Una circunstancia que no es de poca monta en lo que a nuestra calidad institucional respecta, acostumbrados, o mejor dicho agobiados, por la chatura mediocre de los funcionarios que a todos los niveles nos gobiernan -salvando las excepciones de rigor- las que también existen, o así debemos presumir que lo hacen.
Y una prueba de lo expuesto la encontramos en la realista solvencia con la que ha encarado el gravísimo problema –una verdadera tragedia- del narcomenudeo a todo lo largo de nuestra geografía provincial, desde los centros urbanos más grandes al más pequeño de nuestros caseríos. Un problema, que como hemos tenido ocasión alguna vez comentarlo, hasta hace de esto muy poco fue de competencia de la justicia federal y de la policía del mismo carácter, ya que nuestra provincia no había adherido a la ley nacional respectiva, decisión previa indispensable para tener competencia en la materia.
Mientras tanto, se conocen ahora declaraciones de nuestra ministro, luego de una entrevista que ella mantuvo con el Ministro de Justicia de la Nación, para encarar la implementación de la inserción, ahora dispuesta por nuestro gobierno provincial, en el combate a que venimos haciendo referencia.
De esa manifestaciones ministeriales surge el reclamo del gobierno provincial del envío de los fondos comprometidos por la ley para el “fortalecimiento del sistema carcelario” entrerriano. Al mismo tiempo que precisó la naturaleza del apoyo: más pulseras electrónicas para controlar las prisiones domiciliarias y fondos para que el sistema carcelario tenga más capacidad de alojar personas, porque el sistema carcelario local ya se encuentra más allá del límite de sus posibilidades reales, y mayor equipamiento para los laboratorios de la policía.
Mientras tanto no se privó de apuntar a una realidad cual es que “al narcomenudeo los Juzgados Federales prácticamente no lo persiguen porque su objetivo es atrapar al proveedor o narcotraficante grande y es escasa la intervención en narcomenudeo, por lo cual los reclamos se multiplican en los barrios y ciudades por la venta en los denominados “kioscos.” En lo que la funcionaria vino a dar una prueba de recato casi diplomático, ya que la realidad es que hoy la justicia federal, si bien cuenta con jueces y fiscales bien pagos, carece de la infraestructura y personal suficiente para encarar acabadamente una lucha de este tipo.
Entrando en el detalle de cada uno de esos reclamos de apoyo hizo una expresa mención a la necesidad de fortalecer nuestro sistema carcelario “no tanto porque se prevea una enorme cantidad de personas en prisión sino porque la Ley de Narcomenudeo atrapa a los tipos penales más leves de la ley marco de delitos de narcotráfico”. Dado lo cual agregó que se necesita que “el sistema carcelario tenga más capacidad de alojar personas porque estamos al límite y un poco más, por lo cual apuramos la construcción de cárceles en Paraná y en Federal”.
En ese mismo orden de ideas advirtió que para implementar la ley se debe comprar equipamiento para los laboratorios, como cromatógrafos para analizar la composición del estupefaciente secuestrado, que hoy tenemos solo uno en la provincia y por lo cual se ha demandado a que la Nación aportara dos más”.
De esa manera quedó por parte de nuestro gobierno provincial una estrategia en ese combate, que aparece como correcta, y que significa lograr que los gobiernos nacional y provincial actuando en forma coordinada y complementándose se distribuyan las tareas que deben encararse de manera que “la que la nación persiga al grande y las provincias al chico”, sin que, aclaró una y otra se den noticia recíprocamente de “el grande” o de “el chico” que hace de las suyas, y que ha llegado a su conocimiento.
Es que se nos ocurre que ante una cuestión tan compleja como es la del narcotráfico, esa distinción en apariencia gráfica y simple, resulta difícil que de resultado en la práctica, dado que creemos se nos ocurre se debe asistir una máxima flexibilización en ambos parámetros, los que no deben terminar siendo una compartimentación, sino que deben ser enlazadas bajo la consigna de la máxima “cooperación”.
Señaló asimismo Romero que la implementación de la norma “será gradual” en lo que al gobierno provincial respecta y que “por cuestiones de política criminal se irán estableciendo criterios de actuación que hagan que no colapse ningún sistema, ni penitenciario, ni policial, ni judicial”.
Es que si bien consideró que a nuestra policía se la puede caracterizar como buena, sin perjuicio de lo cual pueden existir casos excepcionales, debe partirse del hecho que no se pueden hacer en un día 100 allanamientos y colapsar todos los sistemas.
Tampoco debe olvidarse la exigencia de una preparación más rigurosa del personal policial de Toxicología, el que por razones obvias debe mostrarse en su totalidad altamente preparado, viniendo a constituirse, el de Toxicología, en un sector con una estructura fuerte y plenamente especializada, de manera que puedan cumplir con su rol trabajar con los fiscales en las investigaciones y los jueces de Garantías.
En sus declaraciones concluyó expresando que “no hay que poner el caballo detrás del carro sino que hay que empezar a implementar la ley y sobre los requerimientos de la realidad, la estadística y el real aumento del trabajo de jueces y fiscales, se comenzaran a crear los cargos”. Y que “en función de eso, después de charlar bastante con diputados y senadores en la comisión bicameral que se formó con ese objeto y pensando en los recursos, la decisión de los legisladores ha sido la de no crear los cargos aún, pero eso no implica clausurar la posibilidad de hacerlo más adelante. Vamos a echar a andar el sistema y luego se irán viendo las necesidades”.
Como se ve, se trata de declaraciones sensatas, centradas en la realidad, ajenas a tantas proclamas rimbombantes pero huecas a las que nos tienen acostumbrados funcionarios apegados a un relato disfrazado de épica.
Frente a lo cual al honesto y franco realismo de sus palabras, lo único que cabría es recordar que el “gradualismo”, que también en este caso cabe aplicar como la única metodología posible en la tristísima situación que ha quedado el país como resultado de la década desastrada, es que debe ser un “gradualismo exigente”, lo que no significa que los avances en la dirección correcta sean concretos, palpables y eficaces, y que todos ellos se encaren y se lleven a cabo en el menor tiempo posible, sino que, dada la urgencia de dar solución a los ingentes problemas de la sociedad, los del narcotráfico y el menudeo son de aquellos en que las soluciones deberían haber llegado “ayer” y no en un futuro impreciso.
