Certificado de calidad
La nueva normativa fue impulsada por el oficialismo y especialmente por el núcleo duro de legisladores identificados con el kirchnerismo. Allí la ley establece que busca “promover la equidad de género” en los medios de comunicación, pero condiciona la posibilidad de acceder a la publicidad oficial a la tenencia de un Certificado de dudosa calidad.El texto establece que este Certificado será otorgado por la Autoridad de Aplicación, aunque no define quién será el que ejerza ese rol. Para acceder a esta credencial deberán cumplirse algunos requisitos: allí se medirá en los medios si siguen “procesos de selección basados en el respeto del principio de equidad”, “políticas de inclusión laboral con perspectiva de género” y “protocolos para la prevención de la violencia laboral y de género”, entre otros aspectos relevantes. Pero además, la normativa que pretende regular la distribución de la millonaria pauta oficial que administra el Gobierno Nacional también requiere como requisito esperable “el uso del lenguaje inclusivo” en la producción y difusión de contenidos de comunicación. “Los servicios de comunicacio?n operados por prestadores de gestio?n privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representacio?n de los ge?neros tienen preferencia en la asignacio?n de publicidad oficial efectuada por el sector pu?blico nacional”, sostiene la norma. Les periodistes deberán, entonces, modificar todas sus prácticas profesionales para adaptarse a la requisitoria impulsada por el oficialismo si quieren que sus medios tengan chance de recibir financiamiento público a través de la publicidad oficial.
El fuego amigo
El reparto de publicidad oficial mostró cambios importantes en el primer año de gobierno de Alberto Fernández. Los grupos afines crecieron significativamente en relación a los montos percibidos en concepto de pauta oficial, y los más críticos del Gobierno retrocedieron en su participación. Esto incluyó un fuerte impulso al Grupo Octubre (Página/12) y sus derivados. También incluyó una acción agresiva para sumar más medios con la compra de Canal 9 a manos de Víctor Santamaría que se quitó de encima a periodistas como Viviana Canosa y lanzó, entre otros contenidos nuevos, ciclos como “fuego amigo” o la nueva señal de TV por internet “IP” que también aspira a convertirse en la señal de noticias de Canal 9.Este viraje en la asignación de los fondos de publicidad oficial no es novedad. Ha pasado con todos los gobiernos.
Esta vez la novedad parece ser el establecimiento de nuevos criterios que poco tienen que ver con la cobertura federal, el apoyo a medios independientes o la garantía de una comunicación más plural. Por el contrario, el lenguaje inclusivo parece ser patrimonio de los medios más afines al Gobierno que, ante un revés electoral, esperan seguir teniendo este Certificado de calidad que ahora quiere administrar el Gobierno.
Riesgos para la libertad de expresión
Diversas entidades como FOPEA, ADEPA y otras se han pronunciado advirtiendo por los términos que establece la nueva ley que regula el reparto de publicidad oficial. El mismo texto de la ley anuncia que habrá “llamados de atención” y “apercibimientos” para aquellos medios que incumplan la norma. Este poder de policía asignado a una Autoridad de Aplicación (que no está definida en la misma ley) puede quedar en manos de NODIO por ejemplo, este observatorio de medios creado por el Gobierno que ya tuvo intervenciones poco felices en el supuesto monitoreo de las noticias.Con este listado de requisitos, las futuras asignaciones arbitrarias de publicidad oficial podrán atribuirse a la falta de “certificación” en lenguaje inclusivo que muchos medios de comunicación se resisten a implementar por el simple hecho de no coincidir con esta nueva versión del castellano.
Por el contrario, así como la violencia de género y las prácticas machistas fueron condenadas cada vez con más frecuencia, pareciera que cualquier cambio cultural debiera esperar por el natural proceso de adopción de las sociedades. Cualquier forma de imposición, y más de parte de un Gobierno, generará más resistencias que apoyos, poniendo en riesgo la adopción de los cambios que se dicen impulsar.
Fortalecer a los Medios
El reciente Reporte de Reuters Institute vuelve a dar cuenta que el impacto de la crisis provocada por el coronavirus ha dejado a gran parte de los medios más débiles económicamente. Y mientras algunos países inyectan millones de dólares en sostener y acompañar la continuidad de sus medios de comunicación, Argentina parece buscar formas de quitar del medio cualquier voz crítica que incomode al Gobierno.En estos tiempos de excepción y discrecionalidad, contar con un sistema de medios fuerte y autónomo no es un detalle menor: tal vez sea tiempo que los legisladores salgan de su burbuja y comiencen a reforzar y acompañar los enormes esfuerzos de los pequeños medios del interior del país que hacen periodismo contra viento y marea, aportando información útil y confiable a miles de vecinos que hoy dependen de ese flujo informativo para saber cómo cuidarse, el alcance de las restricciones, los días de vacunación o las medidas económicas que se adoptan. De este tema, la nueva ley no dice nada.
