Alanis está acusado de la comisión del delito de peculado por el desvío de unos 20 millones de pesos del Senado de la provincia. La causa se inició por una denuncia de la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que condujo Oscar Rovira durante el último gobierno de Sergio Montiel y tardó más de 17 años en llegar a juicio.
A esta altura de las cosas no existe nada que pueda provocar asombro. No obstante se debe marcar la existencia de una constante, repetidamente destacada, y que es uno de los motivos que más ha contribuido al desprestigio con el que, en la actualidad, se castiga a la justicia. El hecho que las causas no solo parecen avanzar –y eso en el caso que no sean "pisadas"- a paso de tortuga sino recorriendo un cauce lleno de meandros, que en ocasiones da la impresión que va en dirección contraria a la culminación lógica de todo proceso, cual es el de llegar a dictarse una sentencia y que no lo sea por la causal de extinción de la acción penal por prescripción contra el acusado. En el caso que nos ocupa, repetimos, han transcurrido diecisiete años!
A ello se agrega otra circunstancia que en apariencia es novedosa, ya que en realidad lo que posiblemente pueda así considerarse es tan solo que la misma haya salido a la luz. Nos estamos refiriendo al hecho que nuestros cuerpos legislativos se hayan transformado en "tierra de asilo" para diputados y senadores que se escudan en sus fueros al momento de dictarse contra ellos la prisión preventiva por un juez, sino que a la vez cabría inclusive considerarlas como "cuevas de ladrones", si se tiene en cuenta el desmanejo de los fondos de esos órganos públicos, que mediante diversas trapisondas llevan a cabo muchas veces quienes los tienen a su cargo.
