Los principales beneficiados por el paso del tiempo y la extrema lentitud del proceso judicial son, sin dudas, los responsables políticos del millonario robo, que ni siquiera han sido incomodados con una citación judicial.
Por caso, el ex Tesorero de la provincia, Gustavo Gioria, el primero en apurarse a renunciar ni bien el escándalo estalló en los medios; aunque parezca increíble, no está imputado ni se lo llamó aún a declarar. El hombre anda lo más campante por ahí, siendo que su estudio contable tenía entre sus clientes a la firma Insumos Entre Ríos, acusada por beneficiarse con las compensaciones fraudulentas.
Como también se pasean muy sueltos de cuerpo, aunque estén imputados, el ex funcionario Darío Barreto y los contadores Julio Schmukler y Luis Alfredo Speroni. Los dos profesionales admitieron que cobraban a los empresarios entre el 70 y el 80% del total de los impuestos a compensar y hasta les extendían recibo. Se supone que luego -según relataron a la Justicia- llevaban esos fondos a la casa de Barreto en San Salvador. De allí en más, no hay pistas del "destino final" de no menos de 40 millones de pesos.
La manera en que esta causa se dilata perjudica en cambio a quienes aseguran ser inocentes, puesto que el estado de sospecha que pesa sobre ellos se prolonga de manera indefinida, a la espera de que terminen las indagatorias y la jueza resuelva su situación.
Entre ellos, hay un caso muy singular, que bien podría ser considerado como el colmo de los colmos.
NUNCA COMPENSÓ IMPUESTOS PERO IGUAL ESTÁ IMPUTADA
Así podría resumirse la particularísima situación que atraviesa una mujer que compró un bien inmueble en 2011 y la acusan de haber compensado impuestos de esa propiedad en el año 2007, cuando todavía no era su dueña.
UNA "ANOMALÍA" JURÍDICA
El abogado defensor de la contribuyente, el Dr. Gonzalo Cantallops, explica a quien quiera escucharlo que semejante desatino es posible porque hay una "anomalía" de fondo en la tramitación de la Causa ATER: se ha invertido la carga de la prueba. Ello en razón de que ni ATER ni la Justicia cuentan con documentación alguna que pruebe que las compensaciones fraudulentas se llevaron a cabo y es por eso que le exigen a los imputados que sean ellos los que aporten las pruebas. Pero, ¿qué papeles puede presentar el cliente de Cantallops, si el bien inmueble cuyos impuestos habrían sido compensados en 2007 aún no era suyo?
"Estoy representando como abogado defensor a una persona que adquirió un inmueble en el año 2011. Fue llamado a indagatoria por una compensación de impuestos de ese inmueble del año 2006 tramitada en 2007, cuando todavía ella no era dueña, y nos encontramos con esta dificultad de que la parte acusadora no puede poner sobre la mesa documentación alguna que demuestre que se realizó esa compensación y se le pide a mi cliente que la aporte... Y el problema se agrava cuando, como en este caso, esta persona no hizo compensación alguna, y por tanto, no tiene nada que aportar", insiste Cantallops. Lo que sí presentó es la documentación de la escritura.
La infundada acusación "a ella le causó un daño muy grande", contó el letrado, "porque salió en listados en los diarios" y se vio "involucrada en algo en lo que no tiene ninguna responsabilidad".
LOS QUE COMPENSARON PERO ZAFAN
Pero esta "anomalía" en la Causa ATER, que lleva a la Justicia a invertir la carga de la prueba, a algunos les ha venido de perilla, porque, según Cantallops, "le da la posibilidad a quienes realmente tramitaron compensaciones, hablando mal y pronto, de zafar". ¿Cómo lo hacen? Van a una delegación de ATER, solicitan la boleta y pagan el impuesto supuestamente compensado. Luego se presentan en tribunales, niegan la compensación y muestran la boleta del pago del impuesto, con lo que "quedan totalmente desvinculados de la causa, siendo que ellos sí habían realizado compensaciones en su momento".
En otras palabras, la inversión de la carga de la prueba perjudica al inocente pero beneficia al presunto culpable, al servirle en bandeja una vía de escape.
Como fuere, más allá de esta original situación que atraviesa el cliente de Cantallops, el meollo del asunto es que los entrerrianos aún no sabemos y tal vez jamás sepamos a qué bolsillos fueron a parar los millones de pesos de esta gigantesca estafa, cuyos máximos responsables, por acción y/u omisión, fueron quienes gobiernan y gobernaron Entre Ríos en los períodos investigados.
