Una decisión que tiene como fundamento que con ella, se trata de proteger a sectores socialmente vulnerables dado se encuentra comprometida la “vida digna” presupuestos que a su criterio quedaron acreditados en la presentación. A la vez en apoyo de la misma se dijo que se trata de una decisión “que tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad de las familias, sobre todo las que menos tienen, jaqueadas por estas subas irrazonables”.
De donde el reclamo “tiene que ver con defender a la gente para que pueda desarrollarse dignamente, que se les garanticen los servicios públicos elementales y que las razones estrictamente económicas no condicionen su calidad de vida”.
Entretanto la Corte Suprema debe pronunciarse sobre una presentación del Gobierno nacional que apunta a bloquear las cautelares por aumentos tarifarios, realizada por el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
A lo hasta aquí reseñado debe agregase que la medida dictada por un juez de Dolores, se pretende sea aplicada en todo el territorio nacional, como consecuencia de una explosiva extensión del ámbito de la competencia judicial, a lo que se agrega que en la práctica significa que no se “le va a cortar el servicio de gas a nadie”, ya que debe entenderse que de una manera diabólica queda a cargo de las concesionarias del servicio la prueba de que el usuario está en condiciones de abonarlo.
De allí que la desmesura del juez, más que un demostración de falta de prudencia, es un acto deliberadamente maléfico, si se atiene al hecho que la medida fue adoptada por un juez que por actuaciones anteriores debe considerarse como un “topo” enquistado por el kirchnerismo, y que de esa manera pretende colaborar con el mismo.
