Por Rocinante
Es por eso que, y ya no se puede eludir más el momento en que el gobierno nacional dé a conocer sus definiciones en materia económica y social (hablo de definiciones, orientaciones o lineamientos generales, ya que el presidente Fernández ha manifestado que no cree en la utilidad de los planes, lo que válidamente lleva a suponer que carece de uno).
Algo con lo cual resultaría suficiente, en esta oportunidad con la que abre la posibilidad de ingresar a esa nueva normalidad de la que se ha comenzado a hablar, y que de una manera menos pretenciosa denominaría el día después.
Es que si bien para desgracia de todos, cada día que pasa tenemos una conciencia más clara de donde estamos parados, no sabemos hacia dónde apunta el derrotero a seguir, si es que en realidad existe alguno ya definido, que vaya más allá de las motivaciones personales de la dueña del Instituto Patria.
Al decir lo cual estoy mirando mucho más arriba de los problemas concretos que como sociedad debemos enfrentar. Cuales son, para hacer referencia a las situaciones más candentes de nuestra actualidad, al hecho que nos acercamos al momento en que la mitad de la población nacional quedará posicionada por debajo de la línea de pobreza (mejor no avanzar midiendo a los que están por debajo del nivel de indigencia) y que debemos atender al peligro que representa una inflación desbocada.
Al mismo tiempo, pensar la manera de reactivar la economía y con ello la demanda de trabajadores, de manera de lograr todo aquello que es necesario hacer para que retorne a su actividad la mayor cantidad de empresas, muchas de las cuales siguen en actividad pese a estar el borde de la cesación de pagos, y otras con las cortinas bajas o los portalones cerrados.
A todo ello debe atenderse, y estamos seguros que de una forma mejor o peor lo será, pero mientras tantos lo que debe quedar desde ya claro (se trata de algo que con más frecuencia se escucha hablar de una manera que más que especulativa, tiene ese tono ligero propio de lo conjetural, propio de las economistas y analistas políticos, y está ya presente entre las preocupaciones de los empresarios) cual va a ser la orientación teórica subyacente, aunque no sea totalmente explícita, en las políticas a adoptar sobre todo dentro del ámbito económico.
Es que se asiste a anuncios y a hechos que no terminan de consumarse, algo que no deja de crear incertidumbre acerca de lo que vendrá. Debe apuntarse así a la propuesta de una senadora nacional en el sentido de que el gobierno se apropie de todas las empresas paralizadas, o en vías de estarlo cuando aquella se consume, como dación en pago de todas las obligaciones tributarias de los tipos más diversos que las mismas mantengan impagas.
Cierto es que el presidente Fernández calificó esa propuesta como “idea loca”, pero lo hizo el día antes de que anunciara la intervención y expropiación del grupo Vicentin, decisión de la que con posterioridad se sintió obligado a echarse atrás.
Mientras tanto, algunos intendentes del conurbano capitalino han comenzado a reclamar al gobierno bonaerense que rescinda el contrato de concesión con una empresa privada distribuidora de electricidad, esgrimiendo como fundamento del pedido los repetidos cortes observables en el suministro eléctrico a los barrios con población vulnerable. Los mismos, cuyas carencias en materia de calefacción se hacen más evidentes en estos tiempos de frío intenso, para quienes cuentan con el objeto de paliar esa situación exclusivamente con aparatos que son alimentados, precisamente, con esa clase de energía.
Una situación verdaderamente difícil y que exige la necesaria atención. Pero al fundar su solución en esas deficiencias apuntadas del servicio, consecuencia según se afirma de la insuficiencia de las inversiones de mantenimiento de las respectivas redes, omiten la referencia a una circunstancia fundamental, cual es la responsabilidad no solo de los alcaldes quejosos sino también de los que, por ahora al menos, callan.
Es que lo que no se dice, es qué en esos barrios, quienes allí viven no pagan por el servicio de suministro de la energía eléctrica que consumen (dicho con menos vuelta, nadie tiene que pagar la luz) dado que en los mismo existe un único medidor del servicio de carácter comunitario, dado lo cual el pago de la factura queda a cargo la respectiva municipalidad.
Cosa que no harían, si se tiene en cuenta que según se alega desde la mencionada empresa concesionaria, el monto de las facturas impagas por el total de las comunas de ese sector del conurbano, asciende en la actualidad a una suma que oscila alrededor de los 3.000 millones de pesos. Un comportamiento típico: la queja por la calidad del servicio de quien no paga por su prestación.
Cabe decir que nos encontramos en ambos ejemplos, los que podría dar pie a una enumeración más extensa, con situaciones anecdóticas.
Algo que resulta así, al menos hasta cierto punto, pero que de cualquier manera pone sobre la mesa una cuestión que ya he considerado como de alto vuelo.
Es aquella que tiene que ver con la necesidad que quede en claro si quienes nos gobiernan parten de una postura de libre mercado (esto en uno de sus diversos tipos o matices) o son adherentes a una concepción estatista de la economía, en cualquiera de esas variantes que van desde una economía centralizada y planificada integrada por empresas estatales en su mayoría o su totalidad, tal como es en la actualidad el caso de la de Cuba; o una economía fuertemente regulada, con un núcleo de empresas estales, volcadas preferentemente a la prestación de servicios públicos; o por último, a lo que se conoce como economía dirigida, en función de una planificación oficial meramente indicativa, y orientada con incentivos de carácter económico.
