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Violencia frente al Congreso
Violencia frente al Congreso
Violencia frente al Congreso
Quienes amenazan al Gobierno con “parar el país” o “frenar el ajuste desde la calle” están, en realidad, amenazando a la democracia.

Dice el artículo 22 de la Constitución Nacional que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.”

El miércoles pasado, un grupo de manifestantes, apoyado por un conjunto de diputados del Frente para la Victoria, intentaron impedir por la fuerza la sesión legislativa que trataba el proyecto de Ley de Presupuesto para 2019. Fue la segunda vez en diez meses (la anterior fue en ocasión del tratamiento de la reforma previsional), que se aplica el mismo método. En aquel momento y en este, la acción de las fuerzas de seguridad devolvió el orden y permitió que los representantes elegidos por el pueblo pudieran seguir adelante con la sesión parlamentaria.

La violencia, aplicada con el objetivo único de evitar que los legítimos representantes de la ciudadanía sesionen, por sí sola se asemeja bastante a una atribución de derechos como la descripta en el artículo 22. Basta revisar un tuit de Leopoldo Moreau, convocando a frenar el ajuste desde la calle, para confirmar tal pretensión.

Los manifestantes violentos y los diputados de una bancada minoritaria que se atribuyeron tal representación cometieron un delito. Pero, ¿habrá un fiscal que los denuncie, y luego un juez que los investigue?

El de la representación es un tema que, al parecer, no les cierra a los dirigentes del FpV desde 2015. Con una falsa y demasiado elogiosa visión de sí mismos parecieran atribuirse la condición de únicos representantes legítimos del pueblo, a pesar de que acumulan sobre sus espaldas nada menos que dos derrotas en elecciones democráticas: 2015 y 2017. Esta última, por cierto, muy abultada a nivel nacional y resonante en la Provincia de Buenos Aires, donde jugaron su carta mayor. Al parecer, la democracia no les cierra demasiado a quienes se consideran únicos representantes legítimos del pueblo.

La realidad es que cuando los diputados se interponen frente a las fuerzas de seguridad o intentan a los gritos impedir que la sesión legislativa pueda continuar, no sería sólo en apariencia que están cometiendo el anticonstitucional acto de sedición. Hacer fracasar la democracia es, en esencia, su objetivo.

Como también es el objetivo de Moyano, de Pedro, Baradel, Scioli y de las muchas otras celebridades reunidas en la misa de Luján el sábado anterior. Curiosa devoción la de algunos de estos personajes, en cuyo prontuario se cuentan más ataques a la Iglesia que domingos en el templo. Y curioso espacio el que cedió la Iglesia. Quizás sea por eso de buscar a las ovejas descarriadas, aún a riesgo de asustar con ello a las fieles.

El hecho es que estos personajes saben que si Mauricio Macri es reelecto en 2019, su futuro será gris. Si las cosas no cambian, a muchos les espera un futuro tras las rejas. Si el Gobierno cae, por el contrario, también podrían caerse las investigaciones. Así es como viene funcionando nuestra justicia.

Pero los riesgos no sólo están con Macri, sino también con cualquier otro candidato que no sea propio. Quizás, entonces, el riesgo esté en la misma democracia y por eso el esfuerzo por impedir que funcione. No se trata de una iniciativa popular (¿cuántos manifestantes violentos había frente al Congreso?), sino de algo mucho más mezquino. Se trata de una iniciativa individual, motivada por ansiedades personales de quienes deben tener muy en claro que las pruebas están en su contra.

Para el Gobierno, muchos analistas creen que este amontonamiento de los sospechosos de siempre tras una causa común debería ser motivo de celebración. En la opinión de muchos ideólogos macristas, mientras más se amontona y más ruido hace la morralla kirchnerista, más rechazo genera.

Pero debería alzar la guardia el Gobierno, y no sólo contar con ese rechazo en las urnas, para las que falta todavía un año: en el desierto del ajuste, el descontento está sin duda en alza. Sobre ese descontento pretenden montarse los sediciosos; esos que ven en los plazos constitucionales un riesgo para su futuro y que, por ello, pretenden una vez más impedir que se cumplan.
Fuente: El Entre Ríos Edición Impresa