Desde diciembre de 2015, la reforma de la Ley de Mercado de Capitales fue señalada como una prioridad del Gobierno del presidente Macri. Así, deambuló por la agenda parlamentaria durante 2016 y 2017, y fue incluida en las convocatorias a sesiones extraordinarias de ambos años.
Que esta reforma sea parte de la agenda prioritaria de gobierno no sorprende, pues la política económica tiene una dependencia central del mercado de capitales. Allí consigue que la gradualidad en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos sea posible. Es el mercado de capitales el que ha brindado al Tesoro el financiamiento necesario para que el programa de reducción del déficit fiscal no importara un ajuste draconiano del gasto público.
En cierta forma, casi todas las medidas iniciales tomadas por la administración estuvieron destinadas a la reapertura del mercado de crédito. La resolución del default en la deuda externa, la liberación de la cuenta de capital y la eliminación de las restricciones para la compraventa de moneda extranjera estuvieron entre las primeras decisiones de gobierno.
El trámite parlamentario de la reforma de la Ley de Mercado de Capitales sería el corolario natural para cerrar el proceso de reinserción en el mercado financiero global iniciado con aquellas medidas.
Pero así como su rango prioritario no sorprende, sí lo hace el hecho de que, por distintos motivos y en varios momentos, su trámite legislativo siempre acabara siendo sacrificado en el altar de cuestiones más urgentes, aunque no necesariamente más importantes.
Fuera por los nombramientos de jueces para la Corte Suprema, el acuerdo con los holdouts, el sinceramiento fiscal, la Ley de Impuesto a las Ganancias (en 2016), o por las reformas previsional y tributaria (en 2017), siempre hubo motivos para demorar la reforma de la Ley de Mercado de Capitales.
Al parecer, la importancia que la administración nacional dice atribuir a esta reforma no alcanzó como para consumir en ella el capital político que se consumió en esas otras materias.
No hay dudas de que una reforma previsional o un cambio en el sistema tributario son cambios estructurales necesarios para el largo plazo. Pero las reformitas que tanto capital político insumieron en diciembre pasado quedaron cortas como para constituir un cambio estructural y apenas proveyeron parches para atender las necesidades presupuestarias de corto plazo.
Cuando en 2013 se promulgó la ley 26.831 de Mercado de Capitales escribíamos que ella alejaría a empresas e inversores del mercado de acciones, vistas las atribuciones excesivas que otorgaba a los entes de contralor para intervenir en las empresas, y generaría distorsiones en la asignación del capital, por su espíritu dirigista. Y así fue.
En Argentina, las inversiones en acciones constituyen una parte menor de las carteras de las compañías de seguros, el FGS y los fondos comunes de inversión. El mercado de acciones argentino, cuya capitalización orilla el 15% del PBI, es pequeño en relación con Brasil, Perú y Colombia, donde esa razón es de 40%, y minúsculo respecto de Chile, donde supera 80%.
Al fin de cuentas, sigue vigente la ley 26.831. Mientras no cambie, el desarrollo del mercado seguirá siendo lento y los emisores grandes seguirán migrando hacia los mercados del exterior. Esta semana, Central Puerto y Corporación América Aeropuertos anunciaron que colocarán acciones en la Bolsa. Ambas, con un programa de ADRs en Nueva York, como en su momento hicieron Loma Negra y Grupo Supervielle. El mercado local no alcanza para las grandes empresas.
En los mercados desarrollados, la inversión en acciones es la mejor manera de invertir a largo plazo. Los mayores fondos previsionales del mundo tienen en sus carteras más acciones que bonos y las empresas ven a sus inversores como socios de largo aliento, cuyos ahorros les permiten invertir para crecer.
Hace dos años que las urgencias presupuestarias hacen que el capital político se gaste en discusiones parlamentarias que no siempre importan reformas estructurales de largo plazo. Una vez más, vuelve a rumorearse que la reforma de la Ley de Mercado de Capitales será tratada en 2018. Siendo que se trata de un cambio estructural con beneficios a largo plazo, cabe reclamar que, de una vez por todas, las urgencias no vuelvan a provocar su aplazamiento.
