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¿Será este el plan integral? Un ajuste que permita resolver los problemas de la deuda no se parece a aquello que el discurso anuncia

Hay cosas que los políticos argentinos hacen bien: sacar recursos de los sectores productivos para gastarlos en dádivas improductivas es una de ellas.

Dar nombres pomposos a las leyes que facilitan esta práctica es otra. La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública cumple con la regla de la pomposidad para describir algo que no es una novedad: que las estrecheces fiscales se curan con más impuestos, nunca con menos gastos, y menos todavía con menos gastos de la política.

La novedad de este fin de 2019 consiste en que para curar la emergencia también aportan los jubilados (aunque, escandalosamente, no lo hagan los exfuncionarios de los poderes republicanos).

Decir que algo no es lo que todos saben que es también es una habilidad de la política. Subir los impuestos y congelar las jubilaciones no tiene otro nombre que ajuste. Pero se lo llama solidaridad.

Una solidaridad que se explica con algo de gasto social que el Gobierno muestra como propia, aunque sea solidaridad de contribuyentes y jubilados. Contribuyentes, exportadores y jubilados sufrirán exacciones de algún tipo para poder presentar a los bonistas una oferta que resulte creíble.

La suma algebraica entre nuevos ingresos y nuevos gastos sugiere que estamos ante un caso clásico de ajuste fiscal

Que se entienda bien: es muy importante mostrar que Argentina no es una historia serial de defaults, sino que se hace cargo de sus deudas.

El núcleo de las medidas de la Ley de Solidaridad apunta a lograr una rápida negociación con los acreedores. Un objetivo que luce ambicioso si se pretende excluir de tal negociación al FMI. Estamos frente a una etapa en que hacen mucho ruido los fondos oportunistas, pero la voz cantante la tienen los fondos grandes, que difícilmente acepten una negociación que no resuelva la cuestión de los vencimientos con el Fondo.

Hace apenas 12 días que asumió Alberto Fernández. Todas las medidas económicas tomadas durante este breve lapso dan cuenta de la urgencia del problema fiscal: retenciones, aumento de las alícuotas del impuesto a los bienes personales, nuevo impuesto a la compra de dólares, congelamiento de tarifas, congelamiento de jubilaciones; todo compensado apenas parcialmente por un aumento en la AUH y un bono para las jubilaciones mínimas. Todo se aclara cuando se observa que los pagos de la deuda sumarían más de USD 55 mil millones en 2020.

Con acceso nulo a los mercados de deuda, el default estaría cantado, a menos que los acreedores estuvieran dispuestos a reprogramar los pagos. La austeridad fiscal apunta a demostrar que lo que no se puede pagar hoy se podrá pagar en el futuro. Es así que de la multiplicidad de objetivos enumerados en el título de la ley, el único que parece factible es el de sacar a las cuentas fiscales de la emergencia.

La suma algebraica entre nuevos ingresos y nuevos gastos sugiere que estamos ante un caso clásico de ajuste fiscal. Un ajuste que Fernández ha maquillado sabiamente como un programa redistributivo, de solidaridad social.

La suba en los precios de los bonos confirma la presunción de que el esfuerzo es importante. El mercado no celebra la solidaridad, sino el ajuste. En sus papers académicos, el ministro Guzmán insistía con que para poder pagar el país primero debía crecer. Será una meta ardua para un programa que arranca con un ajuste.

Tal vez esta indefinición no haga más que confirmar que se trata apenas de más de lo mismo

El equipo de Doing Business del Banco Mundial concluyó en su informe de 2020 que Argentina es el país número 189 de 190 relevados según la tasa de imposición total, pues la suma de impuestos en todos los niveles (nacional, provincial y municipal) se lleva el 106% de las ganancias, más del doble que el promedio de América Latina y casi tres veces el promedio de la OCDE. Tenemos una solidaridad escandinava que no para de sumirnos en una igualdad tercermundista.

Hace 10 años que el PBI argentino en términos de dólares es el mismo y que el PBI per cápita cae. Las mismas soluciones no pueden generar resultados muy distintos más allá de algún alivio temporal. Suponer que una ley de ajuste podrá reactivar la economía no es buena idea.

Propensos a encasillar ideológicamente cada discurso, se escucha que la Ley de Solidaridad tiene trazos de kirchnerismo, peronismo, neoliberalismo o keynesianismo. Tal vez esta indefinición no haga más que confirmar que se trata apenas de más de lo mismo.
Fuente: El Entre Ríos Edición Impresa

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