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La semana que viene el gobernador Gustavo Bordet deberá, por manda constitucional, inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias en un año en el que hay una excesiva expectativa en la reforma política, pero también muchas chances de que se transforme, casi inesperadamente, en un año electoral.

En cualquiera de las dos situaciones, el gobierno tiene los votos necesarios para sancionar un nuevo orden. Tanto para la reforma como para decidir un desdoblamiento, opción que está en la agenda de todos los peronistas que advierten que un nuevo oleaje nacional puede definirles el futuro de una manera poco feliz, al menos para sus pretensiones.

De todos modos, la reforma política que se bosqueja en la provincia y de la que se conocen pocos detalles está centrada casi exclusivamente en el formato de la boleta, de modo tal de abandonar la sábana para ir a una boleta única, aunque la demanda de distintos sectores en la provincia ha sido un tanto más aguda y pretende, en cambio, una modificación más sustanciosa que ponga fin a una serie de normas que fueron creadas a medida de oportunidades muy específicas, como lo fue la denominada Ley Castrillón.

El clamor por la reforma política no abarca a todos los políticos. Muchos de ellos, que han hecho a base de las tijeras y de algunos artilugios toda una carrera, ven el riesgo de perder en un santiamén las malas costumbres de tantos años, que no son otras que las que debilitaron los partidos políticos y la fe de los vecinos en la política.

Sus magros logros, que se reducen a un puñado de votos cautivos y al negocio de un puesto seguro en el Estado, han sido suficientes, sin embargo, para resquebrajar un sistema que tiene un fin virtuoso como la posibilidad de elegir quien nos gobierna.

La reforma que propondrá el gobernador, cuyo alcance aún se desconoce, augura ser un avance hacia la boleta única, aunque resta resolver algunos detalles que no son menores y que por ahora aparentemente prometerían sostener las primarias con el formato de las PASO, aunque debe saldarse, a su vez, quiénes votarán, para dirimir si sólo podrán hacerlo los afiliados o si, en cambio y como hasta ahora, serán obligatorias.

La letra del proyecto depende del gobernador y tanto como la decisión de asegurar que en la Legislatura la reforma no se quede a mitad de camino y que , en cambio, vaya hasta el corazón.

El año pasado y luego de las elecciones, el gobernador convocó a los bloques legislativos a una reunión en la que anticipó su decisión de avanzar en una reforma política. Esa no fue la única vez que Bordet habló del tema. Antes, y por dos años consecutivos, también frente a las Asambleas Legislativas, había anunciado esa posibilidad que ahora, promete estar más cerca.

De todos modos, algunas cuestiones que se discuten hacia fuera aún no han sido resueltas puertas adentro de los partidos, tal el caso de la representación de las minorías que sigue siendo un tema pendiente y cuyo piso, muchas veces es tan alto, que históricamente quedan afuera.

Al margen de la reforma en sí misma, el del jueves será el tercer discurso de Bordet frente a los legisladores, que nacieron bustistas, fueron urribarristas y ahora trocaron a bordetistas. En ese recinto el gobernador tiene veinte de los treinta y cuatro votos que hay en Diputados mientras que en el Senado está 9 sobre 8. Con esas cifras, su reforma está garantizada.

Resta saber ahora cuál será el comportamiento de los bloques frente a un decisión que marcará el pulso político de la Cámara: El desafuero de Urribarri tras la elevación a juicio por las contrataciones que beneficiaron a su cuñado, Juan Pablo Aguilera en la que también está involucrado el diputado y ex ministro Pedro Baéz.

Esta investigación es una de varias que tiene por responder. También se pregunta la Justicia por la contratación con fondos del Estado de una solicitada en diarios del país que demandó un gasto millonario y con la misma mecánica, es decir el uso de fondos públicos, la instalación de un parador en Mar del Plata en épocas del sueño entrerriano.

La causa elevada a juicio investiga los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de las contrataciones que beneficiaron a Aguilera y por la que la Cámara deberá resolver si aplica un criterio corporativo o si, en cambio, permite ofrece un gesto que pone en igualdad de condiciones a los entrerrianos frente a la ley.

Sobre los fueros y su correcto uso también hay propuestas de ley. Con estado parlamentario el macrista Esteban Vitor propuso que los fueros sólo podrán utilizarse para los casos de las opiniones que el legislador, magistrado o funcionario emita en ejercicio de su función o con motivo de las actividades propias del cargo, pero nunca para sus actos de carácter privado.

El objetivo de la iniciativa es permitir que los procesos contra los funcionarios que tengan fueros puedan seguir adelante hasta su etapa final, al margen de las decisiones legislativas sobre cada caso en particular.

Las modificaciones son desde los artículos 15 y 23 para evitar que la protección de la que gozan los legisladores se convierta en un "escudo de impunidad", sostuvo el autor. Resta saber cuál será la opción de los legisladores a la hora de la decisión.
Fuente: El Entre Ríos

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