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Con tratamiento exprés se aprobó esta semana en Entre Ríos la ley de Emergencia Solidaria. Esta nueva norma prevé descuentos en las remuneraciones superiores a los 75 mil pesos, tanto para el personal estatal provincial activo o pasivo y un aumento de impuestos para instituciones financieras, para aquellas otras involucradas en la venta de medicamentos, y también para los propietarios de campos que excedan las mil hectáreas.

El propósito de la ley es achicar la tremenda brecha entre ingresos y egresos que hoy sufre la provincia, apuntando sobre todo a cerrar el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.

De Bordet se podrán decir muchas cosas, pero muy poco es lo que se puede cuestionar respecto de su prolijidad fiscal. El gobernador ha mostrado que entiende el concepto básico de cuentas equilibradas y su gestualidad remite a eso. Ahora, el camino y el timing elegido para recorrerlo no parece ser en este caso el mejor, aun cuando lo haya hecho con pleno respaldo de toda su tropa.

La vicegobernadora Laura Stratta fue una de las que expresó ese apoyo -que es entendible- cuando señalaba que ¨esta ley impacta en sectores que vienen ganando y que no han perdido en el marco de esta pandemia. Ya lo venimos diciendo, el sector financiero, la venta de medicamentos, extensiones de más de mil hectáreas, pero también plantea un financiamiento especial y solidario a la Caja de Jubilaciones¨.

Expresiones similares han sido vertidas por otros miembros del gobierno provincial, y todas ellas son verdades a medias o mentiras piadosas, que por el bien de la comunidad es mejor no dejar pasar por alto. Expresan cierta culpa por lo hecho y actuado o tal vez cierto desconocimiento frente a la pavorosa realidad que nos rodea.

En primer lugar, y aunque a algunos le pueda sonar antipático, los únicos ganadores de la pandemia que todavía no han sufrido un ajuste en el medio de este descalabro son los empleados públicos. Por ahora cobran en tiempo y forma, pero aun así hablan de apagón informático cuando se les comunica que se les va a pagar el aguinaldo en cuotas. ¿Qué les queda entonces por decir o hacer a los pobres y sufridos trabajadores del sector privado?

Nadie dice que – maestros y judiciales, por ejemplo- ganan mucho o que no merecerían ganar más, pero la realidad económica indica que si el estado financia más de la mitad de sus gastos con inflación esa circunstancia solo es sostenible por un muy corto periodo de tiempo. La inflación acecha y es muy posible que, a este ritmo de emisión y si no hay acuerdo por la deuda, en el segundo semestre bien podría desatarse un proceso hiperinflacionario.

Por otra parte, subir impuestos en un contexto ultra-recesivo como en el que estamos es bien contraproducente. Por lo general, en emergencias como esta, el estado sabe que debe liberar las fuerzas más productivas de la economía para que sean las que lideren una eventual recuperación económica. Y tampoco se entiende que se sostenga que haya sectores tradicionales de la producción que estén ganando dinero en este contexto de pandemia; eso es una mentira lisa y llana. Los únicos ganadores aquí y ahora son las empresas de tecnología, en Argentina las más conocidas son Mercado Libre y Globant, pero las que sea que operan en la provincia se han quedado fuera de esta imposición.

Lo del déficit de la Caja Previsional es una realidad y debe ser atendida. De hecho, la Caja de Entre Ríos tiene uno de los déficits más altos cuando se la compara con las de sus pares. Y esto de pedir una contribución mayor a quienes la sostienen es algo que debió haber sucedido hace mucho tiempo. Y aunque sea de lamentar, el sacrificio debería ser de todos los que de alguna forma u otra se han beneficiado o se benefician a su expensa, aun cuando sea entendible que los aportes deban ser distintos según el lugar en la escala que tenga cada uno.

Tal vez este sea el momento en el que finalmente se deban dejar de lado elipses y metáforas. Los entrerrianos merecemos que nos hablen de frente en un año en que la economía va a caer, en el mejor de los casos, 15%, algo que no sucedía desde el siglo XIX.

El sector público necesita de un ajuste importante, el déficit que hoy encarna es infinanciable y esta ley que se pasó equivale -en el mejor de los casos- a una caja de aspirinas. A los políticos les gusta ser amables -lo de ellos es no irritar nunca al gran público que los elige-, pero las circunstancias de hoy requieren otra cosa. En cuanto al sector privado, o lo que quede de él después de este desastre, necesitará que se le de confianza y previsibilidad y que por un rato nomas se lo deje de ahogar con regulaciones e impuestos. Aquí la responsabilidad de nuestro gobierno provincial es solo parcial; esas señales tendrán que venir de un gobierno nacional que todavía sigue sin poder mostrar un plan económico para el día después.
Fuente: El Entre Ríos

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