De allí que suena a una iniciativa elogiable, la del gobierno provincial, el cuál según un anuncio hecho a través de un organismo volcado a ocuparse del tema, se ha decidido a la creación de “bancos de tierra”, mediante el mecanismo de adquisición de terrenos extensos con el fin de aplicarlos a la construcción de viviendas.
Es harto notorio que la escasez de terrenos baldíos, a precios accesibles para familias de ingresos medios y bajos, es un tema no solo de importancia permanente, sino de notoria actualidad. Lo que hasta cierto punto queda claramente demostrado por las ocupaciones de terrenos suburbanos –aunque también urbanos-, un fenómeno que se da con una frecuencia inusitada.
Y si decimos que “hasta cierto punto” la explicación de esa variedad de “entraderas” está en la falta de oferta inmobiliaria a precios accesibles, es porque es indudable que la presencia de grupos políticos y sociales, está detrás de muchas de esas acciones. Las que son impulsadas de una manera desembozada por parte de aquéllos, viniendo a demostrar, con el éxito de esa estrategia, precisamente la gravedad de la carencia apuntada.
Todo ello frente a “la presencia de un Estado ausente” –valga la contradicción en la redacción de la frase- la que en el caso de territorios como los de nuestra provincia, resulta de la falta de cuidado gubernamental en impedir la construcción de viviendas en terrenos inundables –lo cual queda establecido fácilmente cuando se efectúa por debajo de la cota a la que llega el agua de las inundaciones corrientes-, circunstancia que significa un daño dramático no solo económico para los afectados, sino que tiene un costo evidente de aquellas características traducido en los distintos tipos de auxilio, en los que deberían estar presentes diversos organismos gubernamentales.
Viene al caso, a esta altura de la nota, introducir una digresión, encaminada a advertir hasta qué punto tiene una grave incidencia financiera para el estado, la desidia en establecer áreas en las que la construcción de viviendas quede prohibida. Es que el no haber prestado en su momento la atención debida al problema, obliga a utilizar en algunas de nuestras ciudades, técnicas de “polderización imperfecta” con la construcción de “defensas anti-crecientes” que impidan la invasión del agua a esas zonas bajas precariamente urbanizadas; lo que significa el empleo de recursos financieros, que hubieran resultado utilizados de una manera más satisfactoria precisamente en la adquisición de terrenos a salvo de “las aguas”. Desidia, la más arriba mencionada, que queda reafirmada por la notoria existencia de viviendas precarias más allá y más abajo de las flamantes defensas aludidas.
Cabría en el conjunto de estas consideraciones no del todo bien hilvanadas, la referencia a otra circunstancia, cual es la que, para que los terrenos edificables sean del todo apreciados, es necesario que los mismos tengan el acceso asegurado a servicios básicos.
Es aquí donde viene al caso, la referencia al hecho que, hace de esto muy pocos días, la Municipalidad de Urdinarrain firmó un convenio marco de adhesión al Plan Nacional de Suelo ante la Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, por el cual esa municipalidad estará en condiciones de dotar a terrenos como los que nos ocupan, de los servicios de cloacas, agua potable, red eléctrica, gas natural, alumbrado público, cordón cuneta, calles enripiadas, mobiliario urbano, arbolado, señalética y veredas en todo el perímetro.
Una posibilidad esta última, que suponemos que ninguna municipalidad de nuestra provincia dejará de aprovechar.