Debo aclarar que en esta oportunidad no es mi intención formular juicio de valor alguno, ni tampoco de oportunidad, respecto a esas dos posturas. Sino que mi propósito es el de intentar sacar una conclusión acerca de cuál de ellas adoptará el gobierno, en función de los antecedentes históricos de la actual coalición gobernante, de lo que supo ser en su momento una agrupación política auto denominada como movimiento.
Las diversas políticas económicas del peronismo cuando fue gobierno
De allí que corresponde comenzar por señalar las principales decisiones en la materia por el primer Perón durante su gestión que va desde 1946 a 1955.Es así como corresponde señala que en ese periodo, en el año 1946 se creó la empresa pública y que en 1948 se estatizó la red ferroviaria argentina que hasta ese momento era propiedad de capitales ingleses y en este mismo año se fundó la empresa pública Teléfonos del Estado, después renombrada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).
Al año siguiente (1949) se asistió a la fusión de las líneas aéreas nacionales bajo el nombre de Aerolíneas Argentinas. Se mantuvo en poder del Estado a la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), creada en 1922 para la exploración, extracción y venta de petróleo.
En 1950 se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica. Aquí considero de interés hacer una pausa para hacer referencia a una cuestión casi anecdótica que llevó a esta a un final feliz, ya que es conocida la gestión que en los más variados ámbitos despliega directa o indirectamente esa
Comisión, que se ha convertido en un verdadero orgullo para nuestro país.
Anécdota para cuyo relato abro un paréntesis, al que cabría titular El día que hubo quien engañó a Perón. Se trata del denominado Proyecto Huemul lanzado a partir de 1948 cuando Ronald Richter, científico austríaco exiliado en la Argentina que no había siquiera publicado algún trabajo de investigación, logra convencer al General Perón, de que era posible lograr la fusión nuclear controlada y que él podía probarlo. El objetivo: contar con una fuente prácticamente inagotable de energía.
A ello debe agregarse la férrea regulación en la actividad privada, traducida en la denominada Ley de Abastecimientos y su política de precios máximos que con el ministro Gelbard, fue una experiencia que buscó repetir, otra vez sin éxito, durante su segundo paso por el poder. También el mantenimiento de las Juntas Reguladoras tanto de carne como de granos existentes, a las que dio otra orientación. Todo ello sin olvidar a la creación del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), el que vino a ser una experiencia anticipada de que el Estado se apropie de las rentas extraordinarias de la producción rural.
Todo lo hasta aquí indicado, viene a señalar que el primer Perón se manifestaba como partidario de una economía planificada (se debe tener presente aquí la sanción de dos Planes Quinquenales durante esa su gestión), con servicios públicos a cargo de empresas estatales, y actividad económica privada sometida a regulaciones cuya estrictez era de distinto grado.
En tanto en ese repaso omito la confiscación del diario capitalino La Prensa, que fuera entregado a la CGT para su gestión, por ser la misma una decisión de carácter estrictamente político. Al igual que la expropiación del Grupo Bemberg (que entre sus activos contaba con las cervezas Quilmes) por existir en ese caso un trasfondo político de naturaleza simbólica, más allá de las cuestiones materiales vinculadas con esa decisión. Por la misma circunstancia omito ocuparme de los contratos petroleros que intentó Perón consumar con California Argentina; un acto pragmático de excepción que nada tenía que ver con sus concepciones en materia económica.
De la etapa signada por la presencia de Carlos Saúl Menem en la Presidencia de la Nación, cabría sinterizarla de una manera que incurre en el peligro de todas las simplificaciones: a pesar de ser peronista, desanduvo la mayor parte -por no decir todo- el camino que había trazado Perón, aplicando una política económica a la que en un sentido genérico habría que considerar como pro mercado.
En tanto es muy difícil encasillar a lo que cabría denominar como la etapa kirchnerista/cristinista. Empezando por las dudas que plantea el tenerla por una única etapa, y no dos. A su vez, por lo contradicciones observables en la forma de proceder de sus protagonistas.
En el que la postura de Néstor Kirchner gobernador de Santa Cruz, y el mismo como presidente son notoriamente diferentes, del que es un ejemplo su manera de ver la forma como debía ser gestionada YPF. Ello hace que de una manera objetiva se la pueda considerar como un híbrido ente una postura en la que coinciden tendencias fuertemente regulatorias en materia de la actividad económica, posturas ambiguas en lo que respecto a la propiedad y gestión de las empresas se refiere, aunque no le provoca temor orillar las confiscaciones y un capitalismo de amigos, que ocupa un lugar principal.
En cuanto lo que pasará de aquí en más, todo lleva a pensar que se tratará de actuar de una manera que signifique más de lo mismo, aun teniendo presente y tratando fervientemente de creer que volvieron mejores. Sin dejar de tener en cuenta las limitaciones que significan la situación actual, comparada con aquella en la que les tocó al comenzar a gobernar por primera vez.
