La presentación de los resultados tuvo lugar en una jornada realizada hace varios días, encabezada por el secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos, Mario Kaler, de la cual participaron la representante de OMS/OPS para Argentina, Maureen Birmingham; la secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión Nacional, María Graciela Iglesias; y el director nacional de Salud Mental y Adicciones, Luciano Grasso.
La jornada finalizó con la conferencia magistral de la directora de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora Devora Kestel.
Participaron autoridades nacionales y provinciales, representantes del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y del Órgano de Revisión Nacional, diputados, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, autoridades y trabajadores de instituciones públicas y privadas que trabajan en salud mental, usuarios y familiares.
Los resultados
El relevamiento –que se inscribe dentro de lo establecido en el art. 35 de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657–, se realizó durante el año 2018 y 2019 e incluyó a todas las instituciones públicas y privadas con internación monovalente del país. En total se censaron 162 instituciones, 41 de las cuales pertenecen al sector público.Los principales resultados indican que en nuestro país hay un total de 12.035 personas internadas por motivos de salud mental y la mitad de ellas se encuentran alojadas en instituciones del sector público. El lapso de internación de los pacientes promedia los 8,2 años, siendo de 12,5 años en el sector público y de 4,2 en el sector privado.
En cuanto a las características de la población internada, la media de edad fue de 50 años y el rango fue de 37 a 63 años, registrándose el mínimo de edad en 7 años y el máximo en 96. Mientras que en lo que respecta a la identidad de género: el 49,1% se identificó como masculino; el 45,4% como femenina; el 0,5% intersexual; el 4,7% figura sin dato y un 0,2 se reconoció como trans femenina y trans masculino.
Otros de los aspectos censados fueron la situación económica y de vivienda de las personas internadas. El 68,8% manifestó tener ingresos, aunque el 72% de estas refirió no administrarlos. En tanto, el 58% de las personas internadas dijeron tener vivienda, pero sólo el 74% de estas refirió poder disponer de la misma.
Con respecto a la cobertura de salud, el 21% de la población internada manifestó tener cobertura pública exclusiva. El 53,6 tiene cobertura de obra social; el 12,6% refiere que tiene un plan estatal; el 8% prepaga y el resto tiene alguna tramitación en curso o no refiere datos.
El censo también tuvo un apartado para establecer si las personas internadas tuvieron acceso a distintos canales de comunicación y realización de salidas. En ese sentido, el 41,6% de las personas refirió poder realizar llamadas telefónicas y el 34,1 % no recibió visitas. Aunque el 40,4% de las personas refirió no hacer salidas en el último mes, ya sea solo o acompañado.
Finalmente, el equipo tratante encuestado informó que el 28,5% de las personas internadas firmaron consentimiento informado y sólo el 36,4% de las personas que continúan internadas es por presentar riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
Este relevamiento es el primero realizado en nuestro país y aporta datos fundamentales para establecer lineamientos, planificación de acciones y políticas públicas tendientes al cumplimiento de los derechos de las personas con padecimientos mentales.
En esta oportunidad, el censo permitió contar con información que hasta el momento no se tenía para poder “caracterizar a la población internada y sus condiciones de internación en establecimientos con internación monovalentes del ámbito público y privado de la República Argentina”, señalaron desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.
Cabe señalar que el flamante registro se realizó sobre una población que nunca había sido censada, ya que las personas internadas por motivos de salud mental no están incluidas en el censo nacional de población, lo que convierte a esta acción en un hecho sin precedentes que permite que dicha población ingrese al sistema estadístico, visibilizando de esta manera a personas que durante años permanecieron fuera del sistema.
Características del censo
Para poder realizar el 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación se encargó de la planificación, el diseño de la metodología del instrumento, la implementación y el financiamiento principal del mismo. Mientras que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) brindó apoyo técnico y económico para su realización.Los equipos técnicos de la Secretaría elaboraron un instrumento que contó con los aportes y avales del Órgano de Revisión Nacional de la Ley de Salud Mental, del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones, y de la OPS. La prueba piloto del instrumento se realizó en las provincias de Jujuy y La Rioja.
El censo relevó información relativa a la caracterización de los usuarios y las usuarias; su situación económica, habitacional y cobertura de salud; sobre las salidas y comunicación que realizan; información relativa al consentimiento informado y situación judicial; y también necesidades de las personas, motivos de internación y la duración de la misma.
La información se recabó en 21 jurisdicciones y en esta etapa no se incluyeron las provincias de Santa Cruz; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Formosa por no contar con instituciones monovalentes.
En total se realizaron 181 operativos territoriales de los que participaron más de 750 personas entre trabajadores de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, trabajadores de las jurisdicciones participantes, residentes y voluntarios.
