Si extrapolamos esa descripción a nuestra realidad, y al mismo tiempo la vinculamos con la presencia de la corrupción, cabría –por supuesto que en sentido figurado- ocurriera lo mismo en el “cuerpo de nuestra sociedad”. Una en apariencia insignificante muestra de lo que se acaba de afirmar –la que en realidad no es tan ínfima, ya que viene a mostrar que la infección “llega hasta el hueso”- la encontramos en lo que ocurre en una pequeña localidad del departamento de Gualeguaychú, se trata de Gilbert con una población de poco más de 1000 habitantes, donde se daría una acumulación de hechos verdaderamente escandalosos.
Es que, según una información circulante, el Intendente de esa localidad habría sido mandado a su casa, licenciado con goce de sueldo por la comprensión generosa de los concejales, hasta el momento en que se ponga en claro, sentencia judicial mediante, la imputación en su contra de tres actos de abuso sexual. Al mismo tiempo se indica que el actual comisario de la policía provincial en la misma localidad, aparecería involucrado en una causa por venta de droga. Incluso, al respecto se señala en fuentes judiciales, que el comisario cuestionado habría sido mencionado con todas las letras de su nombre y apellido en una escucha telefónica, en el marco de una investigación por comercio de estupefacientes. Y que, como si esto fuera poco, el anterior comisario de la misma localidad, que el nuevo ha venido a reemplazar, habría sido apartado de su cargo “por presuntas vinculaciones” con la Municipalidad del lugar, que le habría permitido terciar con éxito en la adjudicación de la concesión de la explotación de la Estación Terminal de Ómnibus de la localidad.
Del relato de esa situación, de verdad poco edificante, pasamos ahora a ocuparnos de una versión que circula en los mentideros de Pueblo Liebig. Un rumor cuya verosimilitud tendría que ser investigada por el organismo electoral competente. Es que, si bien la población del lugar no exhibe signos palpables de un aumento que vaya más allá del vegetativo, se asiste a un curioso crecimiento en “el número de los empadronados” con los que contaría. Una versión a la cual, en los mismos mentideros, se la compara con la situación vivida en Formosa, donde es frecuente que en las elecciones generales que allí se realizan, voten personas radicadas en el Paraguay, que no son necesariamente de nuestra nacionalidad.
De ajustarse a la realidad dicho rumor, nos encontraríamos aquí ante una suerte de leyenda urbana, similar a aquélla en la cual se hacía referencia a la mudanza promocionada y remunerada de habitantes del cordón sur del conurbano capitalino a Concordia, con el objeto de apuntalar su condición de ser “la ciudad capital del justicialismo entrerriano”. Entretanto queda espacio para hacer referencia a una de las tantas derivaciones del “caso de la fiscal Goyeneche”. Una situación que como es sabido, provocó una serie de reacciones negativas frente a la manera en que ella estaría siendo tratada; entre las que se encuentra una reunión realizada en Paraná de fiscales de toda la provincia. Llevada a cabo, como forma de expresar su solidaridad y brindarle a la nombrada fiscal, apoyo moral ante las conocidas circunstancias que han tomado estado público.
Fue esa convocatoria la oportunidad para que uno de los directivos de una agrupación de fiscales que nuclea a los de todo el país, efectuó declaraciones señalando que por investigaciones llevadas a cabo sobre la situación de los fiscales frente el poder político, se detectó que “cada vez que un fiscal investiga la corrupción, es perseguido”. No dudan en usar la prensa, las descalificaciones personales de todo tipo, negando realidades y mintiendo, porque no importa, ya que a veces el poder corrupto se basa en la idea de que lo que importa es la opinión pública y no la verdad. “El mundo de la política corrupta se maneja y toma decisiones en base al poder, mientras que fiscales y jueces lo hacemos en base a lógica jurídica y pruebas”. Agregando que “tenemos fiscales que no quieren exponerlo, que piensan que se va a calmar. Respetamos esa decisión y no podemos mencionarla. También tenemos casos que es inconveniente contarlos porque no son socios nuestros. Pero los datos los tenemos”.
Frente a lo cual, nos permitimos efectuar una evaluación negativa de esa situación, no solo por el hecho que los fiscales que investigan actos de corrupción son objeto de diversas formas “de apriete”, sino por cuanto la postura de esa agrupación y de los fiscales “apretados”, aparece cómo “cautelosa” en exceso”. Se dirá que todo lo expuesto hasta aquí es de mayor o menor interés, pero… ¿qué tiene que ver con una “vacuna contra la corrupción”? Frente a lo cual, lo primero a señalar es que la vacuna de la que se ha hablado no existe. Y que de existir la misma no tendría que ser aplicada a los corruptos para que dejen de serlo, y a todos los funcionarios como una medida de prevención, sino que debería serlo a los restantes integrantes de la sociedad. Ya que de lo que se trata es de alcanzar una “inmunización social”, que no es otra cosa que incrementar al máximo el “umbral de rechazo social a la corrupción”. Y el lograrlo es una cuestión de naturaleza cultural, la que exige de una acción educativa, en la que a todos nos toca desempeñar el papel de predicadores. Incluso los propios autores de actos de corrupción, en el caso improbable que se los vea sinceramente arrepentidos.
