No se puede esgrimir que Milei esté engañando a ese 56% que, a conciencia o de manera inconsciente, lo eligió.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, es un compendio de medidas de desregulación de la economía y de simplificación de los procesos burocrático que podría cambiar de raíz las formas de hacer las cosas en el país. Desregular, en el sentido del DNU, consiste en pasar de un esquema controlado por el Estado a un esquema libre, en el cual se corren riesgos de mercado, pero no riesgos regulatorios. Es una definición ideológica (liberalismo vs. estatismo) no un mero ejercicio teórico, que tiene el potencial de generar grandes beneficios prácticos para quienes no se benefician de las regulaciones, sino que deben lidiar con y contra ellas a diario.
No parece bueno esto de legislar por medio de un DNU. Milei se vale de una interpretación de la Constitución validada durante la presidencia de Néstor Kirchner; esa de que para voltear el DNU es necesario el rechazo explícito de ambas Cámaras del Congreso. También esto debería cambiar, si queremos cambiar y vivir en una república de verdad.
La movida de Milei tiene un alto riesgo. Por un lado, el DNU podría ser rechazado, lo que debilitaría el poder del Presidente. Por el otro, no está claro que, pese a las buenas intenciones, el DNU logre realmente revertir la desconfianza que despierta Argentina. Porque si gobernar por DNU fuera realmente tan sencillo, bien podríamos imaginar que, si dentro de cuatro años llega un gobierno con distinta ideología y decide emitir un nuevo DNU que derogue el DNU 70/2023, todo volvería a fojas cero. Hecha esta observación, también es cierto que, en no pocas ocasiones, el Congreso aprobó leyes que luego derogó, sin cambiar su composición. Hay un problema con las formas, pero, en el fondo, en Argentina no es tan distinta la confianza que pueda inspirar un DNU de la que inspira una ley aprobada en el Congreso.
Con todo lo necesarios que parecen los cambios propuestos, intentar erradicar un gran número de procedimientos engorrosos supone otro gran riesgo. Muchos políticos, sindicalistas, empresarios protegidos y líderes sociales recaudan, para la campaña o para el enriquecimiento personal, gracias al control de estos procedimientos engorrosos. El DNU 70/2023 toca muchos intereses enquistados, que lucharán con uñas y dientes por defenderse.
Habrá resistencia de líderes sindicales, que llevan décadas enriqueciéndose gracias a la obligación de los trabajadores de aportar a una obra social que no pueden elegir. Habrá resistencia empresaria, pues muchos sectores gozan de ganancias oligopólicas gracias a las protecciones arancelarias y paraarancelarias que les permitieron fijar precios abusivos a los consumidores que no tienen otras opciones; empresarios que se proclaman liberales en el discurso, pero que no quieren competir. Habrá resistencia de los líderes piqueteros, por la desintermediación en la distribución de los planes de asistencia estatal. Y habrá resistencia en las áreas de la política que otorgan oficinas y agencias para trámites inventados a parientes y amigos, de los que son socios en eso de hacer más compleja la vida cotidiana. Son todos actores poderosos, que ven sus privilegios atacados. Resistirán con firmeza, en la calle, por mantenerlos.
La conflictividad es una consecuencia inevitable de las medidas dispuestas. Después de décadas de populismo regulador, y de imaginar que el Estado tiene el derecho de determinar qué pueden y qué no pueden hacer las personas, quienes se beneficiaban de cosas anormales podrían suponer que sus privilegios son, en realidad, derechos naturales.
La decisión del Presidente de avanzar con esta transformación es una movida de alto riesgo. La decisión de hacerlo por medio de un DNU lo es aún más. Hace lo que anticipó que haría, pero eso no lo salvará de las batallas que se avecinan en los despachos, en las cortes y en las calles.
