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Rodrigo Valdés, alto funcionario del FMI
Rodrigo Valdés, alto funcionario del FMI
Rodrigo Valdés, alto funcionario del FMI
Enero y febrero fueron, sin dudas, meses muy duros para la actividad económica y para el poder adquisitivo de los argentinos en general. La sociedad fue alertada sobre el esfuerzo que exigiría superar una herencia difícil producto de la irresponsabilidad, la ineficiencia y el despilfarro; esfuerzo que, en gran medida, se está asumiendo estoicamente. Sin embargo, en medio del duro esfuerzo hay factores positivos a destacar. En efecto, los muy buenos resultados fiscales, con sus repercusiones favorables en los mercados financieros, alientan la esperanza para meses venideros. En concreto, en el primer bimestre del año se acumuló un superávit financiero (aquel que al fiscal le resta los intereses netos) de $856.520 millones.

Es, por supuesto deseable, que los resultados financieros sean positivos, ya que los déficits del Tesoro se pagan con deuda que, eventualmente la población deberá afrontar, o con emisión monetaria que conduce a la inflación, la cual actúa como un impuesto fuertemente regresivo y distorsivo.

Estos resultados positivos no han estado exentos de polémica, la cual fue avivada con la reciente visita de Rodrigo Valdés, alto funcionario del FMI. Declaró Valdés en un foro de especialistas: “En este sentido es muy importante seguir mejorando la calidad del ajuste fiscal. Calidad, quiero subrayar, no cantidad”. Esto viene a sintonía con que, parte importante del ajuste fiscal, se explica por licuación de prestaciones sociales (o sea, crecimiento nominal de dichas transferencias por debajo de la inflación). Al respecto afirmó el presidente Milei "Hay mucho de licuadora y mucho más de motosierra”.

Si bien los resultados financieros son bienvenidos, cuanto mayor proceda su explicación por la herramienta motosierra en lugar de la licuadora, su sostenimiento en el tiempo será más factible e irá en sintonía con la ansiada reducción de un Estado grande, ineficiente e infinanciable, infectado además de corrupción y despilfarro durante varios años.

Sobre el efecto motosierra, se destaca el cierre de organismos de controvertido funcionamiento como el INADI o las “unidades de gestión” controladas por grupos piqueteros o de militancia en partidos de extrema izquierda, entre otras, y tal como anunció el presidente, y en concordancia con lo anterior, la no renovación de 70 mil contratos en el sector público sumado a 50 mil despidos en el mismo.

Estos recortes en la estructura estatal pueden llevar a indignación a gran parte de la población, pero no debe omitirse que desde hace tiempo el sector privado lleva sobre sus hombros una carga crecientemente difícil de soportar y que, ese peso se traduce en resentimiento de la actividad, así como en desempleo, subempleo y empleo informal.

Si llegamos al entendimiento de que, el sector público está desbordado y ese achicamiento estatal tiene su natural correlato en despidos y no renovación de contrataciones, es deseable esperar que el sector privado absorba a los desplazados de ese Estado en restructuración y los lleve a la realización de actividades productivas donde la eficiencia sea la norma.

Lo deseable tropieza con algunos problemas, entre ellos: la productividad exigida por las empresas privadas puede que exceda lo consignado en los CVs de algunos de los desplazados. En efecto, en el sector privado la exigencia de eficiencia es crucial ya que, cualquier empresa de no operar de modo satisfactorio, puede caer en pérdidas o incluso en la quiebra. No hay presupuesto estatal para financiarle irresponsablemente sus déficits. Por otro lado, las empresas ya cargan sus clásicos problemas como para contratar más personal: elevada presión impositiva, rígida legislación laboral, y caída de actividad, entre otros.

La caída de la actividad podría estar encontrando un piso por lo cual los meses venideros nos vayan mostrando “brotes verdes”, sobre todo sobre el último trimestre, y mayormente en sectores ligados a las exportaciones del agro, de allí se iría expandiendo al resto de las actividades. Todo esto, por supuesto, sin imprevistos que obstruyan la recuperación.

La luz al final del túnel en materia de actividad se puede vislumbrar atento a las mejoras en los mercados financieros, que suelen anticiparse a la “economía real”.

Podemos ser optimistas al respecto al observar las alzas en bonos y acciones argentinas, caída del riesgo país, reducción de la brecha cambiaria, y la relativa tranquilidad en los mercados de divisas. Pero, ese optimismo tendría mayor correlato en los hechos con la concreción de una reforma laboral y una tan ansiada reducción impositiva.

Si la presión fiscal, y la carga regulatoria en materia laboral se reducen, las empresas tendrán mayores posibilidades e incentivos para invertir en maquinaria, equipos, tecnología, incrementando así los niveles de capital per cápita y con ello la demanda de servicios laborales, presionando salarios al alza y desempleo e informalidad a la baja. En este escenario, los desplazados del sector público encontrarán más rápidamente su lugar en empresas privadas, que ante la ausencia de tales reformas.

Acerca de la presión fiscal, un informe relativamente reciente del Banco Mundial indicó que dicha presión medida sobre los beneficios es de un 106% para las pymes argentinas. Una carga monstruosa que les dificulta modernizarse y mejorar niveles de productividad, así como aumentar la contratación. Como consuelo, hay un país que tiene una carga peor: las Islas Comoras de África. Todos los demás Estados son fiscalmente más benignos con sus pymes.

En cuanto a reforma laboral, hay mucho por comentar. Cabría mencionar la propuesta de disminución o eliminación temporal para ciertos casos (como agentes públicos) de las llamadas “cargas sociales”. La prevalencia de acuerdos empleado-empresa sobre convenios colectivos de trabajo que en su generalidad no contemplan situaciones diferenciales acorde a la gran heterogeneidad en tipos de trabajadores y de empresas. Es clave, además, la reducción de la litigiosidad laboral para que, tal como advirtiera el economista y empresario Gustavo Lazzari, los juzgados laborales no sigan siendo los cementerios de las pymes. Sobre este último punto, para dar mayor previsibilidad, se destaca la propuesta de que las indemnizaciones por despido sean reemplazadas por un sistema de aportes de retiro similar al de la UOCRA.

En definitiva, la aplicación de la motosierra fiscal genera desplazamiento de empleados del sector público, que ofrecerán sus servicios laborales en empresas privadas. Si bien se podría vislumbrar una recuperación en la actividad, el traspaso al sector privado, así como el despegue mismo de la actividad y la sostenibilidad del crecimiento de la misma, se vería favorecido por reformas laborales e impositivas que liberen las fuerzas productivas de pesadas e innecesarias cargas, promoviendo un ciclo virtuoso de incremento en inversiones, demanda laboral, suba de salarios reales y caída de la pobreza… Que así sea.
Fuente: El Entre Ríos

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