Y no es desacertado que esa denominación se haya consolidado, si se tiene en cuenta que el título de intendente se emplea, como según se ha señalado, al referirse “a diversos cargos oficiales de administración, manejo de economía y gobierno en diferentes países, épocas e instituciones”. Mientras tanto, ese barajar de términos se vuelve más complicado con la incorrecta utilización de la palabra “municipio”, para hacer referencia a lo que no es otra cosa que una “municipalidad”.
La ley local en la materia es lo suficientemente explícita, al considerar como “municipio” a todo “centro de población”, mientras reserva el nombre de “municipalidad” para el gobierno de la principal categoría de municipios. Más importante a nuestros propósitos en la ocasión es hacer referencia al hecho que etimológicamente la palabra “intendente” proviene del latín, y en esa lengua se da la existencia de las palabras “tendo” o “tendere”, cuyo significado es “tender”, “ir hacia”. Y estos largos circunloquios –más allá de que los consideramos de interés- son consecuencia de la vacilación nuestra, frente al hecho de tener que ocuparnos no ya de los intendentes que “saben dónde deben ir”, haciendo las cosas como se debe; ni tampoco de aquéllos que por una mezcla de falta de idoneidad y de abulia “no van a ninguna parte”, sino de quienes gestionan mal, y sobre todo cuando lo hacen en beneficio propio, “fondos que son de todos los vecinos”, cuales son los municipales.
Es que, como ha ocurrido en un caso reciente –del cual hemos dado noticia-, ya nadie se sorprende que de tanto en tanto –en lapsos cortos-se dé el caso de intendentes municipales, presidentes de juntas de gobierno, o a aquéllos que, ejerciendo ese tipo de funciones, se los mencione de la manera que se quiera, sean sometidos a juicio por haber hecho maniobras diversas, con el propósito consumado de apropiarse de fondos que, por ser públicos, son en realidad de todos los vecinos.
De donde se asiste a un espectáculo doblemente escandaloso, ya que no sólo se roba –dicho esto en un sentido lato- sino que se roba a sus vecinos, a los mismos que en forma mayoritaria, a través de su voto, han depositado en él su confianza. Aunque no sólo sometidos a juicio, sino ya imputados buscando ser sometidos a un juicio abreviado, lo que significa superar el trance impregnado de desvergüenza, de declararse culpables.
Se dan, mientras tanto, situaciones extremas en las que los vecinos que han sido perjudicados parecen no comprender del todo la gravedad de la situación. Lo que ha sucedido en un caso en que, un Intendente penalmente condenado por delitos de esa naturaleza, que contando con la laxitud de la justicia, logró una condena a prisión condicional, sumó una inhabilitación para ocupar cargos públicos de corta duración, y hoy se lo ve, vencido el término de esa inhabilitación, postularse para ocupar el mismo cargo, y resulta reelecto por el voto de quienes, de esa manera muestran, más que el perdón, su aquiescencia al latrocinio. Claro que no es cuestión de cometer la injusta discriminación de tomarnos solo con los intendentes, ya que hace de esto muy poco tiempo que circuló una nota periodística que daba cuenta de altos funcionarios ejecutivos, legisladores y hasta diplomáticos entrerrianos –y no nos estamos refiriendo al ex gobernador- sin olvidar a otros cuantos que no eran meros “perejiles” a los que se los encontró incurso en las mismas mañas.
Lo más grave es que si una cualidad sobresaliente podía exhibir en su momento nuestra provincia, era precisamente que no solo no se veía a nuestros representantes y funcionarios recorrer, una y otra vez, los pasillos de los tribunales; sino que la “austeridad republicana” era la manifestación de una sociedad en la que la sobriedad de las costumbres era un galón reconocido como meritorio, en el caso de nuestros gobernantes. Un ejemplo, el cual nosotros debemos atender, como forma de reavivar ese tipo de comportamiento, al mismo tiempo que los valores que el actuar de ese modo conlleva.
