Antes de seguir adelante, se impone formular varias preguntas. ¿Cuál es la razón por la que se esperó tanto tiempo para efectuar la adhesión al régimen federal del narcomenudeo por parte del gobierno provincial, borrando con el codo lo que se escribÃa con una mano, lo que hacÃa que en la práctica esa aparente adhesión no existiera?
Frente a esta situación, ¿es válido sostener, como de algunos sectores se hace, o al menos sospechar que en la anterior administración provincial habÃa sectores que tenÃan vÃnculos con los narcotraficantes mayoristas? A ese respecto, es importante que se empiece a destapar lo que hasta cierto punto -aunque no con el grado necesario de precisión y de certeza- todo el mundo sospechaba y en ocasiones sabÃa. Y que la investigación no se eluda aún en el caso de altos y notorios funcionarios, como es el caso del intendente de Paraná, ya que si bien el mismo sostiene estar sometido a un “juicio amañadoâ€, lo que importa es que se llegue a la verdad cualquiera sea esta.
Es que no existen dudas que la drogadicción -lo que implica la venta y el consumo- se ha extendido entre nosotros en un grado que, sin alcanzar niveles como los de otras provincias -tal el caso de Santa Fe y en ella la situación espantosa de sus dos ciudades mayores, en especial la de Rosario- de cualquier manera existen señales claras de su avance en sitios claves como es el caso de la policÃa provincial.
Es que no es cuestión de tomar a risa, tal como ha ocurrido en algún caso, pero no deja de ser realmente escandalosa la noticia que circula en estos dÃas que no solo se ha allanado la Jefatura de PolicÃa de Villlagay (¡!) sino que han sido detenidos como consecuencia o en el transcurso del procedimiento un comisario y tres agentes, por su supuesta participación en los hechos investigados.
Afortunadamente, no existe noticia de que esta enfermedad cancerosa haya llegado a la justicia provincial, como ocurre en otras como es el caso de las provincias norteñas, donde el grado de habitualidad de las vinculaciones entre funcionarios judiciales y traficantes, llega al grado de haberse descubierto algún juez partÃcipe de una asociación ilÃcita con un objeto de este tipo, cuando no de otros funcionarios que tarifan sus dictámenes o sentencias en beneficio de este tipo de delincuentes.
De lo que se trata es de mantenerse alerta, y a la vez preguntarse de la existencia de números de teléfono disponibles para efectuar denuncias anónimas acerca de hechos de esta naturaleza, y difundir su existencia.
