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Carlos Raimundi, representante ante la OEA
Carlos Raimundi, representante ante la OEA
Carlos Raimundi, representante ante la OEA
Michelle Bachelet desempeña en la actualidad el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las notas publicadas en diversos medios acerca de la trayectoria de su vida dan cuenta que ella ocupó la presidencia del Chile en dos períodos no consecutivos (2006-2010 y 2014-1028).

También, que fue la primera presidenta pro tempore de UNASUR, y la primera encargada de ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género.

Así mismo, que actualmente es Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ocupa el cargo honorífico de presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud.

Por su parte, las mismas fuentes hacen referencia a la circunstancia que ella es hija de Alberto Bachelet, general de brigada de la Fuerza Aérea de Chile y miembro del gobierno de la Unidad Popular liderado por Salvador Allende.

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, su padre fue detenido por la dictadura militar, falleciendo en prisión, y Michelle junto a su madre, Ángela Jeria, pasaron a la clandestinidad. En 1975, ambas fueron detenidas y torturadas en Villa Grimaldi por los organismos represivos del régimen de Pinochet, antes de partir al exilio político.

A su vez, si nos hemos detenido en esa información de una manera minuciosa, además de mostrar cuál es su meritoria trayectoria, es por sobre todo por el hecho que, atendiendo a la misma, no se la puede acusar en función de ella, de “embanderamiento ideológico”.

O sea que no se le puede imputar una pérdida de objetividad y a la vez de honestidad –dado que asistimos a una circunstancia en la que ambas cualidades se deben dar necesariamente de manera conjunta- en función del cual se la pudiera considerar como parcial, al momento de la elaboración del informe preparado por el organismo que ella encabeza, en relación a Maduro y su régimen.

Corresponde ahora señalar, que cumpliendo actividades propias de su cargo, Michelle Bachelet, visitó Venezuela desde el 19 al 21 del pasado mes de junio. También que, concluida su visita, un equipo de integrantes de ese organismo permanecieron en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.

Como resultado de ese viaje, en el que sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el Presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el Presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares, y del trabajo de sus colaboradores, produjo un informe, el cual recientemente se ha hecho público, complementado con otro dado a conocer este mes, que viene con nuevos hechos de características similares, a reforzar las conclusiones arribadas en el primero de ellos.

El mismo se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela, así como en otras fuentes, y abarca el período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019. Mientras que el complementario se refiere a la situación de ese país hasta el presente.

En realidad, en el informe no se explicita nada que no se supiera, pero de cualquier manera su valor reside en el hecho que todo lo que allí se menciona proviene de una fuente fidedigna, dado lo cual no se la puede calificar, tal cual ahora se ha puesto de moda, como “falsa información” (fake news, como lo diría Donald Trump), como argumento de defensa.

Es por ello que no contiene nada de novedoso la introducción del informe, cuando afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

Y que “un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos”.

El informe detalla a continuación la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

Y agrega que los grupos armados civiles progubernamentales, conocidos como “colectivos”, han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones.

Es así como el organismo internacional, ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.

La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales, ha sido sorprendentemente elevada, según señala el informe. En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año –el actual-, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.

Se ha asistido, también de acuerdo al mismo informe, a la privación arbitraria de libertad de 793 personas, entre ellas 58 mujeres, por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales. Y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados ilegalmente de su inmunidad parlamentaria.

El informe añade que el Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos.

En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que en los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer su hegemonía comunicacional, imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes.

A la vez, el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria, mientras que la situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos.

Es así como en el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, la que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.

Por su parte, la extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra de los llamados pueblos originarios.

La enumeración de verdaderas atrocidades puede ser mayor, pero la consideramos suficiente para ilustrar una situación, que vuelve casi un juego de niños la situación vivida entre nosotros en los tiempos obscuros de “los años 70” del siglo pasado, los cuales todavía falta para que salgan a la luz en toda su trágica dimensión. Claro está, que puede decirse con razón, que un solo asesinato en función de motivos ideológicos es suficiente para que se asista a la tragedia.

En tanto, no puede dejar de llamar la atención la postura de nuestro gobierno nacional en la materia. La misma ha sido puesta de manifiesto en un discurso pronunciado por el representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, cuando en el Consejo Permanente de la OEA, que monitorea la situación política del país caribeño, hizo una fuerte defensa al gobierno de Nicolás Maduro.

Por lo visto, quienes nos gobiernan “no se sacan los lentes” –ideológicos- que utilizan para mirar nuestra realidad, ni siquiera cuando tiene que extender su mirada al mundo que nos rodea.

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