Obviamente, no hay un alud de inversiones extranjeras en Argentina a pesar de estas condiciones. En el mejor de los casos, las empresas que ya están reinvierten las ganancias, y no porque estén convencidas de los méritos de invertir en Argentina, sino simplemente porque el Banco Central no permite que se las lleven al exterior.
Es contra este telón de fondo que se dibujan algunos de los estrafalarios anuncios de mega inversiones que cada tanto tiempo recibimos, y que raramente se concretan. Uno de los problemas que tienen las decisiones de inversión es que los tiempos entre la decisión de analizar un proyecto y el arranque del proyecto pueden pasar años. Años que en Argentina pueden cambiar todo el escenario y hacer que lo que en un momento se veía bien, en otro sea una aberración. Se sabe: en nuestro país, las leyes, las tasas impositivas, las regulaciones, los contratos, duran lo que dura un gobierno. Si el plazo de construcción y repago es mayor, la mejor decisión parecería ser la de no avanzar.
Uno de los factores más sobrevalorados por los políticos a la hora de los anuncios de inversión son los estímulos extraordinarios. Es posible que esa sobrevaloración provenga de que la mayoría jamás ha debido poner en juego capital propio en una empresa. En general, y en particular en Argentina, ninguna empresa encara un negocio si éste no funciona con las condiciones que a todos aplican, porque las condiciones extraordinarias podrían ser temporarias y acabar con la ruina del proyecto. Salvo, claro está, que se trate de “capitalismo de amigos”. Pero eso es algo que no viene a este caso.
Hace unos meses, se había anunciado que la empresa australiana Fortescue instalaría una planta de hidrógeno verde en Río Negro, con una inversión de US$8400 millones. El Presidente lo anunció con bombos y platillos. Los australianos, más cautos, sugerían que habría que ver en detalle las condiciones. En ese momento, los medios especulaban con que los montos a ser invertidos ingresarían al país al tipo de cambio paralelo y la capacidad de repatriar dividendos cuando estuviera en producción.
Algo similar sugirió el ministro Guzmán esta semana durante su visita a Houston, en los EE.UU.: adelantó que va a flexibilizar el cepo cambiario para algunas empresas de producción de hidrocarburos, de manera selectiva, para incentivar la entrada de divisas al sector. ¿Van a entrar dólares al tipo de cambio paralelo y poder repagarse el capital al tipo de cambio oficial? Ese sí que parece un buen negocio. Suena raro esto de tener una política cambiaria para algunos y otra política cambiaria para el resto. Quizás sea legal, pero, si lo es, debe arañar la ilegalidad.
¿Por qué, si se supone que el tipo de cambio paralelo incentivaría la entrada de capitales, directamente no dejamos que el tipo de cambio valga lo que debe valer? ¿Es una decisión económica o una decisión política? ¿Es porque se cree, erróneamente, que así combatimos la inflación, o es por el placer de creer que se puede dirigir la economía?
El capital más fácil de atraer parece ser el de los propios argentinos. Al fin de cuentas, muchos de ellos tienen grandes sumas “enterradas” en el país, y repatriar capital les debería demandar menos tiempo de investigación. Pero por algún extraño motivo, a ese capital lo castigamos con impuestos, cepos y condiciones que lo impulsan a permanecer en el exterior, cuando no a forzar la fuga, incluso, del capitalista hacia otra jurisdicción ansiosa por albergarlo.
Podría ser un gran momento para invertir en Argentina. Pero las inversiones no llegan. El mundo puede vivir sin nosotros. No somos un país serio. Un conocido empresario nos decía esta semana que ni siquiera somos lo suficientemente serios como para convertirnos en un problema para el resto del mundo.
