Por Guillermo Pérez
“La represa de Salto Grande tiene que ser de los entrerrianos”, insistió el gobernador Gustavo Bordet. “La represa de Salto Grande tiene que ser patrimonio de los entrerrianos. No podemos estar pagando la energía eléctrica como la pagamos en Entre Ríos cuando somos generadores y podemos abastecer tres veces el consumo que tenemos en la provincia”, subrayó.
El gobernador de Entre Ríos mezcla en este discurso un sentimiento chauvinista de reivindicación, que suele ser efectivo, con otro mucho más efectivo como es el de la apelación al bolsillo por el costo de la electricidad.
Recordó: “tengo un compromiso con Salto Grande desde el año ‘95, cuando nos movilizamos para reclamar lo que nos correspondía: los excedentes. Yo estaba en el Concejo Deliberante, al pie de la represa, y lo conseguimos. Ahora queda la otra etapa: la represa de Salto Grande tiene que ser patrimonio de los entrerrianos”.
Bordet apeló a “la voluntad política de la Nación y que los legisladores de la oposición, para que acompañen estos pedidos” y recordó que el senador nacional Edgardo Kueider “ha presentado un muy buen proyecto en el Senado con el cual estamos trabajando”.
El proyecto del que habla el gobernador Gustavo Bordet todavía no puede leerse en detalle porque no aparece cargado en el sistema del Senado de la Nación.
Hoy puede leerse en el sistema del Senado el proyecto que presentó en 2017 la senadora Sigrid Kunath que decía “Transfiérese a título gratuito a la provincia de Entre Ríos -ad referéndum de la Legislatura de esa Provincia-el dominio del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la parte que le corresponde a la República Argentina”.
Aquel proyecto, que caducó en febrero del 19 y fue enviado al archivo no decía nada respecto de la fijación de tarifas. Y en ningún caso queda claro para qué quiere “provincializarse” la represa.
En lo que puede leerse por publicaciones periodísticas, Kueider pone como ejemplo el traspaso a Mendoza de la presa Los Nihuiles y la transferencia a Córdoba del complejo Río Grande.
“Siguiendo la línea de experiencias que abonan la pertinencia de este proyecto, el Poder Ejecutivo llevó a cabo el análisis respecto a la posibilidad de privatización del Complejo de Salto Grande; de lo que es posible concluir que la provincialización es también viable y razonable”, arguyó el legislador nacional.
El peronismo enarbola como bandera la supuesta defensa de la represa de Salto Grande del embate privatizador pero no menciona que el gobierno que pretendió supuestamente privatizarla fue un gobierno nacional peronista.
Se olvida además el peronismo, que el peronismo privatizó la empresa de energía provincial EPEER. Que volvió a manos estatales porque los inversores privados la abandonaron probablemente porque el esquema de negocios, con el nivel de distorsiones que provoca el propio estado, lo convierte en un sector desquiciado, que debería tener los más altos niveles de estabilidad porque las inversiones que requiere son gigantescas, independientemente de quién las haga.
Si el sector persiste con ese nivel de desquicio, el único que hará las inversiones es el Estado y los contribuyentes pagarán los enormes sobrecostos de un sistema desquiciado en lugar de uno estable y sustentable. Que quede claro, es indistinto quién hace la inversión. Sólo que cuando las hace el Estado, las paga el conjunto de los contribuyentes.
Nada garantiza que por el hecho de que una empresa esté en manos del Estado, el servicio será más barato o más accesible.
El argumento de que la represa podría abastecer “tres veces el consumo que tenemos en la provincia”, en palabras del gobernador, desconoce el armado del Sistema Argentino de Interconexión que, desde el gobierno de Perón, es un objetivo nacional para armonizar el sistema eléctrico y evitar fallas que se puedan producir como resultado de la conexión de sistemas eléctricos regionales sometidos a diferentes regulaciones.
El Sistema se rige por un Marco Regulatorio (la ley 24065) que estableció entre otras cosas la manera de fijar las tarifas. Es ahí donde debería apuntarse, pero nada se dice al respecto.
