Hay mucho de cierto, en aquella expresión de que “obras son amores”. Obviamente en el caso de las que están hechas con esmero, acompañadas de esa garra que conocemos como esfuerzo. Sobre todo cuando implica sacrificios, y más aún cuando significan un sueño consumado.
Demás está decir, que ese sentimiento acrecienta su dimensión, en el caso de tratarse de obras hechas para perdurar en el tiempo y cuando así resulta mejor, de manera que sea motivo de disfrute no solo para quien la concibió y llevó a cabo; sino también -en el caso de una familia- para todos los que integran las de ese realizador, a los que se une el disfrute anticipado que significa el pensar en aquéllos que a la familia están por llegar y todavía no están. Igualmente a lo que sucede en el caso de comunidades no solo firmemente arraigadas y consolidadas, sino que se mantienen vivas por el fuerte sentido de pertenencia –que de esa manera pasa a formar parte de su identidad- en el caso de quienes las integran.
Pero trasladadas las precedentes consideraciones al ámbito de la política, y dejando de lado el hecho de que para el gobernante que puede llegar a considerarla “su” obra, y si no le provoca amor, al menos siente orgullo por ella, y hasta haciendo historia, en el caso venga acompañada con el descubrimiento de una placa en la que puede leerse moldeado en bronce su nombre, la cuestión es otra y se convierte en una razón en la que vienen a quedar involucradas varias disciplinas que sí se ocupan de la política; y lo hace teniéndola no como práctica, sino como objeto de estudio.
Es aquí donde queda plantada la cuestión de si las obras públicas son en sí misma amores, o si lo son en cuanto su realización se traduce en votos. Algo que expuesto en lenguaje más sofisticado vendría a consistir en el planteo de hasta qué punto un plan de obras públicas ejecutado de una manera plena y exitosa puede servir para que sus autores logren triunfar en las primeras elecciones llevadas a cabo, donde está en juego su reelección o el triunfo de los candidatos de su bandería partidista.
Y es sobre este tema, aunque no focalizado precisamente en el mismo, del que se ha ocupado de manera sesgada el periodista Fernán Seguir en una nota publicada en el diario La Nación en su última edición dominical, dedicada a la forma de “hacer política” de la actual gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Es de esa nota precisamente de donde extraemos el párrafo siguiente “Dónde quiera que vaya, Vidal recita un mismo libreto: comparar sus tres años con lo hecho en los 28 anteriores e ininterrumpidos del PJ en la provincia. Saca pecho con un listado nada desdeñable: 700.000 bonaerenses con cloacas nuevas, un millón con red de agua potable, 1800 obras finalizadas y 1100 en ejecución, la repavimentación de 22 rutas en 41 municipios, 25 oficinas del Estado en barrios vulnerables, casi todas las guardias de hospitales renovadas, internet en 5000 escuelas y 101 municipios con SAME, entre los logros principales. Inventario que incluye una carta silenciosa y poco marketinera para tiempos electorales: las obras estructurales hidráulicas. Muchas de las cuales tienen baja visibilidad y no dan rédito político, ya que serán inauguradas en el próximo mandato, sea quien sea el gobernador.
Son las "obras invisibles" nunca hechas o terminadas en la provincia inviable. En estos días, en el corazón de la pampa húmeda, entre dragas, grúas y excavadoras, avanza casi de incógnito el proyecto clave: el dragado y la canalización de la cuenca del río Salado, que costó más de 1500 millones de dólares y estará listo recién entre fines de 2021 y 2022. Es una obra que modificará la realidad de miles de productores rurales, porque volverá productivas 1,2 millones de hectáreas de 61 municipios que hace décadas han quedado y siguen estándolo bajo el agua. "Es la obra que le va a cambiar la vida a la provincia", asegura el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís”.
Pero en la ocasión hacemos abstracción de la cuestión de la mayor o menor cantidad de votos que a esa gobernadora le puede traer aparejado ese abrumador número de realizaciones en las próximas elecciones de octubre, en las que buscará su reelección. Ni tampoco nos interesa utilizar esos datos con la finalidad de comparar la gestión gubernamental de la nombrada con la de sus antecesores, desde Armendáriz, pasando por Duhalde y llegando hasta Scioli. Ni siquiera ponernos a conjeturar, en lo que seguramente resultaría un interesantísimo y a la vez entretenido ejercicio de imaginación, lo que hubiera significado para la provincia de Buenos Aires que Aníbal Fernández ganara la gobernación.
Es que nuestra intención es utilizar esa enumeración de obras realizadas en solo tres años en la provincia de Buenos Aires con todo lo que se hizo y se deshizo, para comparar a las realizadas en nuestra provincia en los pasados ocho años, a las que se podría agregar, si se quisiera, el repaso de las gestiones anteriores. Haciendo abstracción de la gestión de nuestro actual gobernador, del cual lo mejor que se puede señalar es que está con tesonera mesura, tratando de “emprolijar la herencia recibida”, esfuerzo que no es poco y que así le debe ser reconocido, teniendo en cuenta que esa tarea la acomete haciendo equilibrios con un justicialismo cargado de contrapesos.
No es que no tengamos en cuenta lo difícil que es comparar lo que es gobernar una provincia como la de Buenos Aires, con otra como es el caso de la nuestra. Pero un empuje como ese a la hora de hacer –y sobre todo de hacer bien- no lo vemos en nuestro caso, a todos los niveles del gobierno local. Circunstancia que viene a explicar cuando menos en parte, sin la excusa ya superada de ser virtualmente una isla, lo que se traduce en dificultades costosas a vencer- el lento pero persistente retroceso relativo –avanzar a menor velocidad significa ir retrocediendo- de nuestra provincia en el concierto de todas ellas.
Algo que no es nada nuevo. Ya que hemos tratado de procurar hacer oír nuestra alerta en repetidas ocasiones.
