Las dos bibliotecas, una a favor y otra en contra,- como se dice habitualmente -son igualmente verborrágicas. Intensas. Interesadas.
Las voces que cuestionan con dureza el proyecto no son malas, como tampoco lo son aquellas que lo defienden. La síntesis, en ambos casos, es el interés particular que se defiende en cada caso. Ni buenos ni malos. Simplemente, intereses distintos.
A un par de días de ingresado el proyecto a la Cámara de senadores, oficialistas y opositores dialogan a través de los medios en un soliloquio que sólo comprenden entendidos, porque la reforma, de hecho y en sí misma, no está entre las prioridades de la gente aunque luego, un cambio en las condiciones de una elección modificarán nada más y nada menos que la transparencia y agilidad de una elección.
El clamor por una reforma electoral se oye desde hace tiempo. Sin embargo, las palpables contradicciones advierten que ni propios ni extraños poseían un capital académico y vertebral sobre cómo y de qué modo debía ser la reforma.
“No puedo votar una ley que atenta contra el partido que presido”, dijo el diputado Gustavo Guzmán que es, además de legislador, presidente del PJ Departamental de Paraná y que está enrolado en el peronismo de Julio Solanas, que además de ser diputado nacional es uno de los que se anota en la carrera por la intendencia de la capital, donde ya estuvo en dos ocasiones: En 1991-1995 y 2003-2007 para luego, más tarde, competir por la gobernación en la fórmula que integró con el ahora intendente de Concordia Enrique Cresto, que disputó la elección contra las fórmulas peronistas de Sergio Urribarri – Eduardo Lauritto y la radical de Gustavo Cusinato – Alba Lopez de la que resultó en tercer lugar.
A Guzmán y al margen de Solanas, le contestó el concejal también paranaense Enrique Ríos para quien la posición del diputado peronista “es carente de seriedad” ya que “todos recordamos que hace muy poco tiempo usó los nombres de compañeros de unidades básicas para elaborar un comunicado trucho con el que tuvo su momento de fama; así que mal puede resguardar la institucionalidad del Partido Justicialista”, lanzó el edil en el escrito de prensa que difundió este jueves.
Como se ve hasta ahora, la reforma más que mirar hacia adelante es un gran espejo retrovisor que exhibe, sin pudor, las heridas que quedaron abiertas y que no son frescas y tampoco consecuencia de nuevas disputas.
El debate, que por estas horas se coló en los medios, está más centrado en la legitimidad que tiene la propuesta, que para algunos radicales como el diputado Jorge Monge, es “palmariamente inconstitucional”, mientras que para el peronista Diego Lara, la iniciativa, en cuya redacción estuvo involucrado, “no tiene nada de inconstitucional”.
La izquierda, por ejemplo, ya hizo notar que la representación de las minorías es un tema pendiente. Pero la observación no trajo ninguna novedad a los partidos tradicionales como el radicalismo o el peronismo, porque la Ley Castrillón estuvo hecha a medida de la eliminación de las minorías y en el radicalismo el tema está pendiente.
Puntos de vista, matices, y la necesidad de alcanzar una propuesta superadora van a signar por estos días la discusión parlamentaria en torno a una reforma que toca a todos y en la que la mirada del gobierno nacional no está ajena. De hecho, el texto ya mereció una opinión en ese orden.
La semana entrante, Diputados volverá a sesionar. Y el Senado deliberará en comisiones. La ministro de Gobierno, Rosario Romero, reveló que el gobernador Bordet quiere esta ley a mediados de año. Así las cosas, queda un puñado de días de abril y el corto mes de mayo para debatir. El receso invernal y el mundial atravesarán esta propuesta con la misma intensidad que cada una de las fuerzas con representación parlamentaria defenderá sus posiciones antagónicas en algunos caos y en otros, no tanto.
Los tiempos son cortos. Los debates grandes. En el medio de los dos, serán los legisladores las comadronas de una nueva ley que era una vieja deuda, pero no hay certeza sobre cuánto y a que costo quedará saldada.
