Es natural que la campaña electoral altere los ánimos de quienes están directamente interesados en ella y de sus allegados. Unos quieren quedarse, otros procuran entrar. Y esto tan simple provoca un forcejeo que en nuestro clima y con nuestras características políticas y culturales, aumenta la temperatura. Algo tan normal y necesario como el recambio periódico de autoridades y representantes, se convierte en un campo de batalla. Abundan broncas, agravios, enemistades, divisiones, odios. Escasean ideas y propuestas.

Los memoriosos comentan que “siempre ha sido así”. Es probable. Pero nunca con este nivel de enfrentamientos y de acoso permanente al ciudadano, al menos en el período democrático iniciado en 1983. Tampoco se vio al gobierno (nacional y provincial) durante estos casi 32 años, tan jugado como en la actualidad.

Los precandidatos, además de quienes aspiran a serlo y en general la dirigencia, están en la calle desde hace un año promoviendo sus postulaciones personales. Restan aún cuatro meses para las primarias y seis meses para las generales, pero en las ciudades ya no hay espacio -o poco menos- donde colocar cartelería proselitista.

¿Quiénes ponen la plata?

Tres semanas atrás recordábamos en esta columna que la campaña para las elecciones primarias está autorizada (ley 26571) desde 30 días antes del comicio y para las generales con 35 días de anticipación. A los protagonistas se les ha ido la mano.

Scioli, Massa, Macri, Randazzo, Urribarri y otros hace un año que están en campaña, gastando plata que no se sabe de dónde sale y en los casos señalados ocupando el tiempo de funciones pagadas por el Estado para atender asuntos públicos, no aspiraciones personales.

La Justicia acaba de advertirlo. El martes pasado la Cámara Nacional Electoral puso límites a la campaña anticipada, recordó las restricciones de la ley arriba mencionada y pidió a los candidatos que expliquen de dónde salen los fondos. Se quejó por “el alto grado de opacidad respecto de la identidad de las fuentes de financiamiento”. Más claro: quiere saber quiénes ponen la plata. El pueblo debe enterarse.

Si bien es cierto que el requerimiento apunta a los precandidatos presidenciales, es imposible esconder detrás de las matas a los provinciales y municipales. Ellos también están obligados a rendir cuentas porque no se trata de un negocio privado. (¿O si?).

Abrumador y costoso

El despliegue publicitario de los aspirantes provinciales y municipales, es impresionante. En ciertos casos con algunas trampitas. Todos excluyen la palabra “candidato” y hasta el cargo al que aspiran, para evitar caer en la veda de la ley. Pero bien sabemos de qué se trata.

El ministro de Gobierno, Adán Bahl, ha golpeado fuerte. Su afiche simplemente dice “Urribarri” encima de su nombre y su foto de gran tamaño. Sugiere el apoyo del gobernador. Uno de sus adversarios internos, Julio Solanas, se quejó suponiéndose en desventaja. El 26 de febrero le pidió públicamente a Bahl “no usar su condición de ministro ni ocupar el aparato del gobierno para posicionarse en las primarias”.

Otros precandidatos -oficialistas y opositores- proponen “otra provincia”, “puede”, “una provincia distinta”, “compromiso”, “hora del cambio”, en la capital provincial uno promete “Paraná potencia” (¿?) y así el resto de las promociones.

En coincidencia con la demanda de la Justicia electoral nacional, a los entrerrianos nos asiste el derecho de saber de dónde salen los recursos para esta campaña que sin dudas se intensificará a medida que avance el tiempo. Mientras tanto, en atención a la transparencia y la credibilidad de los candidatos, ellos mismos se beneficiarían mostrando los números. Dinero hay, es evidente. A esto nadie lo hace gratis ni a crédito. La mayoría de las empresas publicitarias, cuando de política se trata, exigen el pago anticipado.

Los manejos feudales

La semana pasada, en esta columna, comentábamos acerca de la incidencia directa del gobernador en la designación de candidatos. Parece una de sus funciones. Tanto la provincia como el PJ (o ahora FpV) le pertenecen y entre sus atribuciones se cuenta la de armar las listas. ¿El afiliado? Bien, gracias. Ahí está. Para que pueda expresarse hay primarias. Mientras tanto, si aparece alguna lista distinta, todos saben cuál es la del jefe y asunto concluido.

La última elección de diputados nacionales, en 2013, es el más reciente antecedente de ese método. Urribarri confeccionó la nómina encabezada por el ministro de Educación, José Lauritto -nombre conocido y respetado-, seguido por Ana Carolina Gaillard, por entonces directora de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires desde 2012. Lo más curioso es que Gaillard no reside en Entre Ríos, sino en la Capital Federal desde sus tiempos de estudiante, a tal punto que en 2009 integró la lista porteña de candidatos a diputados nacionales del FpV encabezada por Carlos Heller, aunque no ingresó. Quienes bucean en las familias aseguran que es sobrina política de un hermano de Urribarri.

En el tercer lugar de 2013 el gobernador ubicó a Jorge Barreto, oriundo de Santa Elena, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero con sede en Paraná e integrante de Unidos y Organizados, hasta entonces no afiliado al PJ. Allegados al gobernador explican que esa postulación respondió a una solicitud de Andrés “Cuervo” Larroque.

Los tres nombrados resultaron elegidos en 2013. No obstante, Urribarri le pidió a Lauritto -de nuevo, ya lo había hecho en 2011 con la banca provincial- que no asumiera y continuara al frente del Ministerio de Educación de Entre Ríos. Así ocurrió.

Le correspondía el ascenso a la maestra rural Fabiana Domínguez. El gobernador le solicitó la renuncia -conforme ella misma lo reveló mostrándose satisfecha de servir así a su provincia- y entonces asumió Lautaro Gervasoni, subsecretario de la Juventud del gobierno provincial y aparentemente adherido a la Cámpora, por lo que no se descarta otra presión del diputado Larroque y un nuevo asentimiento del primer mandatario.

Los manejos feudales se han extendido a Entre Ríos.

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