La política, sujeta a humor del electorado está obligada a un aggiornamiento constante, porque de esa capacidad pende, como de un hilo, la posibilidad de perpetuarse en el confort del poder y sus mieles.
Para el gobierno, aplica también esa variable . Es que tiene que tener la capacidad de contentar el humor social y sortear las dificultades con promesas de futuro en tiempo potencial. Esa labor de equilibrista requiere una pócima de imaginación, otra de poder y una gran cuota de dominio propio, como del oficialismo y claramente de la oposición.
Finalmente, el judicial, la pata más estirada, se da el gusto de mirar con soslayo la tarea cotidiana de sus hermanos con los que compone una triada que, cada vez que tambalea, la deja mal parada por perezosa, por lenta o acomodada.
Cuentan los viejos magistrados que para adivinar si viene un cambio en la política hay que empezar a mirar los fallos del Poder Judicial. Algo de eso se olfateó en 2015 en la Nación y, dicen otros, que nada peor que la judicialización de la política.
Ese escenario, el de la judicialización de la política, fue para algunos, lo que sintetizó la semana en la que sobresalió, entre una serie de títulos más o menos comunes, el nuevo allanamiento a la municipalidad de Paraná que lamentablemente encerró a todo el periodismo en un mismo corral y puso el principio de sospecha por sobre el de la inocencia, mientras a pocas cuadras se destapaba la caja de Pandora de la Legislatura, que con el escándalo de los contratos opacó el resto de los temas de agenda, incluso el municipal.
Hacia adentro de los bloques la lectura del episodio de los contratos es diversa; mucho más lo es fuera de los intersticios de los recintos que guardan bajo siete llaves los detalles de la rosca política y bajo otras tantas, los de su financiamiento.
Algunos se quedaron rumiando por lo bajo porque no pudieron sacudirse la sospecha pública sobre el uso indebido de los recursos públicos y los que lo lograron, no son indiferentes al resquebrajamiento que imponen estas situaciones a la relación que se entreteje entre los vecinos y sus dirigentes.
Sin embargo, el escándalo de los contratos es un capítulo más de la saga que un grupo de legisladores está protagonizando desde un tiempo a la fecha y que, tienen como común denominador, la denuncia del periodismo. Un diputado que se quedaba con algunos miles, un senador repentinamente millonario fueron otros de los capítulos legislativos de este tiempo, guionados por una mano firme que entiende y sabe de lo que habla.
Una reacción mínima como el despido de un responsable de la administración, un espontáneo desconocimiento de los personajes detenidos por parte de quien los tenía contratados, y un opaco sumario interno no alcanzaron a minimizar el escándalo que provocó el tembladeral y que mira desde una panorámica la Justicia, cómodamente instalada en su palacio reformado.
El Centro Cívico está dinamitado. Los tres poderes cinchan en un corset a medida. La historia de la semana se escabulle por los pasillos y se filtra por las calles y los diarios con algunos ganadores y varios heridos.
Hacia adentro de los partidos habrá una explicación que quizás sea la misma que se dé hacia adentro de los bloques; el punto es que la granada no estalla por una investigación interna o la percepción de un desmanejo de los recursos de una década, sino por el descuido de los que acostumbrados a años de impunidad, perdieron la noción de la legalidad y se sentaron a saquear un cajero, como la cosa más habitual.
Los tres detenidos tiene nombre y apellido pero los que tramaron el mecanismo que adolece de toda sutileza, también y eso es lo que falta averiguar de acá y diez años para atrás. Son años y son millones. Resta saber si por la caja van a ir a tribunales, o si, terminan en los tribunales por no explicar qué pasó con la caja.
