenciales que se encarga de entregar y no de pagar, cada legislador- con los que ellos tienen la posibilidad de actuar como hada madrina, aunque bastante pobre, dicho sea de paso.
Todo ello sin contar con los gastos que representa la planta permanente de cuerpo y que sus autoridades manejan de una manera casi discrecional. Algo que inferimos del hecho que uno de los cuñados de Urribarri -próspero empresario gráfico él- continúa ocupando las funciones de secretario del Senado, descreyendo por nuestra parte que lo siga haciendo por vocación de servicio hacia la comunidad.
