No necesitamos del Banco Mundial para comprobar nuestra condición de país pobre. Cualquiera sabe que, medidos según el tipo de cambio paralelo, salarios y jubilaciones son claramente tercermundistas. Y cualquiera sabe que, aún en las más favorables mediciones, al menos 40% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza; es decir, tienen ingresos que no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica, “un conjunto de bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana”.
Las personas pobres tienen bien claro que, cuando el dinero no alcanza, habrá parte de la canasta básica que no podrán comprar. Deberán abstenerse de consumir algún o algunos bienes y servicios, dando prioridad a otros. Los legisladores nacionales, por el contrario, no tienen para nada claro el estado de situación de las finanzas públicas, y aprueban con liviandad aumentos en el gasto público aun cuando no solo es evidente que no existen recursos corrientes para financiar ese aumento de gastos, sino que tampoco existe acceso al crédito para lograrlo.
Se acaba de aprobar una moratoria previsional que permitirá jubilarse a quienes tienen la edad necesaria, aunque no hayan realizado aportes. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima el aumento del gasto en alrededor de 0,42% del PBI durante dos años, a partir de 2024.
En su cuenta de Twitter, el economista Santiago Bulat estima que, si el máximo de 800.000 personas elegibles para la moratoria optara por el beneficio, el 70% de los jubilados del régimen general habrá ingresado por vía de una moratoria. Peor aún: el 68% de quienes hicieron aportes recibirán una compensación igual (la jubilación mínima) a la de aquellos que no los hicieron.
Aumentar el gasto público de manera irresponsable, sin contrapartida presupuestaria que contrapese las mayores erogaciones, constituye una forma burda y arcaica de proselitismo. Pero es, además, una forma que probablemente resulte equivocada: ¿estarán más felices los beneficiarios de la moratoria que disgustados quienes aportaron y quienes ya están dentro del régimen jubilatorio, que verán sus ingresos caer?
Si no hay más ingresos corrientes, la misma torta previsional deberá cortarse entre más beneficiarios. En diciembre de 2022, la jubilación mínima, que cobraba más de 60% de los beneficiarios del régimen general, era de $50.125 (menos de US$150). Perdió 22% contra la inflación en el año. En diciembre de 2022, la Canasta Básica Total para una familia con dos hijos sumaba $152.515, tres veces la jubilación mínima.
La Ley de Presupuesto prevé que aumente 76% en 2023, lo que probablemente redunde en otra caída en términos reales. Y será peor en 2024, cuando ingresen los beneficiarios de una moratoria que no prevé recursos para satisfacer las mayores prestaciones. Serán financiados con inflación, que no es otra cosa que decir que volverán a perder poder de compra en términos reales.
No hay secretos salvo para aquellos que no entienden. Quienes aprueban medidas como la moratoria previsional no benefician, sino que se abusan de aquellos que no entienden. Miran su ombligo mientras se empeñan en crear pobreza. No representan a la gente ni a las provincias: no hubo legisladores que votaran en disidencia con lo que decidieron sus partidos.
No somos un país rico, sino un país sin moneda ni acceso al crédito, en el que los beneficios graciosamente concedidos por dirigentes irresponsables aumentan el número de personas con ingresos que pierden contra la inflación. Hacen que cada día que pasa seamos un país un poco más pobre.
