El pasado lunes la localidad santacruceña de Río Turbio vivió otro anuncio de que las cosas en el lugar se pueden poner peor, y adquirir una potencialidad que puede extenderse más allá de su lejano territorio.
A lo que se agrega el hecho, también preocupante, de que la información que dan cuenta acerca de lo ocurrido en los medios sociales es escasa y fragmentaria –en los casos que los mismos lo hayan siquiera mencionado- como si se tratara sino de un tema de censura o autocensura, de una situación que exige una prudencia extrema en su tratamiento, dado lo cual se opta por esa reticencia.
Es que indudablemente ha tenido una repercusión pública mayor el escándalo provocado por una de las cenas televisivas de Mirtha Legrand, en la que uno de sus asistentes confesó ser una “espiadora profesional”, circunstancia que acompañó con el involucramiento impreciso de periodistas en los escándalos de pedofilia. Ni hablar de la atención que se dio a la reacción de Lilita Carrió, por sentirse tocada por la información conocida respecto a su “dieta-pasaje”. O del interés morboso que acompaña al destape del escándalo de pedófilos en el deporte.
Entre los hechos a los que nos referimos –en realidad se trata de varios más de parecida factura- se encuentra la agresión destructiva que sufrió la vivienda del actual interventor de la empresa que gestiona – es una manera de decir – los yacimientos carboníferos de Rio Turbio, unida a una agresión con daños no precisados en la casa de su padre.
Todo ello acompañado con el secuestro de un número impreciso – existen quienes habla de seis y otros de cuatro- de funcionarios de la empresa, quienes cabe suponer asumirían la condición de rehenes hasta que se cumplan determinadas exigencias. A ello se agrega la pasividad de la policía provincial frente a lo ocurrido, y las dificultades, no explicadas de la Gendarmería Nacional para poner las cosas en su lugar. En suma se sabe poco de lo que ocurrió, y nada de la manera en que terminó.
Lo que sí es conocida es la situación que, al margen de los hechos delictivos que se salen preocupantemente de la raya como es el caso de los relatados y ocultados, viven los habitantes de esa ciudad. Como se sabe se trata de una “ciudad factoría”, lo que significa que su subsistencia depende del funcionamiento de una única empresa que en este caso, cuando lo ha hecho, ha trabajado de a ratos y a los empujones, a costa de un déficit financiero que no ha cesado de crecer, y que tenemos que pagar entre todos los otros habitantes del país.
Una situación que comenzó a dar muestras de un ruinoso estado de cosas, con el derrumbe con una lamentable, numerosa y por ende costosa pérdida de vidas humanas, de uno de los túneles de la mina. A lo que siguió el lanzamiento de un proyecto faraónico, el que sirvió, hasta ahora al menos, sobre todo para que algunos funcionarios de todos los niveles gubernamentales y empresarios de la construcción -es preciso no olvidarse de estos últimos cuando se habla de la estafa generalizada que hemos sufrido- pudieran llenarse los bolsillos.
El plan aludido –tal como con anterioridad hemos tenido ocasión de señalarlo- incluía la puesta en marcha de los yacimientos y el funcionamiento a pleno de su capacidad extractiva, lo que no ocurrió por esa mezcla de ineptitud, negligencia y latrocinio que caracterizó a la anterior gestión Algo similar a lo que ocurrió con la construcción de una central termoeléctrica que se concibió para ser alimentada con el carbón extraído de la mina, en cantidades necesarias para asegura su funcionamiento; central que en un momento dado se adaptó con el objeto que alternativamente pudiera serlo con gas natural, anticipándose así al fiasco de la actividad minera.
Omitimos entrar en la descripción de otras torpezas y tropelías, pero no está demás señalar que el personal de la planta, incluyendo los dirigentes sindicales, contaban con remuneraciones y condiciones de convenio que harían morir de envidia, de conocerlos, a los trabajadores de otras actividades.
Debe aclararse que a estar a las declaraciones oficiales, la intención no es cerrar la empresa, sino llevar a cabo las tareas de saneamiento en todos los órdenes –incluyendo obviamente a las remuneraciones- de manera de transformar este otro gran monumento a la corrupción en un emprendimiento sostenible, tanto financieramente como en el tiempo.
Eso es lo que parece no comprender la mayoría de los habitantes de la localidad, acostumbrados a vivir dentro de una burbuja, que ellos se auto-convencieron a lo largo de los años que nunca se iba a llegar a romper.
Estado de cosas que es aprovechado por agitadores para complicar las cosas, ya que no pasa por su cabeza la necesidad de encontrarle una salida que contemple y no se desentienda de la situación de los habitantes del lugar. Y eso es precisamente lo que puede llevar al agravamiento de una situación que puede llegar a volverse a la vez inmanejable y extenderse, si atendemos a la actitud que frente a circunstancias de esta índole adopta el gobierno provincial; circunstancias que resultarían, si el nuestro fuera un país normal, suficientes para decretar la intervención federal en la austral provincia, algo que, el solo pensarlo, es para muchos más que una provocación, una profanación.
Todo lo cual lleva a la necesidad de que el gobierno nacional con el apoyo y colaboración de entidades y organizaciones diversas de la asociación civil –con el gobierno de esa provincia tal como lo hemos indicado no se puede contar- lleven una acción encaminada a concientizar a la población acerca de cuál llegaría a ser, no ya el futuro de la empresa sino de la ciudad misma, de no tomarse las medidas de racionalización indispensables –en cuya elaboración sería aconsejable que se den las más amplias explicaciones a la población y la vez que se demuestre ser permeable a sus propuestas razonables- para poner en marcha la empresa, y prestar auxilio a los vecinos durante el periodo indispensable de transición.
Algo que escribimos con el conocimiento y sentimiento que nos ha provocado el vivir, hasta cierto punto al menos, situaciones similares en carne propia, en casos como los de Liebig, Santa Elena y Vizental.
