Menos aún, cabe tener ante esa “nación continente”, una actitud prejuiciosa, fundada en consideraciones raciales o culturales. Pero de cualquier manera se trata de dejar de lado el enamoramiento que encandila, por verlo el gran demandante de nuestra producción primaria, y de la generosidad aparente con que abre su billetera para prestar a nuestros países de Latinoamérica, con condiciones, cuando menos, poco claras.
Y ser cuidadoso al extremo a la hora de negociar, con lo que da la impresión, por su cara de piedra y la abundancia de fichas con las que cuenta, que hace una ostentación, no siempre bien educada, de ser un astuto y a la vez implacable jugador de póker.
Todavía se abre, para nosotros un interrogante, para brindar un ejemplo en ese sentido, de las consecuencias para nuestro país de que el gobierno le haya permitido abrir una base de operaciones de carácter “reversible” –como pasa con algunas prendas de ropa- ya que si bien su objetivo declarado es la investigación científica, según se afirma; están dadas, por las característica del emprendimiento, las condiciones para que se pueda transformar rápidamente en una base militar.
Un analista de la escena internacional describe el vínculo entre China y los países latinoamericanos señalando que “ávida de materias primas y, últimamente, por aumentar su participación en los mercados de infraestructuras y servicios, el gigante asiático, que aspira a relevar a Estados Unidos como primera economía mundial en la próxima década, ha irrumpido con fuerza como un jugador de peso en la región con proyectos en países como Brasil, Perú o Bolivia. Ha creado empleo y, sobre todo, ha mantenido la llegada de flujos de inversión en un momento complicado”, en pleno repliegue de los EE UU de Donald Trump.
Pekín ha ocupado ese espacio con creces: “su banco de desarrollo se ha convertido en el prestamista internacional más importante para un número no menor de países latinoamericanos”.
Mientras tanto la contracara de ese fenómeno la da la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) -que agrupa a casi 180 ONG de todo el mundo- en un informe que recientemente se ha hecho público.
En el mismo se señala que “las violaciones de derechos humanos en que incurren las compañías chinas no constituyen hechos aislados, sino que demuestran un patrón de comportamiento recurrente caracterizado por el irrespeto de los derechos fundamentales y de los derechos económicos, sociales y culturales internacionalmente reconocidos”.
Para enseguida denunciar el “continuo” ejercicio de estos “comportamientos violatorios con conocimiento de causa” y la falta de voluntad del Estado chino por monitorizar el cumplimiento de los estándares mínimos exigibles por parte de sus empresas y bancos”.
Es por eso que alertan, al observar el alto impacto de las inversiones chinas en territorios indígenas y áreas ambiental y socialmente sensibles”. Para a continuación señalar que “las violaciones de derechos humanos identificadas tienen que ver, en primer lugar, con la defectuosa implementación de procesos de consulta ambiental a la población en general y, muy específicamente, a las poblaciones indígenas.
Y haciendo una referencia concreta a nuestro país señala que “ocurre así en el complejo hidroeléctrico de La Barrancosa-Cóndor Cliff, en el extremo sur de Argentina, donde la consulta ambiental “no cumplió los estándares mínimos”. Todo ello sin olvidar que en caso del bloque petrolero boliviano de Nueva Esperanza, donde la corporación petrolera china BGP “desconoció los acuerdos y causó daños ambientales”, según también recuerda.
Denuncian también casos de la violación del derecho a la tierra y al territorio, ya que señalan que en repetidas ocasiones “empresas estatales chinas habrían recurrido a la compra irregular de terrenos y a la interposición de demandas civiles contra familias sin títulos de propiedad, lo que habría ocasionado –“con el apoyo de la fuerza pública”- el desalojo forzoso y el desplazamiento involuntario de una cuarentena de familias indígenas.
Hacen referencia también a “violaciones de los derechos laborales y de asociación, sobre todo en proyectos extractivos en Ecuador y Perú, en los que los empleados han levantado la voz contra el “maltrato, los despidos ilegales y [la presencia de]accidentes previsibles” en el lugar de trabajo o, directamente, con supuestas trabas por parte de las empresas en el proceso constitución de sindicatos”.
Para concluir, luego de reconocer el impulso que las inversiones chinas en nuestros países han dado a la economía de mucho de ellos, en el mismo informe se señala que “tras una década de presencia de Pekín, las comunidades impactadas por los proyectos no han visto todavía un comportamiento social y ambientalmente responsable por parte de las instituciones chinas.
Es por eso que un especialista en temas de la problemática social latinoamericana ha puesto de relieve de una manera acertada “que la viabilidad de una verdadera cooperación sur-sur y de relaciones de beneficio mutuo dependen en gran medida de que China tenga un compromiso genuino de bienestar de las comunidades locales y un modelo de inversión respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza”.
Claro está que de lo que se trata es que no se nos mal interprete, poniendo las cosas en su lugar. Todos los colonialismos -y los neocolonialismos- son moral, social y económicamente malos, independientemente cual sea quien ejerza en ellos el rol protagónico. Es por eso, que no se debe caer en la ingenuidad de ver solo a China como el malo de la película. Ni de alimentar prejuicios contra las personas de esa nacionalidad que devienen entre nosotros en dueños de supermercados o emprendimientos de diversa envergadura en el mismo ramo.
Pero cierto es que muchos de los “negocios” que con los chinos se llevaron a cabo durante la gestión gubernamental anterior eran, cuanto menos, “poco claros”. Tal el caso de las represas santacruceñas, como del “cinturón de acueductos” que para nuestra provincia afortunadamente no terminó de acordar Urribarri, dicho esto para no entrar en mayores detalles.
