La política energética del kirchnerismo había quitado todos los estímulos a la inversión en la explotación de hidrocarburos por parte del sector privado.
La consecuencia más evidente, y más grave, de esta forma de tratar al sector energético fue la caída rotunda en la producción de petróleo y, sobre todo, de gas natural, un fluido esencial no sólo para el consumo industrial y domiciliario directo, sino para la generación de electricidad. Gran parte de la matriz de generación eléctrica argentina fue construida con el supuesto de que el gas natural era un insumo abundante en el país.
Cuando este supuesto dejó de ser cierto, las centrales de generación térmica debieron ser abastecidas con otros hidrocarburos (gas oil, fuel oil), o con importaciones de gas de fuentes mucho más caras que la producción local. Así fue que se llegó a la reversión de casi US$10 mil millones en la balanza comercial del sector de combustibles.
La llegada del macrismo al Gobierno buscó corregir los defectos acumulados con menor gradualidad que la que fuera empleada en otros ámbitos. Apenas volviendo a cumplir en gran parte con los contratos que se incumplieron entre 2001 y 2015, se buscó generar condiciones que reavivaran el interés inversor tanto en la producción de hidrocarburos como en la generación de electricidad.
Se dispusieron tarifas en pesos ajustables por inflación para los negocios monopólicos (transporte y distribución de gas y electricidad) y tarifas en dólares para los sectores en que hay competencia, que son aquellos en los cuales había una necesidad urgente de recuperar de la capacidad productiva: producción de petróleo y gas, y generación de electricidad.
Nuevos contratos de provisión en firme de electricidad a CAMMESA crearon incentivos para invertir en el sector. Lo mismo ocurrió en el petróleo, donde se fijó un sendero de convergencia de los precios locales con los precios internacionales. Finalmente, para el gas natural hubo aumentos iniciales en la remuneración al productor y se estableció un sendero alcista para los años siguientes. Además, el programa Gas Plus, con precios mayores, buscó estimular la producción de gas de fuente no convencional; su objetivo era acelerar las inversiones en Vaca Muerta. El éxito fue rotundo, al punto que una presentación en la página de Internet de la Secretaría de Energía pronostica que en 2023 el país será un exportador neto de combustibles por US$15 mil millones.
Sin embargo, el diablo y el Gobierno metieron la cola, y ese pronóstico comienza a parecer optimista. Con el desbande del dólar en 2018, el esquema fijado para los precios del gas natural entró en conflicto con otros objetivos del estado nacional, como la lucha contra la inflación y el ajuste fiscal. El precio en dólares del gas natural supondría aumentos estratosféricos en las facturas de gas y electricidad residenciales. De ahí que comenzaran, hace un par de meses, negociaciones entre las partes para determinar quién se haría cargo, al menos de manera temporal, del desbarajuste provocado por la devaluación. ¿Sería el estado, con más déficit, o los productores, con menores precios, o los consumidores con la aplicación de los aumentos de acuerdo con el esquema fijado?
El acuerdo con el FMI cerró toda probabilidad de aumentar los subsidios. A la vez, resultó políticamente impracticable subir las facturas al ritmo de la devaluación. Así fue que al final del día, el pato de la boda resultaron los productores, para los cuales no sólo se eliminó el sendero alcista de precios fijado por el exministro Aranguren, sino que se determinaron rebajas de precios en el precio del gas comprado por CAMMESA y consumido en los hogares. Es el camino inverso al que había estimulado las inversiones en Vaca Muerta.
Aunque fuera la única solución políticamente viable, ha cambiado de manera radical los incentivos para el sector. Por un tiempo, es probable que el daño no se note, pues los pozos activos seguirán siendo explotados. Pero probablemente se vea un recorte de los nuevos proyectos de inversión en gas.
Convertir al país en un exportador neto de gas natural era un objetivo estratégico. Este golpe de timón pone en duda la factibilidad de las hermosas filminas de la Secretaría de Energía y sugiere que, quizás por un tiempo mayor al pronosticado, debamos seguir importando gas en invierno.
