No es ésta la oportunidad de dar pie a la discusión acerca cual de esa restricción resulta más soportable, sino que consideramos que por motivos varios, corresponde prestar atención preferente a la grave cuestión comunitaria, que significa el ver vacío los tanques y encontrarse que el agua no sale de las tantas canillas que existen en una casa. Dejando de lado los dramas todavía mayores, no ya de los que cuentan con una sola, sino de otros que, por no contar con ninguna canilla, deben ir a buscar el agua en otra parte.
A ello se agrega que por lo general el servicio eléctrico es todavía, al menos en apariencia, más eficiente -con un nivel de interrupciones en el suministro menores en el número y duración- sino por el hecho que, en función de diversos motivos el problema que significa “quedarse sin agua” no es uno que perjudica al vecindario, tan solo en la temporada estival. En tanto, la explicación de la existencia del mismo tiene, en apariencia al menos, una simplísima explicación; cual sería que, en la mayoría de los casos, no se efectúan las inversiones necesarias –y en la forma adecuada-, para estar en condiciones de prestar ese servicio como corresponde. Un hecho indirectamente constatable, si se presta atención al hecho que las grandes inversiones en la materia muchas municipales –por no decir todas- la efectúan, no con “fondos propios”, sino con los que se obtiene del gobierno nacional o provincial. A lo que se agrega que en la mayoría de esos casos, ello resulta posible dada “la vinculación” del alcalde de la localidad, o de algún legislador, con un funcionario con poder decisorio en el manejo de la caja en otro nivel del gobierno.
De allí nuestro parecer, acerca de la utilidad de acometer un estudio concienzudo sobre las causas por las que se producen una y otra vez “cuellos de botella” que dificultan la regularidad y la dimensión adecuada del suministro -por más que el ingenio y el esfuerzo de los entes municipales en apelar a todo tipo de parches y remiendos, con el objeto no siempre posible, de lograr la superación de las fallas en el mismo que se presentan de una manera cotidiana.
Un estudio cuya realización sugerimos debería tener varios objetivos. El primero de ellos es establecer si las municipalidades están en condiciones de llevar a cabo las inversiones necesarias para que ese servicio se preste de una manera adecuada y de llevar a cabo una reordenación global de sus gastos que permita eliminar aquellos que sean ineficientes. Después de lo cual, y determinada “la capacidad de inversión municipal” para hacer lo necesario para la prestación de este servicio y en el caso que quede comprobado ella resulta inexistente, más allá de la equidad en la tributación y de la eficiencia en el gasto; ver la manera más adecuada con la que el gobierno provincial deba hacerse presente; ya sea asumiendo en forma directa su prestación, o de no ser ello lo conveniente, de qué manera y con qué resguardos puede auxiliar a las municipalidades a que lo hagan como corresponde. Todo ello descontado que éstas puedan asumir, por sí solas, el servicio de cloacas.
