Es que si aún la peor de las personas que se puede imaginar merece respeto en función de esa cualidad, ello resulta grave en el caso de una persona adornada por las calidades morales de ese funcionario y el grado de aceptación que encuentra el mismo en el vecindario. Máxime si se tiene en cuenta que lo ocurrido debe ser considerado, en atención a la función que inviste el afectado, como un inmerecido y repugnante agravio a todos los vecinos de la ciudad.
No es que se trate del primer caso de esas características que ha ocurrido entre nosotros, pero no puede a la vez dejar de pasarse por alto, la importancia positiva que reviste la circunstancia que el agredido no hubiera callado lo ocurrido, sino que lo haya hecho público, teniendo en cuenta que sus alcances son de naturaleza institucional. Consideraciones, las precedentes, que deben tenerse, por más que atendibles, considerando el contexto que se vive en nuestra sociedad global en la cual, más allá de lo que es el resultado del emergente submundo del delito, encontramos a una sociedad –inclusive en el segmento de su diligencia- presta para la imprecación, y con el insulto de más baja estofa a flor de labio. Una situación que en el escenario colonense era envidiable –salvo el caso de desafortunadas excepciones- se mostraba exactamente como lo opuesto, para orgullo de todo el vecindario, al que se lo veía medido en el hablar y prudente en el actuar.
Todo lo cual lleva a la necesidad de que se agoten las investigaciones para establecer de una manera rápida y fehaciente la autoría material de lo ocurrido, a la vez de establecer si han existido instigadores o cómplices de esos hechos. Ya que, aunque sabido no siempre es recordado, la impunidad es la mejor manera de abonar el terreno para que se repitan este tipo de acciones a todas luces reprobables.