La generación de energía, que es el segmento del que participa la represa de Salto Grande en el sistema interconectado con un aporte que ronda del 5% del total nacional, es una parte del costo de la energía. Después le siguen la distribución mayorista y la minorista.
La provincia de Entre Ríos es parte de esas dos etapas de la distribución y sin embargo los entrerrianos no pagan esos segmentos más baratos porque estén en manos estatales.
Por el contrario. En el primero, no solamente se nutre la empresa estatal de las altísimas tarifas de peaje que les cobra a las cooperativas eléctricas que son jugadores más chicos en la distribución minorista sino que además hace trampa valiéndose de su condición de juez y parte.
Por ejemplo, en el caso en el que la Cooperativa Eléctrica de Concordia podría tener su propia línea de alimentación desde el sistema interconectado hacia a la Estación Transformadora (ET) Río Uruguay, ubicada en San Lorenzo y Maipú, y de esa manera evitarse de pagar los millones mensuales que le cobra Enersa, la empresa del Estado entrerriano, por el transporte de la energía desde el anillo de Salto Grande. Más allá de que la distribuidora concordiense esté en condiciones financieras de hacerla o no, el tema ni siquiera fue admitido por el regulador entrerriano (el EPRE Entre Provincial Regulador de la Energía) cuando se lo planteó, por la afectación que tiene sobre los ingresos de la empresa distribuidora del mismo Estado. Por supuesto que no fue ese el argumento, si es que hubo alguno.
De la misma manera, el costo de distribución que fija el mismo Ente Regulador de la Energía para el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el ingreso del que viven las distribuidoras minoristas como Enersa para la ciudad de Paraná y algunos otros lugares de la provincia y las cooperativas eléctricas, tampoco está entre los más baratos del país.
De acuerdo con un informe publicado el año pasado por los consultores Mauricio Roitman (ex presidente del Ente Nacional Regulador del Gas) y Luciano Caratori (ex subsecretario de Planeamiento Energético) la tarifa eléctrica de Entre Ríos es la tercera más caras del país.
Entonces, el precio de la energía (la primera parte del componente de la factura) es uniforme para todo el país. El Valor Agregado de Distribución, la segunda parte, lo define cada provincia y en Entre Ríos impacta especialmente en los ingresos de la empresa de distribución estatal y sin embargo no es de los más baratos del país.
Cuando se realizan las audiencias públicas para definir en Entre Ríos este elemento que es de manejo provincial, al aumento normalmente lo propone la empresa estatal Enersa porque es la que tiene la mayor porción de mercado, y las cooperativas eléctricas acompañan.
En el momento en que el Estado entrerriano podría hacer uso de su margen de maniobra porque la empresa es estatal y achicar el impacto de ese elemento en la factura no lo usa.
El costo de distribución según este informe en Entre Ríos es del 38%. En la ciudad de Buenos Aires el 26%. En la provincia responden que eso está relacionado con la concentración de los clientes en uno y otro distrito. En La Rioja es del 24%. El de Entre Ríos está ubicado en el promedio nacional, no es de los más altos ni los más bajos, pero es el resorte que podría usar la provincia y no lo usa.
La madre del borrego
A la hora de engrosar las facturas, los impuestos se llevan todos los aplausos.Hubo dos anuncios: el de la provincia de eliminar “hasta fin de año” el componente tributario de la factura de luz. El propio gobernador Gustavo Bordet había dicho en 2018 que “en Entre Ríos no se cobran impuestos con la factura de la luz”. Que de lo que se trata es del “Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos” creado por la célebre Ley 8916 de 1995 que creó el Marco Regulatorio Eléctrico provincial cuando la provincia estaba en la cresta de la ola privatizadora.
El otro anuncio es el del intendente Enrique Cresto de que se reducirá la tasa de alumbrado público para el comercio.
Ninguna de las dos jurisdicciones cerró grandes grifos con las medidas.
