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La vaca no es una vaca cualquiera, no porque dé leche merengada, como reza la canción, sino por haber dado origen a una causa judicial, la que viene a mostrar hasta qué punto estaba imbricada la corrupción en la administración pública entrerriana hace de esto casi cuatro años, antes de que Gustavo Bordet llegara a la gobernación. Dando muestras de un meritorio esfuerzo, para ir emprolijando sin alharacas, mientras a la vez dar muestras de sus dotes de equilibrista.

Es obvio que no es la designación que le hemos dado la que lleva la causa, ni el número de su legajo, sino el curioso nombre con el que algún periodista ingenioso la bautizó –“la causa de la vaca”- (¿nos acordamos todavía de la vaca que aparecía repetida, siempre la misma, en innumerables carteles de propaganda oficial colocados en las rutas de nuestra provincia Esa es la vaca) en la que se investiga una situación fraudulenta, la que el portal Análisis describe con precisión quirúrgica, haciendo referencia a la investigación vinculada con la orientación de contrataciones de publicidad en vía pública en beneficio de determinadas empresas, o simplemente el pago de coimas,en la administración anterior a la del actual gobernador.

Se trata de una causa en la cual se defendió como si fuera un proceso paralelo en el que un empresario conocido en su entorno por el apodo de el Cuchi y apellidado Bustamante, llegó a un acuerdo con la fiscalía, homologado por el juez de garantías respectivo en un juicio abreviado en el que se reconoció culpable –o sea una suerte de arrepentido- en la que se lo condenó a dos años y medio de prisión en suspenso, en pago de una multa y la realización durante dos años de trabajos comunitarios.

Cabe destacar que la causa principal abierta contra altos funcionarios gubernamentales, familiares y personas del entorno de todos ellos sigue abierta y en trámite de juicio oral. A la vez que omitimos dar sus nombres por considerar en esa causa existe acusación pero no sentencia firme.

Un detalle no menor a destacar es que el Cuchi le pagó al gobierno provincial la suma de cuatro millones ochocientos milpesos en concepto de resarcimiento por los daños causados a la provincia.

Un episodio que además de demostrar la profundidad del estado de corrupción vivido, cuando la contratación pública era, con una frecuencia inusitada y repudiable, la generadora de un negocio paralelo que comenzaba por izquierdas, pero que terminaba incluido en el que se hacía en apariencia por derechas, para decirlo remedando las palabras de uno de nuestros articulistas; viene a mostrar la inoperancia de nuestros organismos de control, ya que este tipo de cosas no pueden descubrirse “por casualidad”, o como ha ocurrido en el orden nacional, consecuencia de un hecho tan azaroso como que hubiera un chofer al que se le ocurriese detallar minuciosamente sus viajes, y de los funcionarios que él transportaba en “unos cuadernos”.

De cualquier manera, no se puede sino destacar el accionar que tanto la Fiscalía judicial como la Fiscalía del Estado provincial han tenido en relación a los acontecimientos que hemos hecho referencia. Todo ello demostrativo que cuando se quieren hacer las cosas como corresponde se puede, a la vez que esta demostración de encomiable voluntad, despierta la esperanza-al ser como es ejemplar- encuentre seguidores, que contribuyan a encarrilar las cosas de los cauces de los que nunca debimos haber salido.

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