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Los disturbios en Recoleta
Los disturbios en Recoleta
Los disturbios en Recoleta
La secuencia de lo que viene aconteciendo entre nosotros, a partir de escuchar en vivo y en directo en la denominada “causa Vialidad” el pedido de condena a la vicepresidenta y otros quince encausados, es conocida. Y aunque más no fuera que de una u otra forma, todos la estamos viviendo.

El primer acto de una serie que todavía no ha concluido tuvo por reprobables protagonistas de un escrache condenable –como por otra parte son todos los escraches - del que fue víctima la referida vicepresidenta frente a su residencia, por parte de un minúsculo número de personas que expresaban algo parecido más a la mofa que a la alegría, ante ese anuncio.

Un anuncio que debió haber sido motivo en cambio de un recogimiento callado, que es la manera correcta de expresar el sentimiento de vergüenza, que a todos nos debería provocar que se haya llegado a un pedido fiscal con esas características, en el transcurso de un juicio penal.

Ya que burlarse de otro es siempre una práctica censurable, y el hecho que se haya pedido su condena por considerarla organizadora de asociación ilícita, conexa con delitos varios de defraudación contra la administración pública, debe ser -como decíamos- siempre un motivo de vergüenza y no de burla y contento.

La réplica –si es que se puede hablar de tal, porque cabe pensar que igualmente el arribo de fieles seguidores de la ex presidenta, se hubiera producido de igual manera, aunque no hubiera existido la censurable provocación primera- se produjo de inmediato, dando lugar a una larga vigilia que se prolongó hasta el día de ayer.

Cuando a los congregados, escenificando una innecesaria protección a su líder, no solo se los vio ocupar la bocacalle, según se pudo observar desde las ventanas de la vivienda de aquella, sino que se extendió más allá de esa encrucijada, por las calles que allí convergen.

De allí que no es de extrañar que uno de los vecinos del lugar y más precisamente de los que viven en el mismo edificio de la acusada, dando cuenta de un ánimo explicable por la situación que de rebote le tocaba vivir, haya dicho que lo que pasaba ante sus ojos no era otra cosa que “un micro ensayo, de lo que, repetido en mayores proporciones, puede llegar a ser una ciudad tomada”.

Pero con ello no terminó la señalada secuencia, por cuanto en un momento dado, en la mañana de ayer, el gobierno de la Ciudad Autónoma decidió colocar vallas, las que supuestamente iban a servir para impedir la circulación por las calles, y la permanencia en ellas, en el sector donde vive la vicepresidenta.

Una decisión gubernamental equivocada ya al momento de adoptarla –y no de lo que resulta así, después de la lectura del diario de hoy- por cuanto la prudencia indica que no cabe tomar ninguna decisión –por razonable que ella fuera-, cuyo cumplimiento no esté en condiciones de hacerse efectivo, aun utilizando la fuerza pública.

Es por eso que la desafortunada medida significó ofrecer en bandeja de plata a la vice presidenta y sus seguidores un pretexto para que su reacción, se plasmara en un confuso entrevero –no faltará quien la califique de “batalla campal”-, observado en vivo y en directo por todo aquel que se acercase a un televisor.

Trifulca que terminó convertida, con el añadido de un emocionado discurso de la presidenta, en un nuevo paso en dirección a la puesta en escena de su versión ralentizada del 17 de octubre de 1945.

¿Cómo habría que calificar las consecuencias de esta torpeza, la que incluso puede llegar a poner en cuestión la figura de Horacio Rodríguez Larreta? Para contestar a la pregunta se hace indispensable tratar de desentrañar la composición del grupo congregado en esa encrucijada desbordada del barrio que ahora se conoce como Recoleta.

Es que, en el mismo, además de “militantes” –muchos de ellos rentados con recursos oficiales- y aparte de las personas que eventualmente fueron acarreadas desde el conurbano, existía un grupo significativo de quienes habían llegado al lugar movidos por la firme, aunque equivocada, convicción que la vicepresidente había sido condenada, y no meramente acusada en la causa Vialidad.

