El precio de la nafta es un asunto que no sólo levanta polvareda en Argentina, sino también en muchos otros países del mundo. En el último año, la suba de los precios de la nafta ha generado conflictos en varios países.
En nuestra región, la manifestación más contundente de malestar se dio con la huelga de camioneros que en mayo pasado paralizó a Brasil. Los camioneros protestaron, entre otros motivos, contra las subas del precio de las naftas luego de que el gobierno liberara los precios locales para equipararlos con los internacionales. Pero también pedían una rebaja de los impuestos sobre los combustibles.
En Francia, las protestas de los chalecos amarillos fueron motivadas en gran medida por los aumentos del precio de los combustibles: el diésel aumentó alrededor de 23% en los últimos 12 meses.
El hecho de que el presidente Macron planeara un nuevo impuesto a los combustibles, con el cual financiar su política ambiental enfocada en las energías de fuentes renovables, fue la gota que rebalsó el vaso.
"Datos de la página de Internet de la Secretaría de Energía muestran que cerca de 40% del precio de la nafta súper corresponde a impuestos”
A primera vista, la suba del precio de las naftas es el factor común a ambas protestas. Una mirada más a fondo, sin embargo, da cuenta de un segundo problema, común a ambas protestas: los impuestos sobre los combustibles. En un caso fueron por los impuestos actuales. En el otro, por un impuesto potencial.
Este problema está ligado, también en Argentina, al precio de la nafta en el surtidor. Al igual que en Brasil, también en nuestro país se liberaron los precios del petróleo y de las naftas hace poco más de un año. Igual que en Brasil, tal liberación de precios buscaba incentivar la inversión y crear competencia en el segmento de la comercialización de naftas.
Pero el desmadre macroeconómico no permitió que se vieran los beneficios de la nueva política. La suba del precio internacional del petróleo (26% hasta octubre) y la devaluación del peso hicieron imposible ajustar los precios de acuerdo con las nuevas reglas.
Recién con la caída del precio del petróleo a nivel mundial a partir de octubre (30% en dólares) y la estabilización del tipo de cambio, los precios volvieron a los niveles de competencia. Esto explica en parte por qué las recientes bajas en el precio de las naftas no reflejan la caída del precio del petróleo: las subas anteriores no habían alcanzado a acomodar el precio local al nivel de la paridad de importación.
Pero otra parte de la explicación no tiene que ver con el precio internacional ni con la devaluación, sino con el mismo problema que afecta a Brasil y a Francia: los impuestos. Cerca de 40% del precio de la nafta súper corresponde a impuestos, principalmente el Impuesto a la Transferencia de Combustibles y el IVA.
Datos de la página de Internet de la Secretaría de Energía muestran que el precio promedio por litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires, antes de impuestos, fue de $25,20 en noviembre, y el precio final promedio de $38,30. Si el arbitraje fuera perfecto, podríamos deducir que, al precio promedio por barril (158,99 litros) de US$65,95 para el crudo Brent y con el tipo de cambio promedio de $36,46 por dólar, el productor se llevó el 39% del precio final. Entre los costos de refinación, los estacioneros y los impuestos se llevan el resto.
De esto se deduce que, si el precio del crudo cayera 10%, el precio en el surtidor apenas bajaría 3,9%. Esto es muy distinto a lo que ocurre en los EE.UU., donde los impuestos explican apenas 16% del precio final y las fluctuaciones del precio del crudo son más palpables en el surtidor.
Hay empresas vinculadas con la producción, refinación y comercialización de hidrocarburos que cotizan en Bolsa y cuyos balances son públicos. En ninguna se observa que la escalofriante suba de 68% en el precio de la nafta durante 2018 haya generado márgenes extraordinarios de ganancia.
¿En quién deberíamos enfocar nuestro enojo por las subas de precio? ¿Sobre las petroleras y los estacioneros? ¿O sobre el Gobierno por los impuestos? En Francia y en Brasil parecen saber la respuesta. En esos países, los impuestos a los combustibles apuntan a financiar en el largo plazo una mejora ambiental. Acá, financian gastos corrientes que duelen hoy y en nada mejorarán nuestra condición de vida futura.
