Nos estamos refiriendo al asesinato del kiosquero Roberto Sabo, muerto a balazos durante un asalto en su comercio el domingo 7 de noviembre de 2021, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.
El que sucedió cuando Leandro Suárez, con 30 años de edad en sus espaldas, llegó a ese kiosco acompañado de una menor quinceañera, a bordo de un remise proveniente de Ciudadela. Fue en esa la oportunidad en la que Suárez, armado con una pistola semiautomática calibre 7.65 y un revólver 22, le robó 10 mil pesos a Sabo, y le disparó a quemarropa cuatro tiros que provocaron su muerte.
Las crónicas policiales del momento daban cuenta de que el asesino y su acompañante, al momento de fugarse, le sustrajeron el auto al remisero que los había trasladado, chocándolo después a pocos metros del lugar.
Así como que, en esa circunstancia, abandonaron el vehículo, ingresaron en un supermercado con el objeto de tratar de pasar desapercibidos al entremezclase con las numerosas personas que había en el lugar, robando a continuación una moto, para resultar detenidos a las pocas cuadras.
Pero lo que no se mencionaba en ese momento, y si lo hacía era “como al pasar” sin darle a ese “detalle” la importancia también horripilante que tenía, es el hecho que, todo era consecuencia del asesinato que había costado la vida de una víctima inocente.
En tanto días atrás, por un fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) nº2 de La Matanza, Suárez fue condenado a cumplir 30 años de cárcel, por el delito de “homicidio criminis cause” con la participación de una menor de edad, “robo calificado por el uso de arma de fuego” y “portación ilegal de arma de fuego de uso civil y de guerra” como resultas del hecho cometido.
Ante esa decisión del tribunal, la reacción, provocada en primer lugar por sus familiares, fue que “se hizo justicia”, dada la circunstancia que el esclarecimiento de un delito de este tipo y el juzgamiento y condena de su autor, no es ni un acto de venganza, ni tampoco un acto de reparación –ya que no se puede reparar lo irreparable- sino “un acto de consuelo”, si es que se tiene en cuenta –tal como es corriente- que un homicidio sin esclarecer y condenar al autor o los autores tiene una dimensión inasible que, de una manera subliminal, viene a querer significar algo que se asemeja a que quede insepulta la víctima.
De allí la importancia que se haya “hecho justicia”, pero sobre todo la celeridad encomiable con la que se puso fin al entuerto. Ya que pasaron apenas nueve meses, desde el día de la comisión del delito hasta que se dictó la sentencia condenatoria.
Se hacen así en la ocasión, dos frases insistentemente repetidas y con un significado si no idéntico, al menos en el cual se hace presente una suerte de simetría. La primera de ellas es la que nos habla, de una manera que suena poco amable, de “los tiempos de la justicia”. Queja que está referida tanto a la duración excesiva de los trámites judiciales hasta el momento en que una sentencia adquiere el estado de firmeza; como a “la manipulación de esos tiempos” en los que, en un quehacer que da cuenta de la falsa habilidad de los prestidigitadores, se observa cómo los trámites de tantos procesos avanzan a velocidades diferentes, cuando no se los ve paralizarse, y aún retroceder, según se hagan presentes en los magistrados sentimientos de diversa índole, que van del temor hasta la servil complacencia, referidos a quiénes se encuentran involucrados en la contienda judicial.
De allí que se diga también que “la justicia tardía no es justicia”, asistiéndose así a un choque de dichos, ya que también se escucha que “la justicia, aunque tarde siempre llega”, en boca de creyentes a los que no pueden abatir ni los escépticos más recalcitrantes.
Son los mismos, estos últimos, quienes apuntan a esos “tiempos”, como uno de los factores del desprestigio que, entre tantos, castigan la imagen del servicio de justicia, a la vez que se ve arremeter con furia a quienes descreen, por su parte, de su valor.
