Mientras pasa el tiempo se destapan más y más casos de corrupción, de diferentes colores y formas, con un patrón repetido en el que sale perdidoso siempre el mismo: el estado.
Como el estado parece no ser de nadie, de hecho no solo los peronistas, sino también radicales y gente del Pro suelen aludirlo en tercera persona del singular y no en primera persona del plural, entonces nadie tampoco se preocupa demasiado cuando múltiples personajes, la mayoría funcionarios, pero también otros que tienen una relación de proveedores, se enriquecen a su costa. Nadie incluye a los ciudadanos en general, a los funcionarios de a pie, a casi toda la clase política -siempre hay excepciones-, y hasta no hace mucho al Poder Judicial, actuando desinteresado aun cuando muchos de estos delitos fueran obscenamente obvios.
Es en este contexto que hay que entender entonces la enorme impunidad con la que se manejaron muchos durante tanto tiempo y que permitió que gente muy cercana a Néstor Kirchner- por ejemplo- se hiciera rica como se hizo. Con pruebas apabullantes en su contra, el ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz, paseó por todos lados una fortuna casi obscena y que se calcula supera los 100 millones de dólares sin que nadie le tocara un pelo. Como sucedió durante todos los años del kirchnerismo, la justicia federal, que investiga este tipo de delitos, miró para otro lado, sumida en un letargo intencionado del que recién el último tiempo decidió abandonar.
Casos como el nombrado, que dada su repercusión se han vuelto uno de los casos testigos de lo que fue la corrupción durante la última administración peronista, se repiten hasta el hartazgo a lo largo y a lo ancho de nuestro bendito país. En distintas escalas, el saqueo al estado al que nadie le importa se ha producido también en muchas de nuestras provincias y en innumerables municipalidades. Las estafas al estado han sido de todo color y calibre, involucrando desde los más encumbrados funcionarios hasta los empleados más rasos. Robos grandes y robos pequeños, los hemos vivido todos.
Dentro de ese esquema de cosas, el gobierno peronista de Urribarri no fue una excepción. Pero a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde hay medios que tienen mucho más recursos para investigar y exponer a corruptos y a los actos de corrupción, por aquí las verdades han ido saliendo muchas veces a medias y también en cuentagotas. Denuncias ha habido y las sigue habiendo, pero en general se hace muy difícil hacerse de las pruebas que confirmen los múltiples actos de corrupción que se han cometido por estas latitudes. Han habido robos más tipo hormiga pero también otros más importantes, lo que ha permitido por ejemplo que sean muchos los funcionarios y ex funcionarios los que hagan una exhibición de riqueza que no se condice con lo modesto de sus funciones en el sector público.
En las últimas semanas, hemos podido ver con satisfacción cómo se destapaba un tremendo caso de corrupción en nuestra Legislatura provincial, lo que dejó al descubierto el desvío de unos 1.200 millones de pesos en contratos truchos. El caso revela la existencia de connivencia entre un grupo grande de funcionarios y empleados públicos organizados para desfalcar al estado provincial en la figura del poder legislativo provincial. Por lo que se conoce, tanto en Senadores como en Diputados se hicieron por varios años unos 350 contratos por valores mensuales que oscilaban entre los 30 y los 50 mil pesos. A los contratados, que en su gran mayoría no tenían nada que ver con la Legislatura, se les terminaba dando entre 1.200 y 1.300 pesos mensuales. Para los que son leídos en leyes, lo que se investigan son los delitos de fraude al estado y asociación ilícita, cuantificados en unos 14 millones de pesos por mes. Para entender más aun lo aceitado del mecanismo, quienes lideraban la estafa se ocuparon también de contratar estudios contables para que se realizaran los aportes correspondientes, todo dentro del marco de una supuesta legalidad.
Por ahora, los señalados parecen ser más "perejiles" que otra cosa, como es el caso del director general de administración de la Legislatura, quien fuera despedido días pasados. Considerando la magnitud del caso, lo más probable es que haya involucrados y participes necesarios en lo más alto del nivel político, pero por ahora lo que se escuchan de nombres son solo trascendidos. Es de esperar que destapada la caja de Pandora, la investigación continúe hasta el final y se dé finalmente con los verdaderos culpables, algunos de los cuales usted y yo hayamos votado alguna vez...
Mientras tanto, sería importante que toda nuestra clase política deje de mirar para otro lado y tome conciencia que uno también pude ser culpable por omisión. Es que ya resulta cansador escuchar, sobre todo, a figuras del kirchnerismo nacional y también vernáculo sugerir que ellos no fueron, que no hay pruebas, que es todo una persecución política o que en todo caso en este gobierno se roba tanto como en el anterior. La realidad es que dejaron sus huellas por todos lados, y con un poco de determinación se va a lograr que muchos de estos chorros y corruptos terminen donde merecen estar, en la cárcel.
Mientras tanto, ya es tiempo de que la clase política en general se haga cargo, y admita su complicidad en el desvalijamiento de ese pobre y desvalido estado que sigue sin ser de nadie aun cuando es de todos nosotros.
