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Se trata de una sociedad que en el año 2017 suscribió un contrato con la Municipalidad de Luque, una ciudad ubicada en Paraguay al noreste de Asunción, con el objeto de llevar a cabo el servicio de modernización de la gestión tributaria y catastral de aquella municipalidad. El contrato tenía una vigencia de 25 años, y por la labor encomendada, la sociedad cobraría un precio equivalente al 26 por ciento de lo recaudado por esa municipalidad en concepto de toda clase de tributos.

Dicho de otra manera, todo llevaba a pensar que Relevamientos Catastrales S.A. había conseguido “atar la vaca”. Pero al parecer “la vaca fue desatada” por la junta municipal de esa ciudad, la que rescindió el contrato suscripto por el intendente. Aunque entre los loqueños o luquenses opinan que la vaca no fue desatada totalmente, ya que al menos muchos de ellos sostienen que, en realidad, se trataría de una maniobra que involucraría al alcalde y los integrantes de la junta, oficialistas y opositores, por la que la sociedad con la que la municipalidad había firmado el contrato rescindido, presentaría una demanda judicial reclamando el pago de una suma equivalente a un millón de dólares, importe que una vez reconocido por una previsible sentencia, sería repartido en proporciones que se mantendrían en secreto entre la empresa contratista damnificada, el intendente y miembros de la junta municipal de esa ciudad, frente a la mirada más resignada que asombrada de los vecinos.

Se nos preguntará, y consideramos que la pregunta es válida en cuanto pertinente, qué tenemos que ver los colonenses, y ampliando el espectro los entrerrianos, con lo que aparece como una maquinación no solo exorbitante desde el vamos sino también maligna que afecta a los vecinos de una ciudad hasta este momento de ignota existencia.

Pero si es válida y pertinente la pregunta, la vinculación con nosotros es consecuencia de circunstancias que son de nuestro interés, y que como tales son merecedoras de nuestra atención.

La primera de ellas reside en la información que recoge el medio paranaense Análisis Digital, según el cual, el “dueño” de esa sociedad anónima es un “empresario amigo y socio de la familia Urribarri (quien) sigue haciendo de las suyas en Paraguay”. Y a ese respecto, en ese sitio se señala que “cabe recordar que a aquel se lo vinculó con la familia del exgobernador, cuando la Revista Análisis publicó una serie de negociados en común que tenían con al menos diez empresas que, en su mayoría, tienen el mismo domicilio: Avenida Córdoba 1184, piso 4, en Capital Federal, y se dedican a tareas de consultoría”.

La segunda es que -hace de esto muchos años- en la columna dominical “Temas institucionales” que se publica regularmente, denunciamos una maniobra de parecidas características que otra empresa había ido llevando a cabo con diversas municipalidades de la provincia, incluyendo la de Colón.

Sería interesante establecer una hipotética relación entre la empresa que se movió entre nosotros con la buena voluntad de la autoridades municipales de ese momento, y la que ahora al parecer se ocupa de depredar a desconocidos hermanos paraguayos, porque -como es sabido- la corrupción no sabe de fronteras.

Al mismo tiempo, cabe hacer notar el silencio que tanto las autoridades municipales, incluyendo los integrantes del Concejo Deliberante, guardaron frente a esa nota, algo que no tiene otra explicación que la opacidad habitual de los actos de la administración municipal y la indiferencia de la justicia frente a todo lo que no sean ladrones de gallinas, zapatillas, o hechos de parecida laya.
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)

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