Una localidad del “conurbano” – del AMBA, como ahora ha comenzado a designarse, a esa área geográfica que incluye la ciudad de Buenos Aires- y que se encuentra ubicada a casi cuarenta kilómetros de nuestra ciudad capital, la que ahora además de revestir la condición de Capital de la Nación, cuenta con un gobierno “autónomo”.
Permítasenos abrir, casi de entrada no más, un paréntesis para señalar algo: “que cada vez menos lo será”, a estar a pronósticos agoreros. Dado el hecho que ya se la ve, a Buenos Aires, cada vez más asfixiada, por el creciente recorte en el monto de las sumas que percibe del Tesoro Nacional.
Sin embargo, de los que estamos convencidos, es que en la mayor parte del mundo se desconocía la existencia de esa ciudad. Mientras que al nombre de Guernica se lo asociaba a un famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado entre los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de la pequeña localidad vazca de ese nombre, ocurrido el 26 de abril de dicho año (1937), durante la guerra civil española.
Un cuadro que viene a mostrar –es una manera de decir, ya que la manera de pintar sus cuadros por el famosísimo y reconocido por su valía pintor, no la hace fácil en lo que a la interpretación de sus obras respecta- los rastros que dejó ese acto de guerra ejecutado contra víctimas civiles residentes en el lugar, y que se traduce en un desparramo de personas, animales y cosas totalmente descuajeringadas, y hasta convertidas en trozos, como consecuencia de la explosión.
En tanto, en nuestra triste actualidad, estamos convencidos –aunque no le asignamos a esa convicción, la calidad de otra cosa que de una opinión- que Guernica, la nuestra, y sus tierras circundantes, resulta más conocida para todos nosotros ahora que ese cuadro, como consecuencia de la toma de terrenos privados –se habla de cien hectáreas- en el lugar.
Acción llevada a cabo por parte de “pelotones organizados” conformados mayormente por familias en situación vulnerable - no le asignamos la condición de “en situación de calle” dado que de alguna parte salieron, y no precisamente de una calle, salvo que se trate de una también invadida con anterioridad-, familias vulnerables, decíamos, convertidas en “carne de un cañón”, afortunadamente hasta este momento, tan solo ilusorio.
Todos ellos que siguen directivas de “comandantes”, cuyos nombres se ignoran y que la justicia no se ha cuidado en establecer a pesar del carácter delictivo de su “emprendimiento”.
Ya que estos comandantes auto proclamados, tuvieron necesariamente que ocuparse, en un primer momento, de efectuar la “inteligencia previa”, que permitió determinar cuál era el terreno más adecuado para convertirlo en campo de “operaciones”.
A lo que siguió por parte de estos mismos comandantes, el estudio del terreno y su prolija demarcación. Por la cual, se lo dividió en lotes generosos, a los que se procedió luego a amojonar. Todo ello, sin que se sepa que la justicia haya investigado quiénes eran los “agrimensores” que se encargaron de esas operaciones de mensura y amojonamiento.
En tanto se procedía “al reclutamiento” de familias o de meros individuos en solitario; quienes iban a constituir los aludidos pelotones, utilizados como es sabido, para llevar a cabo la operación de invasión. Sin dejar de advertirse que, al mismo tiempo, alguien se ocupó de contratar los vehículos que iban a efectuar su traslado, y en su caso de sus escasos petates.
Todo ello con destino a la tierra que iba a ser materia de la invasión, y en su caso de esa exitosa –aunque en apariencia precaria, aunque es algo que solo el transcurso del tiempo lo dirá- apropiación.
Somos de aquellos –lo que no significa que seamos los primeros- que no dejan de reconocer que, ante la dimensión de la operación, y la condición especial de las personas que se han encontrado antes de convertirse en “ocupas”, en parecida situación de padecer condiciones infrahumanas, cometiendo “delito en tropel” - aunque se trate de un tropel no por ellos “organizado”, no se las puede tratar de la manera que se hace con otros que delinquen, incluyendo a los “de puerta giratoria”.
Es que estamos no solo ante este tipo especial de autores de un delito, sino que dada sus circunstancias y característica debe admitirse que, a la hora de buscar y encontrar responsables debe comenzarse por hacerlo en el Ministerio de Seguridad de la Nación y a sus fuerzas de seguridad –no menciono a los servicios de inteligencia, porque entendemos están privados de la ´posibilidad de efectuar “inteligencia interna”-, por no haber llevado a cabo tarea alguna de prevención, que permitiera evitar lo ocurrido.
Máxime, tratándose de algo “que se veía venir”, y respecto a lo cual ya existen antecedentes. Y a lo que se agrega que ya ante “maniobras preparatorias” complejas y ostensibles correspondía haber actuado con presteza; precisamente con esa presteza que resulta extraño verla actuar en estos casos.
Es por eso que esa falta de prudencia a la hora de decidir “la expulsión” de los terrenos ocupados, por parte de sus apropiadores, vienen a seguir una serie de decisiones, las que no significan otra cosa que la de “posponer” la sentencia judicial primera de desalojo “inmediato”, y ello en forma repetida.
Existe un periodista que ha acuñado la frase que “gobernar es posponer” –aunque ignoramos el verdadero sentido de sus palabras-, pero convendría advertir que el que nos ocupa es un caso que a la vez es asimilable -y al mismo tiempo no lo es- al de algunas de las adoptadas y aplicadas –a medias- en el marco de la actual pandemia.
En la que es archiconocido que en esa situación, prórrogas sucesivas mediante, hemos transformado a la “cuarentena”, en no otra cosa que en un engendro “sietemesino”.
Algo que no es de nuestro interés ocuparnos, pero sí nos sirve para ejemplificar lo que acontece con las “tomas de Guernica”, donde el transcurso del tiempo que sigue corriendo, sin cumplir una decisión adoptada, en su origen para su cumplimiento inmediato, viene a que se diluya día a día la autoridad de quien así dispuso, y con ello y en general el concepto de autoridad.
Al mismo tiempo, que transcurrido el lapso que debe aquí sí considerarse como prolongado entre la toma y el día de hoy, ya deberían existir noticias claras de una investigación en curso encaminada a establecer, tanto en la manera como se desarrolló la operación y quiénes fueron sus organizadores y partícipes necesarios en las mismas, como de su “capacidad de fuego” para seguir actuando en consecuencia.
Como se ve de la investigación nada se sabe –ni siquiera si ha comenzado-, la justicia vacila entre la imprudencia y el posponer, y al Estado se lo percibe ausente.
