El caso que abrió la puerta
La situación que permitió comenzar a desentrañar parte de las maniobras ocurrió hace algunos meses atrás, inicialmente con un audio del diputado Ricardo Troncoso reclamando su parte de “la tajada” a un supuesto contratado que figuraba entre sus asesores. Pero la situación quedó al desnudo definitivamente el 20 de septiembre último cuando tres personas, munidas de varias tarjetas de débito, retiraban dinero de cajeros automáticos. Fueron interceptados por la Policía ante la actitud sospechosa. Los nombres a esta altura son una anécdota, pero se trató de Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Álvarez. Los allanamientos posteriores indicados por los fiscales permitieron secuestrar otras tarjetas de débito y más documentación relacionada, que luego derivó en allanamientos a estudios contables de Paraná que también están involucrados.La causa cobra forma rápidamente y alcanza a legisladores de la Cámara de diputados y de Senadores, funcionarios administrativos y contadores externos. Hoy la justicia tiene en su poder 350 contratos de la Legislatura, la mayoría de ellos con sumas entre 35 y 50 mil pesos, y no descartan que las maniobras irregulares involucren cifras cercanas a los 14 millones de pesos mensuales.
El financiamiento de la Política
Es un secreto a voces que buena parte de estas irregularidades que empiezan a salir a la luz forman (y formaron parte desde hace años) de los fondos que financian la política. Desde pago de favores de campaña hasta fondos para sostener la actividad político-partidaria de los legisladores en ejercicio, el tema pone al descubierto la raíz del problema: cómo se financia la actividad política y especialmente cómo se financian las millonarias campañas electorales.Desde los Cuadernos de las Coimas (que golpean especialmente al Kirchnerismo) a los Aportantes “truchos” de Cambiemos, todo indica que la actividad política en la Argentina está plagada de irregularidades de este tipo. Esta causa que comienza a sacudir una de las “cajas” más jugosas, sumado al escándalo de las coimas admitidas por los empresarios contratistas del Estado, dan cuenta que algo anda muy mal en la política argentina. Quienes ejercen cargos de relevancia pública llegan a sus bancas y sus puestos en la mayoría de los casos con condicionamientos de esta naturaleza: o le deben favores a los empresarios que aportan a las campañas, o gastan “a cuenta” de futuras devoluciones que se financian, entre otras vías, con fondos de contratos y dineros públicos que poco tienen que ver con la actividad de los funcionarios y legisladores.
¿Hay voluntad de cambio?
La respuesta inicial a tamaña pregunta, al menos en Entre Ríos parece ser que no hay voluntad para terminar con estas prácticas. La oportunidad de poner sobre la mesa este debate quedó sepultada por la mezquindad política del Gobierno de turno y, probablemente en gran medida, por los beneficiarios de estas viejas prácticas que hacen de la política una actividad con altos niveles de rechazo entre ciudadanos comprometidos. Ni el Gobernador Bordet ni el exGobernador Urribarri quisieron abrir este debate, y en cambio decidieron obturar toda posibilidad de discusión llevando la “reforma política” a un magro proyecto que apenas si da potestad al mandatario de turno para decidir la fecha de las elecciones.Atrás quedaron, una vez más, las posibilidades de construir nuevas vías de financiamiento de la actividad política que supriman estos mecanismos y los reemplacen por un financiamiento público más transparente y fácil de rastrear.
Pero el golpe hace tambalear a todo el establishment de la política, que tal vez a fuerza de recuperar algo de confianza del electorado, avance realmente en una discusión que parece estar detrás de gran parte de los males vinculados a la corrupción.