A estos, si bien les cabe el perdón que se les concede a quienes “no saben lo que hacen”, esa circunstancia lleva a presumir que ese error de juicio puede repetirse ante una eventual sentencia condenatoria que ellos seguramente no leerán, y que, aunque lo hicieran, no estarán posiblemente en condiciones de entender.

De allí, que es esperar de aquí en más hasta el momento en que se dicte esa sentencia, y de allí en adelante en el caso que la misma resulte condenatoria -se lo repite para darle al enunciado un mayor énfasis- se produzca una escalada en los enfrentamientos verbales y los conflictos de todo tipo que son su consecuencia.

Ello en el caso de no asistir en nuestra sociedad a un proceso de reconversión de la conciencia colectiva, que tenga por meta la recuperación de la paz social, la que en la actualidad está, sino perdida, al menos muy maltrecha. Una preocupación, que en su momento pudo parecer exagerada, aunque sus señales, ninguna de ellas, provenga de donde provenga, no pueden dejar de ser pasadas por alto, se hizo aún mayor, luego de los últimos acontecimientos materia de una escueta referencia.

En tanto, restamos importancia a esa mezcla de desafortunados e improcedentes expresiones del Presidente, dado que éste –y da una mixtura de pena y de vergüenza decirlo- se ha convertido, como consecuencia de acciones y omisiones dañinas auto infligidas, en una figura irrelevante.

Más entidad en lo institucional formal merecen, por resultar tanto inconducentes como inoportunos, los pedidos de juicio político al Presidente, que se han formulado en forma personal por algunos legisladores nacionales y en forma colectiva por la principal coalición opositora.

Aunque no se debe dejar de lado la sensata opinión del diputado Nacional Facundo Manes, cuando, al fundar su negativa a sumarse a un pedido de este tipo, señaló que “es un error sacar esa discusión del plano de la justicia, para llevarlo al de la política”.

De donde, buscar focalizar la atención pública –en medio de una crisis como la que estamos viviendo- en un acto procesal, por más de que se trate de un acto importante, cual es el de un pedido de condena por parte del acusador público, es una muestra que no es desencaminado considerar que damos muestra de “la peligrosa sensación que no sabemos lo que nos pasa”. Y que en el caso que lo supiéramos, no nos damos cuenta cabal de cuáles pueden ser sus consecuencias.

Es que, a la hora de castigar a nuestra sociedad, aplicando todo tipo de calificativos denigrantes, el que no hemos escuchado nunca mencionar es el hecho que vivimos en un “estado de sedición permanente”, o, si se prefiere, en un estado de “conmoción interior”, para decirlo empleando palabras de la Constitución.

Estados, ellos, de los que resulta la prueba más acabada, el hecho de ser numerosísimos los casos en los cuales el poder público se muestra impotente en hacer respetar la ley, con el agravante que quienes lo detentan son plenamente conscientes de esa circunstancia, y que su abstención de actuar es consecuencia tanto de la impotencia como de la connivencia, según sea el caso.

De donde, de darse esta última circunstancia -la connivencia-, se hace presente la peculiar paradoja de la existencia de un “gobierno en situación de sedición en contra de sí mismo”, en la medida en que, como consecuencia de sus actos y omisiones, vemos cómo “se alza contra sí mismo”, socavando su poder.

Todo lo hasta aquí dicho viene a decirnos que lo prioritario en estos momentos es tratar de rehacer nuestra deshilachada paz social como un primer paso. Algo que, utilizando expresiones del lenguaje coloquial, quiere decir “bajar un cambio” o “no hacer olas”.

Para que, de allí en más, estar en condiciones de emprender el complejo y empeñoso aprendizaje que nos convierta en auténticos “constructores de la paz”.

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