Nuestros señalamientos fueron repetidos. Desde el más grave y en apariencia más contundente de proclamar que se trataba de un camino cuya capa asfáltica se iba rompiendo antes de haberse completado su construcción; algo que a medida que pasa el tiempo se vuelve más frecuente. Hasta el denunciar el número de baches y su emparchado, que se hacía notorio para cualquiera que la transitara.
Clamamos porque el gobierno hiciera algo al respecto; advertimos al ente vial provincial, como si en realidad hubiera hecho falta, ya que no podía haber ignorado lo que sucedía. Sugerimos una investigación judicial al respecto. Pero chocamos siempre contra una pared de mutismo absoluto.
Debemos reconocer casi con vergüenza, que en un momento dado “tiramos la toalla”. No porque nos sintiéramos derrotados, sino por esforzarnos en mantener la debida compostura, y cuidar no salir de nuestro rol de periodistas, y transgredir de esa manera indispensables límites, mostrándonos como “denunciadores judiciales”; dicho así, de una manera incorrecta, como lo son un tipo de denunciantes habituales.
Aunque debemos reconocer que una sensación de soledad, al ver que nadie nos hubiera acompañado en esa pequeñísima, pero de cualquier manera grave, especie de cruzada, ya que lo que venía a mostrarse de esa manera, no era solo el escándalo que significaba lo que acontecía, sino el descontrol y el despilfarro que lo acompañaban.
Bien se dice que, en nuestro país, se “naturaliza” no solo cualquier torpeza y cualquier irregularidad punible; e incluso se premian a quienes las cometen o son responsables del entuerto. A quienes se los ve muy ufanos sumar este tipo de “malhechuras” a su currículo; como si fuera un antecedente valiosamente computable, o ser premiados con otros cargos de mayor relieve, entre los que inclusive se puede hacer presente una embajada.
Es bueno que el diputado provincial Eduardo Solari haya podido presentar un informe acerca de este escándalo, apenas pocos días antes de que se hicieran presente novedades acerca del tema; porque la intención solo basta para considerar esa acción suya como apreciable; sobre todo por cuanto por otras acciones suyas, se ha vuelto notoria esa manera de actuar; en la que se lo ve reaccionar ante todo tipo de barbaridades.
Es que la novedad está en la circunstancia de que lo escandaloso terminó saliendo a la luz. Todo ello como consecuencia que esa obra se había construido con fondos obtenidos del Banco Mundial, organismo que en algún momento inexplicablemente tardío supo enterarse de la situación descripta, que venía a dejar en claro por lo menos un proceder anómalo por parte de la empresa constructora, y de los funcionarios públicos encargados de su control. Y fue allí donde se dio intervención a un “ingeniero conciliador”, quien pudo concluir su gestión según resulta de un tardío aunque satisfactorio anuncio del organismo provincial.
La novedad que aporta la información oficial es que, tras las gestiones realizadas por el “ingeniero conciliador” del mismo Banco Mundial, por las que se hizo lugar “al 100%” de los reclamos que había efectuado Vialidad Provincial a la empresa constructora, se dispuso “el inicio de la obra por parte de la contratista dentro de los 15 días de quedar firme el acto resolutorio”. ¿Por qué se esperó tanto, sin primero efectuar los controles, y luego actuar en consecuencia?
En alguna parte se hace presente “una falla” de parecida naturaleza, ya que de no ser así no resulta explicable que situaciones parecidas, aunque de menor intensidad, se hayan hecho y sigan estando presentes tanto en “la ruta de producción” -nos estamos refiriendo a la número 23- que une Jubileo con Villa Elisa, o en camino de acceso a Pueblo Liebig desde la ruta 26.
Mientras que nos abochorna que en el caso referido se tendría la impresión que, como en otros parecidos, “fallas” de este tipo hayan sido advertidas desde entidades u organizaciones que nacionales o internacionales, tienen su sede fuera del país.
