El concepto de democracia está desnaturalizado a partir de la apropiación que la política ha hecho de él, despojándola de su sentido de representación ciudadana. La capacidad decisoria del voto está dirigida por los intereses corporativos de los partidos políticos, que fijan las fechas de elección de manera arbitraria y luego obligan a los ciudadanos a votar por candidatos a los que no conocen, pero que integran una “lista sábana” del candidato de su preferencia.
El concepto de república también está desnaturalizado, pues la relación entre tres poderes del estado que se controlan entre sí como iguales ha devenido, con el tiempo, en una relación en la que el Poder Ejecutivo tiene la sartén por el mango y ejerce una superioridad respecto del Congreso y la Justicia.
Una relación desigual que también queda clara en la relación Nación-provincias: el federalismo ha mutado en una situación de subordinación de la mayoría de los gobernadores al estado nacional, de cuyos giros discrecionales dependen para solventar el gasto de la administración pública provincial.
Lo curioso del caso es que estos legisladores y gobernadores aceptaron dócilmente estas relaciones de desigualdad y la desnaturalización de los principios constitucionales, aunque afectaran los derechos de sus distritos y de sus representados. Por cobardía, por disciplina partidaria o por conveniencia personal, aceptaron ser extorsionados, y se sienten cómodos con esos modos, que a muchos los perpetúan en sus cargos.
La Ley Ómnibus buscaba comenzar a revertir la desnaturalización de los conceptos de democracia, república y federalismo, pero su debate reveló cuán poca disposición a cambiar hay en el Congreso y las provincias. Milei fue, en parte, la encarnación de una demanda para cambiar y quitar a la política sus privilegios. El problema es que ese mandato no se plasmó ni en los votos de la elección general, que configuró la conformación del Congreso, ni en las elecciones provinciales.
Si de Milei se dudaba cómo haría para construir gobernabilidad, el fracaso de la Ley Ómnibus podría haber traído la respuesta: como lo hicieron sus predecesores, con plata. El ministro Caputo ha insinuado que durante enero la administración nacional tuvo superávit global en base caja. Es un resultado notable, sobre todo porque hubo pago de intereses sobre los bonos de la deuda en dólares y sobre el préstamo del FMI. Sin una Ley de Presupuesto 2024, al Tesoro Nacional podrían llegar a sobrarle recursos.
Quizás sea con este as en la manga que el Gobierno se animó a desandar el camino legislativo de la Ley Ómnibus y a predicar en las redes sociales que haber perdido la votación le reportó una ganancia política, pues expuso a los enemigos del cambio. Quizás ello vaticine la represalia. Tras el rechazo de la Ley Ómnibus, el Ejecutivo Nacional podría recurrir, como sus predecesores, a la más arcaica de la formas de la política: el manejo de la caja. El eslogan de campaña que rezaba “no hay plata” podría ser una forma de gobierno que lleva al extremo la discrecionalidad del Ejecutivo Nacional en el reparto de fondos. Para quienes podría no haber plata es para los que rechazaron la Ley Ómnibus.
Los troles de La Libertad Avanza en las redes sociales pregonan que “esta vez es diferente”, pero “no la ven”. ¡Ojalá sea así! Pero Argentina se parece demasiado a sí misma como para aceptar la idea sin cuestionarla. Quizás terminemos en un lugar en que la mayor diferencia esté en quien maneja la caja, pero no en sus formas, que, contrarias al espíritu constitucional, podrían seguir siendo las mismas a las que estamos acostumbrados.
