Una situación que tiene todo el aspecto de una encerrona de la cual no se puede salir, y en la que está en juego,??incluso, un valor tan alto como el de la calidad de la enseñanza de cada educando, cual es del ataque que ese estado de cosas significa para la escuela pública. La escuela sarmientina de la que en el pasado estuvimos tan orgullosos, a través de los años –habría que hablar en realidad de décadas- ha venido a mostrar un persistente deterioro. Una situación que ha llevado al actual Ministro de Educación de la Nación a decir que en la materia “estamos atrasados treinta años” algo que tiene, cuando menos, una parte de verdad si se considera que de acuerdo a las evaluaciones realizadas existe un enorme número de egresados, no solo de la escuela primaria sino también de la secundaria, que no son capaces de entender lo que leen, ni de resolver problemas básico de las matemáticas. A lo que se suma el alarmante número de estudiantes que repiten, o que dejan de estudiar abandonando la escuela, sin completar los correspondientes ciclos.
No es esta la ocasión ni de analizar, ni de poner en cuestión los reclamos salariales de los docentes. Ni de efectuar la apreciación de la atención que prestan las autoridades a una cuestión fundamental de su incumbencia como la de la educación.
Pero sí debe permitírsenos preguntarnos, si a los docentes sindicalizados no se les ocurre pensar y aplicar un mecanismo de reclamo de consecuencias menos perversas que las que significan dejar a los estudiantes “en la estacada”.
Es dentro de ese contexto, que no puede menos que verse con preocupación, una radicalización creciente de algunas organizaciones gremiales, a lo que se suma la ideologización notoria de sus posturas.
Una prueba de lo cual se la tiene en la reacción de un nucleamiento gremial provincial, frente a la actualización del Consejo General de Educación de??nuestra provincia de repudiar una circular dictada por ese organismo en el año 2008 durante la administración del ex gobernador Sergio Urribarri, la que se renovó en 2016 cuando José Luis Panozzo estaba al frente del CGE, circular que puso en vigencia un manual de funciones que obligó a los directores y rectores a informar cuántos docentes faltan en días de clase.
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Repudio que se??sustenta en su interpretación que la circular indicada coloca a directores y rectores “en un lugar de mero control administrativo, corriéndolos de la función pedagógica que comprende a estos cargos de conducción y asignándoles un papel disciplinador frente al resto de sus compañeros de trabajo” a la vez que señala que no se puede “dejar pasar nuestra preocupación ante la prioridad que la patronal le asigna a este tipo de asuntos”.
Es que se nos ocurre que los directores y preceptores de establecimientos públicos tienen la obligación de elevar una información de este tipo, dentro del ámbito de sus funciones que no se limitan a lo estrictamente pedagógico. A la vez que tratar al Consejo General de Educación como “la patronal”, según manifiesta el gremio, aparece como una manera, más allá de su corrección formal, peyorativa de hacerlo.