En el caso de la provincia, se trata de recursos con afectación específica que en palabras del gobernador será reemplazado “por recursos del Tesoro provincial a los que podemos acudir gracias al orden de las cuentas públicas entrerrianas”.
La medida aun no fue publicada en el Boletín Oficial y su carácter transitorio hace que en todo caso sea un problema para el próximo gobernador. De última, que esperen las inversiones en materia energética hasta que mejoren las cosas. Las obras encaradas con recursos provinciales no son una característica de Entre Ríos debido a que la mayor parte de sus ingresos, tanto nacionales (su mayor ingreso) como propios, son destinados al pago de sueldos y jubilaciones.
En el caso de la Municipalidad se trata de una reducción parcial (del 50%) para el Comercio.
Pero los grandes impuestos siguen ahí: la mayor parte de la torta tributaria se la lleva el Estado nacional con el IVA de 21% para consumidores finales y de 27% para responsables inscriptos.
La provincia, ya lo dijo, no le cobraba impuestos a la energía o sea que no dejará de cobrar lo que no cobraba. Pero sí seguirá recibiendo su parte del IVA que se coparticipa en un 89%.
El gran ingreso de las municipalidades sigue intacto. Es la “Contribución Única Municipal” que con un 8,69% vino a reemplazar a las tasas municipales para darle uniformidad en todo el territorio provincial. Su creación dice: “es una contribución que los entes prestatarios de energía eléctrica, como agentes de percepción, deben abonar a los Municipios en cuya jurisdicción se preste el servicio público, en sustitución de los tributos municipales”.
Como no es un impuesto sino una retribución de los entes prestatarios a las Municipalidades, conforma la base sobre la que se calculan los tributos. Entonces se paga IVA sobre la contribución a la Municipalidad.
Y después de eso viene el Alumbrado Público, que con una tasa del 15% carga todas las facturas independientemente de si se trata de una casa de 25 metros de frente que realmente requiere del alumbrado, de un edificio de propiedad horizontal o una empresa con alto consumo ubicada en un suburbio donde la iluminación de la calle es pobrísima pero como consume mucha electricidad para su funcionamiento, paga como si tuviera una excelente iluminación.
Todos estos conceptos, antes de la eliminación del 13% del Fondo Energético Provincial, dejaban a Entre Ríos en el peor lugar entre los cobradores de impuestos con un 36% de participación tributaria en la factura. La modificación anunciada manda a Entre Ríos al medio de la tabla, ningún podio.
Todos estos conceptos conforman una bolsa de recursos que el Estado necesita imperiosamente para atender el gasto público.
En un año en que los ingresos públicos van a caer pesadamente por efecto de la sequía, si se achica aún más el ingreso cualquier jurisdicción terminará sufriendo los efectos.
Este repaso permite ver que la conformación de la tarifa es especialmente una cuestión de caja de la que ningún nivel del Estado puede sustraerse porque sufrirá los efectos.
El hecho de que la represa de Salto Grande sea propiedad del Estado entrerriano poco puede alterar este esquema.
No aparece en esta discusión ni la conformación de las tarifas ni el Marco Regulatorio para garantizar un sistema eléctrico mejor, más confiable, más estable y más accesible.
Peor aún. Si se insiste en seguir poniendo parches como la ley de zonas frías, la liga del aire acondicionado y el festival de subsidios, el sistema va a empezar a crujir por todos lados.
Hasta ahora ha respondido más o menos bien para un país que no despegó, pero que si empezara a crecer de verdad en materia industrial, va a ir de colapso en colapso.
Hay un Marco Regulatorio Nacional que funcionó para una época y un paradigma. No se ve en esta discusión a alguien interesado en alterarlo. Si no en atacar la emergencia de que la factura de la luz aumentó un 200% en tres años. En el mismo período la inflación estuvo en torno de 190% y los salarios, por lo menos los del sector público, acompañaron.
De fondo subyacen el deterioro del poder adquisitivo, la falta de inversiones, el gasto público, la imposibilidad de atraer a inversores y la incapacidad para generar un ambiente de desarrollo.
