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Estamos a algo así como a un año y medio para que un próximo gobierno en Entre Ríos asuma su nueva administración. Y está claro que el oficialismo gobernante -donde aún no hay precandidatos visibles que digan “yo voy por la Gobernación”, salvo algunas menciones de posibles referentes políticos, a los que les quema las manos por el futuro escenario- está tratando de consolidar diferentes acciones para que en la justicia o en organismos de control, como el Tribunal de Cuentas o la futura Fiscalía Anticorrupción, haya quienes traten de mirar para otro lado si les cae un episodio por corrupción y más aún si afecta a algún gobernante, ministro, funcionario, legislador o intendente.

Por Daniel Enz

Los avances republicanos o de transparencia que se le venían destacando al gobernador Gustavo Bordet en el primer gobierno y en lo que va de su segunda administración, comenzaron a desmoronarse como un castillo de naipes después de la destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. Nadie duda que en el oficialismo entrerriano hay preocupación y cierta desesperación con los tiempos para que cuanto antes se llame a concurso para definir el nuevo fiscal Anticorrupción -antes que salga el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que definiría la restitución en el cargo de la fiscal Goyeneche, con lo cual se les caería buena parte del relato y del plan judicial político- y a la vez sancionar también rápidamente la nueva ley del Consejo de la Magistratura.

Hacía mucho tiempo, muchos años, que un bloque opositor como el de diputados de Cambiemos, no daba una conferencia de prensa, para contar la discrepancia con estas últimas modificaciones, denunciar el poder que se le da al respecto al Superior Tribunal de Justicia e incluso anunciar que si se llega al gobierno se buscará derogar la ley que se sancionó en Diputados y ahora pasa al Senado, donde seguramente habrá un pequeño trámite y por ende se convertirá en ley en próximos días.

La llegada de Susana Medina de Rizzo a la presidencia del alto cuerpo y la abrupta salida de Bernardo Salduna, les habilitó varias cuestiones a los superiores y al oficialismo. Le doctora Medina está más dedicada a trabajar acuerdos con organismos nacionales e internacionales -porque siempre le interesó mucho esa vidriera- y mientras tanto, quienes avanzan en los acuerdos políticos son Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Gisela Schumacher. O sea, gobiernan ellos; definen ellos y no Medina de Rizzo. Por eso pasó el bochornoso episodio en el que le reclamaron las oficinas a la Procuración General como si fueran los administradores de un consorcio y después Medina le tuvo que pedir disculpas al procurador Jorge García, a quien convocó desesperadamente a su despacho, después de llamarlo en incesantes oportunidades.

Carubia, Mizawak y Schumacher -estrechamente ligadas al oficialismo gobernante- no tienen límites a la hora de avanzar y sumar poder. No les alcanzó con la destitución de Goyeneche y por eso también quieren la cabeza del fiscal Ignacio Aramberry y quizás alguna más. El pacto con los abogados defensores de Sergio Urribarri y con algunos colaterales siempre dispuestos a hacer los mandados, es consolidar un polo de poder muy fuerte para que no avance la causa de los contratos truchos legislativos I y menos que menos la parte dos, donde se verían afectados exvicegobernadores, legisladores nacionales y provinciales y el exgobernador Urribarri. Nadie de ellos quiere que queden expuestos entretelones de la caja política más vergonzosa de los últimos 15 años, que sirvió para el enriquecimiento de varios hombres y mujeres del poder, pero también para las campañas electorales del oficialismo, sin ningún tipo de rendición de cuenta.

El poder político tiene asegurado el silencio absoluto de la cúpula del Tribunal de Cuentas, con un Diego Lara presidente que nunca abrió la boca sobre ningún tema urticante y es lo más parecido a un ser inexistente. Quieren lo mismo del futuro contador general de la provincia -que saldrá de otro grupo de amigos- y del futuro fiscal Anticorrupción. Quieren suficientes garantías para que no solamente se planchen las causas por delitos de corrupción, sino que, directamente, no haya espacio ni lugar en ámbitos tribunalicios para que algún hombre del poder del bordetismo se vea rozado por algún expediente.

Y para eso está también esta nueva ley del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, ideada supuestamente por el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Ángel Giano, casualmente pareja de la vocal Schumacher del STJ. Pero nada es casual en esta historia, obviamente.

Los vocales del STJ, con esta nueva ley, tendrán un poder que nunca tuvieron. Introducen por la ventana la injerencia directa de los vocales del alto cuerpo, cuando saben que es inconstitucional, porque la Constitución provincial excluye la intervención del STJ y del procurador general o el defensor general en el Consejo de la Magistratura. Pero ellos lo meten al STJ en la instancia del concurso. De aquí en más los vocales pueden hacer una visación del concurso mientras se va tramitando, para que apruebe o desapruebe esa calificación y después se hace el examen y ello se puede recurrir ante el STJ y no ante la Cámara Contenciosa Administrativa, como se venía haciendo. Le dan todo el control. O sea que van a supervisar el concurso de jueces quienes no son nombrados por ese sistema, porque recordemos que cada vocal llegó de la mano del gobernador de turno. Y desaparece toda opinión independiente, al ser excluida la Universidad Nacional del Litoral, cuyo prestigio nacional a internacional nadie duda. También se excluye a los representantes de la Universidad Católica Argentina. Ahora, ese rol lo tendrán los profesores abogados que dictan alguna cátedra de Derecho en alguna carrera de la UADER o la UNER que, se sabe, está directamente manejada por referentes del urribarrismo y del kirchnerismo. Es decir que va a bajar enormemente el nivel de exigencia de los exámenes, para así cambiar el perfil de funcionario judicial. El más calificado desaparece; se lo excluye. Se saca el orden de mérito y podrá llegar más tranquilo el que tiene más conocimientos prácticos o haya estado en cargos a dedo, sin necesidad de mucho estudio.

Pero nadie lo mide como un retroceso, pese a que es muy evidente que todo este mecanismo lo pretenden instalar para controlar la designación de jueces permeables al poder de ellos y así garantizar la impunidad.

Y es evidente que es parte también de la vendetta del urribarrismo hacia quienes propiciaron su condena. Estaba claro que el revanchismo iba a llegar de un momento a otro. Y esos hombres y mujeres del poder que propiciaron esta situación, tendrán que también hacerse cargo en algún momento. Todo gira en este país. Y también en esta provincia. Y todo llega. A veces, más temprano que tarde.

(*) Editorial consignado en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral)
Fuente: Análisis Digital

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