De esto se desprende que las provincias no han cumplido sus compromisos con el Estado nacional o lo han hecho de manera irregular o insuficiente. Quizá hayan tenido la mejor disposición, pero todas enfrentan problemas financieros.
Queda claro que el anunciado esta semana no es el primer acuerdo. El original data de mayo de 2010. Con motivo de los festejos del bicentenario el gobierno se propuso entonces ordenar su relación financiera con las provincias y armó un programa de desendeudamiento, que en verdad fue de refinanciación, porque la deuda no se modificó.
De todos modos aquel plan resultaba muy cómodo, pues se extendía hasta 2030 al 6% de interés anual con dos años de gracia. A fines de 2011 se firmó un segundo acuerdo, que prorrogó el anterior a los efectos del plazo de gracia trasladando la primera cuota a enero de 2014.
En vísperas de este vencimiento estallaron las crisis provinciales a partir de las rebeliones policiales y las consiguientes exigencias de otros sectores del estado. Se firmó entonces a fines de diciembre último un tercer acuerdo que fue de unificación de deudas porque se le agregaron otros rubros. A partir de entonces se pagarían 200 cuotas desde abril de 2014.
Tampoco se pagó nada. Hasta ahora el acuerdo de hace cuatro años ha sido pura conversación, a tal punto que el anuncio del lunes admite esta situación, repite el compromiso de las 200 cuotas y el interés del 6%, pero ahora a partir de junio próximo.
Provincias en dificultades
Todo esto confirma que las provincias tienen dificultades financieras muy serias, imposibles de sobrellevar sin auxilio de la Nación. Es una debilidad que deriva en un sometimiento. La patria federal y artiguista que queremos casi todos, reposa en un cuadro.
El anterior convenio de diciembre comprendía -y nada se dijo- el control del gasto público. Las provincias se comprometieron entonces a reducir sus gastos, para lo cual aceptaron ser controladas por el Estado nacional.
Se acordó un programa trimestral de metas específicas a cumplir por cada provincia, monitoreado por el poder central mediante auditorías. La planta de personal y los gastos salariales aparecen como los motivos centrales de ese control, que también comprende otras erogaciones.
En aquella oportunidad el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, explicó al periodismo que el monitoreo permitirá contar con un sistema de información y gestión financiera de las provincias. Sin dudas se ha implementado un nuevo mecanismo de supervisión política, según lo estimaron algunos observadores.
El nuevo convenio anunciado el lunes último confirmó esa tendencia al disponer que las provincias informen sobre las leyes, regímenes, programas, líneas de crédito, centros de asistencia técnica, proyectos y planes estratégicos de gestión estatal. Los informes a la Nación comprenderán también las políticas de seguridad pública provincial.
Una distribución justa
Detrás de esto aparece una cuestión central que se disimula o se oculta: la coparticipación. Si se respetara íntegramente la ley, si quienes deben hacerlo exigieran su estricto cumplimiento, es probable que estos problemas financieros provinciales no existieran o fueran menores.
La coparticipación que la Nación debe aportar a las provincias es el 54% de los impuestos nacionales (ley 23.548). El año pasado distribuyó algo más del 26%, es decir menos de la mitad. Se han registrado otras contribuciones a través de aportes, subsidios, obras o como gusten denominarlos, pero tienen esencia centralista y arbitraria.
La coparticipación es federal. Refleja el derecho de los estados provinciales de percibir una parte de los impuestos nacionales sobre actividades que se desarrollan en su territorio provincial y disponer de esos fondos según cada provincia lo determine institucionalmente.
Esto es lo que no entiende el gobierno nacional. Tampoco varios gobernadores que prefieren aplaudir antes que reclamar lo que corresponde a sus comunidades.
Nada se sabe con certeza acerca del monto total de las deudas provinciales. Ultimos cálculos de esta semana las sitúan en 65.000 millones de pesos. Si así fuera, la cifra no sería muy distinta de la que el Estado nacional les ha escamoteado a las provincias durante 21 años y medio, desde octubre de 1992, cuando Menem y Cavallo, con el consentimiento de los gobernadores, dispusieron destinar el 15% de la coparticipación para atender el déficit del sistema previsional estatal, afectado por la creación de las Afjp y las jubilaciones privadas..
El sistema se reestatizó a fines de noviembre de 2008. Las Afjp desaparecieron. La Anses recuperó su poderío. Pero las provincias han seguido aportando el 15%. Lo más grave es que la Presidenta, a fines de 2011, por decreto de necesidad y urgencia prorrogó esa quita hasta el final de su mandato en 2015.
Tan grave es esto como la desobediencia a la Constitución Nacional de 1994, una de cuyas cláusulas transitorias abre un plazo de dos años para implementar una nueva ley de coparticipación. Y estamos como entonces. O peor. Con provincias débiles y sometidas.
