La crítica ideológica parece mal fundada, pero la transacción resultan sin dudas controvertida

Un foco de conflicto interno se desató en Cambiemos a partir de la decisión del Ejecutivo de enajenar las tenencias accionarias del Estado en varias empresas privadas del sector eléctrico. El conflicto se centró sobre la decisión del Ministerio de Energía y Minas (MIMEM) de poner a la venta el 50% que Enarsa tiene en las acciones de Citelec, la controlante de la mayor empresa de transmisión de electricidad del país, Transener.

Vceros de la UCR, incluyendo a Ricardo Alfonsín y Ernesto Sanz, se manifestaron en contra de lo que consideran una privatización de Transener. Alfonsín consideró la decisión como una cuestión ideológica.

Ciertamente, decidir si la actividad debería ser ejecutada por privados o por el Estado es una cuestión de ideología, sujeta a opiniones divergentes. Pero no pueden discutirse los hechos duros, sobre los que Alfonsín no parece estar bien asesorado. El Estado no controla Transener (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene el 19,6% de las acciones), ni a su controlante Citelec (donde Enarsa tiene el 50% de la acciones). La compañía fue privatizada en 1993; mal puede, entonces, decirse que ahora se la esté privatizando.

Lo que ocurrió fue que, en septiembre de 2016, Electroingenería ("Eling") anunció que había recibido una oferta vinculante por el 25% de las acciones de Citelec que había adquirido a la brasileña Petrobras en 2006. En ese momento, Enarsa, que ya tenía 25% del capital de Citelec, ejerció el derecho de preferencia y acrecer que le otorgaba el Estatuto Social de Citelec y compró el paquete.

Enarsa pagó US$ 27 millones por 25% de Citelec. En ese momento, Hugo Balboa, titular de Enarsa, afirmaba que, con distintos escenarios, "una vez aplicadas las subas (de tarifas) se lleva el valor de mínima a US$ 60 millones y el de máxima a US$ 200 millones." Apenas unas semanas después, tuvo lugar la audiencia pública que daría lugar a grandes aumentos tarifarios para Transener. Corolario: desde aquel momento, Enarsa multiplicó el valor de su inversión por 7.

Ciertamente, en aquel momento Enarsa aprovechó una situación particular: Eling, apremiada por la acumulación de deudas y con muchos de los proyectos que había ganado al amparo del kirchnerismo en revisión, necesitaba liquidez a toda costa. Incluso, su subsidiaria Intesar había refinanciado un título de corto plazo en el mercado con la condición de que parte del producido de la venta de Citelec se aplicara a la precancelación de dicho título. Cuando Enarsa hizo el pago, todo el dinero fue a pagar deudas de Eling y sus subsidiarias.

Por otra parte, el escándalo de Lava Jato en Brasil acumulaba dos denuncias de coimas pagadas durante la venta de Petrobrás en 2006. Aquella transacción había sido bastante escandalosa, pues el Estado no aprobó la venta al fondo estadounidense Eton Park y dirigió la operación hacia la empresa de Gerardo Ferreyra.

"No queremos un Estado tonto", era una justificación para haber ejercido el derecho de preferencia en 2016. Multiplicado el valor por 7, también podría ser dicho ahora.

Y sin embargo, corresponde hacerse algunas preguntas que nada tienen que ver con la ideología. Primero, aunque Citelec no es una empresa con oferta pública de sus acciones, su valor depende del valor de su controlada Transener, que cotiza en la Bolsa. Siendo que el MIMEM es un actor central en la fijación de tarifas y, por extensión, en el valor de las acciones de Transener, cabría preguntarse si en aquel momento no utilizó información privilegiada para realizar la transacción. Y si no la estará utilizando ahora también.

Segundo, comprar y vender acciones es una actividad normal entre privados. Pero jugar al operador de mercado no corresponde al Estado, aun cuando su operación haya sido tan rentable.

Finalmente, las condiciones en que se compró la participación del 25% en Citelec a Eling, con ésta última apremiada por los acreedores y vendiendo cuando ya parecía cierto el aumento de tarifas a Transener, se asemeja mucho a una operatoria de fondo buitre, otra práctica que tampoco parece propia del Estado.

No está mal querer que el Estado no sea un socio o un actor tonto. Tampoco es una cuestión de ideología la venta de participaciones minoritarias en empresas que ya son privadas. Pero ciertamente no parece oportuno hacer actuar al Estado como si se tratara de un actor del sector privado. Incluso, como si fuera el más vivo de los actores.

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