Bachelet es una médica y política chilena, cuya personalidad a través de su larga y encomiable trayectoria, ha adquirido una dimensión internacional. Fue marcada por el hecho que luego de la caída de Salvador Allende, su padre –un general de la fuerza aérea chilena- fue a parar a la cárcel por su postura frente al régimen de Pinochet, y murió en prisión. Mientras tanto, ella y su madre, también conocieron de cárcel y vejaciones antes de marchar al exilio. Finalizado el ciclo pinochetista volvió a Chile. Donde como militante socialista formó parte de los gobiernos de la Concertación Nacional, y ocupó sucesivamente los cargos de ministra de Salud y de Defensa, antes de ser elegida presidenta, cargo que después volvió a ocupar una vez más, luego de transcurrido un período; es decir, sin reelección inmediata.
En el plano internacional tuvo una actuación destacada, que la ha llevado a ser en la actualidad Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En tanto, si nos hemos detenido en esa larga mención de su trayectoria, es para –como si fuera ello necesario- reforzar la necesidad de darle la importancia que tiene a la lectura de su Informe, presentado en su carácter señalado de Alta Comisionada, en la 47° sesión del Consejo que se celebró en Ginebra el pasado lunes. A la vez para aventar toda sospecha que un reclamo que pasamos más abajo a señalar como plausible, no quepa ser visto como una forma de sumarse a una pretendida maquinación opositora en contra de las actuales autoridades, ya que la trayectoria de Bachelet en este caso concreto, viene a reforzar la honestidad permanente de su accionar.
Es que en el mismo habría hecho mención expresa –saliéndose de la lectura del texto- a “las graves preocupaciones por la situación de los derechos humanos en la provincia de Formosa”.
Con ello no hizo otra cosa que dar mayor énfasis al segmento del texto del mencionado Informe, en el que se señala que “en Argentina, el equipo de la ONU en el país se movilizó rápidamente para responder a las graves preocupaciones por los derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa, cuando la pandemia se apoderó de ella. El Coordinador Residente de la ONU dirigió una misión de evaluación virtual con la participación de (otros organismos internacionales). Luego inició consultas con las autoridades sobre un posible programa estratégico conjunto de la ONU para responder a la emergencia sanitaria en la provincia, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, que incluyen abordar una serie de problemas estructurales, con especial atención a los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables”.
Para luego alertar sobre los “mayores y más graves retrocesos” en materia de derechos humanos “que hayamos visto nunca”, en medio de la pandemia de COVID-19, que se llevó la vida de millones de personas a lo largo del globo”.
Ello ha hecho, a su vez, a que un analista político, señale que “no hay antecedentes en los últimos años de una mención de este estilo en una actualización oral de la alta comisionada. De hecho, Argentina pasó así de tener la Vicepresidencia del Consejo de derechos humanos a ser citada por la situación comprometida en esa materia, en este caso en la provincia de Formosa”.
La gravedad de lo denunciado no queda mitigada, por el hecho que esa mención se efectuó junto a episodios de graves violaciones a los derechos humanos registrados en Camboya, Serbia, Guinea, Ucrania, Madagascar, Líbano, Afganistán, Bielorrusia, China, Colombia, Etiopía, Haití, México, Mozambique, Rusia y Sri Lanka, ya que nos encontramos ante la mención de una situación que nos involucra directamente, y de la cual se vuelve cómplice el gobierno nacional, al no haber tomado las medidas adecuadas para su solución.
Se nos ocurre, mientras tanto, que la misma no puede ser otra que la apelación al “remedio federal”, o, lo que es lo mismo, a la intervención federal a los tres poderes del gobierno provincial, ya que todas las denuncias que se han hecho públicas no hacen sino confirmar lo que cabe inferir de los hechos conocidos sobre la situación formoseña, donde se asiste a la presencia de un “verdadero Unicato” -que convierte en una suerte de parodia al “funcionamiento” formal de los tres poderes del gobierno provincial, a los que se los ve actuar de consuno bajo el férreo control de un “gobernador vitalicio”, si se tiene en cuenta que esa es una de la provincias que, junto a la de Santa Cruz, habilitan la reelección por tiempo indefinido de ese funcionario- que viene a transformar en una farsa inadmisible la división de los poderes del Estado, exigidos por la Constitución Nacional.
A este respecto, debe tenerse en cuenta que, según el artículo 5° de la Constitución Nacional, “cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria”. Agregando que “bajo estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones…
A la vez, como consecuencia de esa norma, en el caso que un Estado provincial deje de cumplir con algunos de esos requisitos, la misma Constitución determina su remedio en el artículo siguiente, cuando señala que, de no ser así, el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno…”
Esas son precisamente las circunstancias que se hacen presentes en Formosa, donde se encuentran vulnerados tanto el carácter republicano del gobierno, el que ha dejado de estar garantizado, a juzgar por hechos reiterados de conocimiento público, el ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente.
No se nos oculta que una medida de este tipo encontraría una férrea resistencia por parte del oficialismo, el cual, como se sabe, cuenta con mayoría en el Senado de la Nación. Pero, por otra parte, no podemos dejar de computar la circunstancia que la situación formoseña y el remedio para ella propuesta, no solo se formula luego de la demostración de una larga paciencia frente a “un vaso que se ha terminado de colmar”, y que viene a constituirse en un verdadero “puente de plata” que permita a ese mismo oficialismo, asumir la iniciativa para lograr la deseada y a la vez indispensable reconciliación nacional.
